Una encuesta realizada por Goodwin Simon Strategic Research reveló un rechazo creciente entre los votantes de California hacia las deportaciones masivas impulsadas por la administración Trump, así como un amplio apoyo a fortalecer las protecciones de debido proceso para todas las personas, sin importar su estatus migratorio.
El sondeo, que consultó a mil 213 votantes registrados, evaluó percepciones sobre deportaciones, acciones recientes de ICE y las políticas santuario del estado.
Los resultados muestran que los californianos priorizan la dignidad, el trato equitativo y la revisión judicial antes de una expulsión, incluso en casos que involucran antecedentes penales ya cumplidos.
Según la encuesta, 70 por ciento de los votantes cree que una persona inmigrante que ya cumplió su condena debe tener derecho a que un juez revise su caso antes de una posible deportación. Solo dos de cada diez votantes apoyan una expulsión automática. Tras escuchar mensajes a favor y en contra, el apoyo al debido proceso aumentó a 74 por ciento, reforzando esta tendencia.
Los mayores incrementos se registraron entre votantes de la Costa Central y mujeres republicanas, con un alza de nueve puntos porcentuales. El respaldo final varió del 82 por ciento en la Costa Central al 67 por ciento en el Valle Central, lo que evidencia consenso amplio entre regiones y partidos.
La encuesta también analizó once mensajes proinmigrantes, todos con alto rendimiento. Los más efectivos apelaron al debido proceso, la igualdad ante la ley y el uso responsable de los recursos públicos, priorizando vivienda, salud y educación por encima de acciones que benefician a corporaciones carcelarias privadas.
Un 69 por ciento de los votantes coincidió en que incluso quienes tienen antecedentes merecen la oportunidad de exponer su caso ante un juez antes de ser enviados a un país que ya no consideran hogar, mientras que 66 por ciento apoyó mensajes críticos hacia ICE y el desvío de fondos hacia operativos que, según los encuestados, no fortalecen a las comunidades.
El apoyo a fortalecer las políticas santuario también fue significativo luego de que 61 por ciento considera que las autoridades estatales deben impedir que las prisiones transfieran personas a ICE sin una orden judicial. De igual forma, 62 por ciento sostiene que deben cerrarse vacíos legales que permiten a policías locales actuar como agentes de deportación.
En conjunto, 68 por ciento de los votantes respalda una visión de California en la que no haya entregas automáticas a ICE, se limiten las colaboraciones con autoridades federales y se garantice trato humano y debido proceso para quienes viven en el estado.
El estudio también exploró el impacto de narrativas personales. Historias de personas deportadas tras cumplir décadas en prisión —pese a su rehabilitación y contribuciones comunitarias— resultaron convincentes para 80 por ciento del electorado, incluyendo mayorías de demócratas, independientes y republicanos. Los testimonios llevaron a muchos votantes a cuestionar lo que consideran una “doble condena”.
En las respuestas abiertas, los votantes subrayaron la importancia de la justicia y la igualdad ante la ley: “Todos tienen los mismos derechos, incluso las personas indocumentadas”, señaló un encuestado. Otro afirmó: “Estamos destruyendo los fundamentos del país si negamos el debido proceso”.
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