Por Carolyn Jones. CalMatters.
Desde que California facilitó a las víctimas de abuso sexual demandar a las agencias gubernamentales, las víctimas han presentado demandas por más de 3 mil millones de dólares. Pero incluso las agencias que no han sido demandadas enfrentan dificultades financieras como resultado de la ley, debido al aumento desorbitado de las primas de seguros.
Los distritos escolares, condados y otras agencias públicas en todos los rincones de California han visto dispararse sus primas de seguro de responsabilidad civil, en gran parte debido a esa ley, que se aprobó en 2019. Algunos distritos han visto aumentar sus costos de seguro anuales en $1 millón o más.
Para pagar las primas, las escuelas han tenido que dejar vacantes de docentes sin cubrir, cancelar proyectos de renovación y realizar otros recortes que afectan a los estudiantes. Los condados han recortado gastos en seguridad pública, carreteras, atención médica y servicios sociales.
“Se ha vuelto inmanejable”, dijo Dorothy Johnson, defensora legislativa de la Asociación de Administradores Escolares de California. “Necesitamos con urgencia medidas de contención, o la situación se agravará”.
Los distritos escolares y otras agencias públicas están rogando a la Legislatura que intervenga limitando los acuerdos, de forma similar a como se limitan los acuerdos por negligencia médica. Esto también podría incluir la limitación de los honorarios de los abogados, que pueden superar el 40 por ciento.
Las agencias no cuentan con seguros privados tradicionales. Algunas de las más grandes están auto aseguradas, pero la mayoría pertenece a fondos de riesgo compuestos por varias docenas de otras agencias. Por lo tanto, cuando una agencia enfrenta una indemnización cuantiosa, las primas aumentan para todos.
En las escuelas, la ley ha tenido un impacto directo en el aprendizaje de los estudiantes, según una investigación de la Asociación de Autoridades de Poderes Conjuntos de California, que representa a los grupos de riesgo de las agencias públicas.
Un año después de que el distrito escolar promedio pagara un acuerdo de $1 millón o más, el número de estudiantes que cumplían con el estándar estatal de matemáticas disminuyó 3.7 puntos porcentuales, y el número de estudiantes que cumplían con el estándar de lectura disminuyó 3.4 puntos porcentuales, según la investigación del grupo.
La razón, según el estudio, es que esas escuelas tuvieron que recortar tutorías, programas extraescolares, excursiones y otras ofertas destinadas a ayudar a los estudiantes a mantenerse motivados en la escuela.
Estas cifras contrastan con los puntajes estatales, que en general han ido aumentando desde que terminó la pandemia.
“Las aulas se están viendo afectadas porque se están sacando fondos del sistema educativo”, dijo Faith Borges, defensora legislativa de la Asociación de Autoridades de Poderes Conjuntos de California. “No creo que se comprenda que estos fondos provienen realmente del dinero de los contribuyentes. Necesitamos tener una conversación informada sobre el origen de este dinero”.
No se vislumbra un final. La ley permite a las sobrevivientes demandar dentro de los cinco años siguientes a recordar que fueron abusadas, a perpetuidad.
Las agencias públicas rara vez impugnan las reclamaciones de los demandantes. La razón principal es la terrible naturaleza de los incidentes; generalmente, creen que las víctimas deben ser indemnizadas.
Otra razón es la falta de pruebas, especialmente en casos con más de 20 o 30 años de antigüedad. En estos casos, el agresor y otros miembros del personal escolar suelen haber fallecido hace mucho tiempo, y las escuelas no suelen tener documentación que se remonte a ese tiempo. A menudo, ni siquiera saben quién era su aseguradora.
Seguro financiado por los contribuyentes
Para la mayoría de las agencias públicas, el monto de los acuerdos es el principal problema. Muchos superan los 10 millones de dólares. El Distrito Unificado de Los Ángeles, el más grande del estado, emitió recientemente 500 millones de dólares en bonos para resolver casos. El Condado de Los Ángeles acordó pagar 4 mil millones de dólares para resolver más de 6 mil 800 reclamos. Los pagos de los acuerdos son realizados por los contribuyentes mediante una combinación de fondos generales de la agencia, reservas y seguros.
La ley AB 218, que redujo los obstáculos para que las víctimas de abuso sexual pudieran demandar, pretendía brindar cierto grado de justicia a las víctimas. En algunos casos, el personal escolar había abusado de estudiantes durante años, incluso después de que los administradores se enteraran. Los incidentes van desde comentarios inapropiados hasta violaciones. Un informe de 2004 del Departamento de Educación de EE. UU. estimó que uno de cada diez estudiantes en todo el país había sufrido mala conducta por parte del personal escolar.
Para aumentar la rendición de cuentas en las escuelas, California aprobó en octubre otro proyecto de ley que exige a las escuelas capacitar al personal y al alumnado en la prevención de la conducta sexual inapropiada. La ley, SB 848, también exige que el estado cree una base de datos de empleados escolares que hayan sido acusados de abuso con fundamento, con el fin de evitar que los abusadores sean recontratados en otros centros y sigan perjudicando a los niños.
“Hacer lo mejor que podemos”
El Distrito Unificado Sierra Sands es un distrito de tamaño mediano en Ridgecrest, en el desierto alto, a unas dos horas al este de Bakersfield. Se encuentra en un entorno remoto y hostil: los meses de verano superan los 38 °C casi todos los días, y las temperaturas invernales suelen caer por debajo del punto de congelación. La lluvia es escasa y las tormentas de polvo frecuentes.
Estas condiciones afectan gravemente las instalaciones escolares. El sol implacable degrada todo lo que hay al aire libre, incluyendo la cubierta vegetal y los juegos infantiles. El personal de mantenimiento retira los trozos de barras de mono y toboganes a medida que se dañan, dejando los juegos, cada vez más pequeños, sobre la tierra compactada, explicó la superintendente April Moore.
El distrito planeó reemplazar las estructuras de juego de su escuela primaria el año pasado, pero tuvo que recortar ese plan debido al aumento vertiginoso de las primas de seguro. En los últimos tres años, el costo total anual del seguro del distrito ha aumentado 500 mil dólares al año, alcanzando casi 1.2 millones de dólares anuales. El presupuesto anual del distrito es de $80 millones, de los cuales casi el 90 por ciento se destina a salarios. Esto no deja mucho dinero extra para cubrir gastos como reparaciones.
Como resultado, el distrito solo pudo reemplazar dos de las siete estructuras de juego de la escuela primaria. También tuvo que limitar los aumentos salariales para el personal, lo que Moore teme que obstaculice la capacidad del distrito para atraer y retener maestros, una tarea ya difícil en una zona tan remota.
Los recortes han afectado duramente la moral de toda la comunidad, dijo Moore.
“No quiero que nuestro personal se sienta como si se hubiera conformado quedándose aquí, o como si estuviera estancado. Quiero que se sientan valorados y respetados”, dijo Moore. “En nuestra zona remota, nuestros estudiantes, personal y familias son todos uno. Para mí, esto es una sola conversación. Todos nos vemos afectados”.
Moore dijo que a menudo se preocupa por el futuro. Es seguro que las primas de seguro del distrito seguirán aumentando, lo que dificulta la planificación.
“Tenemos que presupuestar estas incógnitas… A veces me siento impotente”, dijo Moore. “Y esto está afectando a los jóvenes de hoy”.
¿Lograr un equilibrio?
Las escuelas y otras agencias públicas han presionado para reformar las leyes que rigen las demandas por abuso sexual. Hasta ahora, no han logrado nada.
Un proyecto de ley presentado el año pasado por el senador John Laird, demócrata de Santa Cruz, habría frenado los acuerdos creando un plazo de prescripción, pero el proyecto de ley fracasó en medio de una vehemente oposición de los abogados litigantes.
El presidente de la Asamblea, el demócrata Robert Rivas, ha pedido a varios legisladores que “exploren soluciones que logren el equilibrio adecuado en este tema crítico: garantizar un acceso significativo a la justicia para todos los sobrevivientes, al tiempo que se protege a las escuelas y ciudades de las consecuencias financieras que podrían llevar a la pérdida o reducción de servicios”, según el portavoz de Rivas, Nick Miller.
“(Rivas) tiene una larga trayectoria defendiendo y apoyando a sobrevivientes, y siempre ha sido un firme defensor de los sobrevivientes de agresión sexual infantil”, dijo Miller. “Estudiaremos detenidamente cualquier propuesta que se presente este año legislativo”.
Los abogados litigantes han defendido con firmeza la AB 218. El año pasado, cuando los legisladores consideraban limitar la ley, un bufete del condado de Orange compró anuncios en redes sociales con una gran foto de Rivas y el lema: “PAREN la Ley de Protección contra Depredadores. Apoyen a las Víctimas Infantiles”. El proyecto de ley fracasó.
John Manly, socio de la empresa que compró los anuncios, dijo que no piensa dar marcha atrás.
“¿Qué clase de político idiota va a presentar una ley que protege a gente como Epstein? Es radiactiva”, dijo Manly. “Cualquier intento de limitar estas demandas es un intento cínico, repugnante y desacertado de ocultar al público la verdadera magnitud de este problema”.
El bufete de Manly ha representado a miles de víctimas que afirman haber sufrido abusos en las escuelas públicas de California, afirmó. Cree que las denuncias de dificultades económicas de las escuelas son una estafa, y que los políticos que buscan limitar los acuerdos están, en esencia, habilitando a los depredadores infantiles.
“Los niños que han sido abusados sufren un golpe de por vida. ¿Y vamos a limitar los acuerdos? ¿Algún político…?
“Quien intente hacer eso lo perseguiremos hasta los confines de la tierra”, dijo Manly.
“Sin voz, no hay poder”
Nancy, una mujer que demandó al Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles en 2020 tras denunciar abusos en la secundaria y preparatoria, afirmó que el dinero no fue su principal motivación para presentar la demanda. Se trataba más de empoderamiento y de buscar cambios en el sistema, explicó.
“Sentí que no tenía voz ni poder”, dijo Nancy, quien pidió que no se usara su apellido para proteger su privacidad. “Quiero ver cambios en las políticas. Desafortunadamente, el dinero atrae la atención de la gente”.
Nancy estaba en la secundaria a principios de los 90 cuando su profesor de matemáticas empezó a hacerle cumplidos como “Eres atractiva, tanto intelectual como físicamente” y “Me gustas”, dijo Nancy. Esa atención la hacía sentir especial, y pronto desarrolló una amistad con él. Al final del curso escolar, la relación se había vuelto física, comentó.
En su tercer año de preparatoria, un profesor de música mostró un interés similar por ella. Debido a su experiencia previa, era especialmente vulnerable a su atención, dijo.
No le contó a casi nadie ninguna de sus experiencias y las olvidó por años. A los 30, empezó a hablar de ello con un terapeuta y pasó años intentando superar la vergüenza y la culpa que sentía, comentó. Finalmente, se sintió lo suficientemente segura como para presentar una denuncia policial. Un año después, presentó una demanda civil contra el distrito escolar.
En total, el Distrito Unificado de Los Ángeles ha enfrentado alrededor de 370 denuncias de abuso desde que se aprobó la AB 218. Los antiguos profesores de matemáticas y música de Nancy ya no trabajan para el distrito, afirmó.
“Espero que todos sepan que detrás de cada pago hay una persona, alguien que sufrió daños en su infancia”, dijo Nancy, quien ahora trabaja como maestra de educación especial. “Hay un alma detrás de cada historia”.
Dificultades para los condados
En Napa, se espera que las primas de seguros asciendan a 20 millones de dólares anuales en los próximos años, según el director ejecutivo del condado, Ryan Alsop. Los incendios forestales y otros factores también han contribuido al aumento, pero las denuncias por abuso también han sido un factor significativo, añadió Alsop. El condado tendrá que encontrar espacio en su fondo general de 400 millones de dólares para cubrirlo, lo que probablemente supondrá recortes en más servicios.
Existe una preocupación adicional, dijo, porque los recortes del presidente Donald Trump a Medicaid y la asistencia alimentaria pronto impondrán nuevas exigencias a los condados para cubrir las deficiencias. A nivel estatal, los condados tendrán que aportar 9.5 mil millones de dólares adicionales al año para compensar el déficit de fondos federales, según la Asociación de Condados del Estado de California.
“Es un problema real, no solo para Napa, sino para todos los condados”, dijo Alsop. “Obviamente, las víctimas merecen justicia, pero las consecuencias de la AB 218 son reales”.
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