En pleno año electoral, expertos en derecho constitucional y líderes de derechos civiles advirtieron que el gobierno federal está impulsando acciones “altamente inusuales” que buscan ampliar su control sobre el proceso electoral en Estados Unidos, en lo que calificaron como un desafío directo al diseño constitucional que reserva esa facultad a los estados.
Durante una sesión con medios organizada por American Community Media (ACoM), los panelistas señalaron que la exigencia del Departamento de Justicia para obtener padrones completos y otros registros sensibles de casi todos los estados —y las demandas contra más de 20 por negarse— no es un asunto administrativo, sino una disputa estructural sobre quién controla las elecciones en el país.
Justin Levitt, profesor de derecho en Loyola Law School y exasesor senior de la Casa Blanca en democracia y derechos de voto, afirmó que el presidente está intentando “proyectar poder que no tiene”. En materia electoral, subrayó, “no está a cargo” y “no tiene la mano en el interruptor”.
Levitt sostuvo que, a diferencia de otras áreas donde el Ejecutivo concentra facultades operativas, las elecciones están en manos de autoridades estatales y locales. “Los funcionarios estatales y locales son quienes controlan las elecciones estadounidenses”, recalcó.
Sobre el operativo federal en Georgia donde fueron incautadas boletas de 2020, lo calificó como “muy extraño”, “altamente irregular” y “profundamente perturbador”, al tiempo que recordó que “no podrían procesar nada” relacionado con esa elección, lo que, a su juicio, sugiere que parte de estas acciones buscan “alimentar la narrativa” y “avivar teorías de conspiración” sobre un fraude que “no existe”.
Danielle Lang, vicepresidenta de Derechos de Voto en Campaign Legal Center, fue categórica: “El presidente no tiene poder constitucional para fijar reglas electorales”. Explicó que los tribunales han reiterado que la autoridad para establecer normas recae en los estados y, en su caso, en el Congreso.
Lang señaló que varias órdenes ejecutivas han sido bloqueadas por cortes federales y que, hasta ahora, “los tribunales están reconociendo los límites al poder ejecutivo en esta área”. Añadió que no existe “una vía legal” para que la Corte Suprema entregue al presidente el control de las elecciones.
No obstante, advirtió que el debate también se traslada al Congreso, donde avanzan propuestas como la SAVE Act y otras iniciativas que exigirían prueba documental de ciudadanía para registrarse. Aunque algunas permanecen estancadas, advirtió que serían “peligrosas si se aprueban”.
Andrea Senteno, consejera regional de Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF), alertó que esos proyectos “hacen mucho más difícil registrarse y votar” y generan “confusión, miedo y desconfianza” entre electores elegibles. Señaló que los documentos exigidos —actas de nacimiento, certificados de naturalización o pasaportes— “son difíciles de obtener” y su acceso “es desigual entre grupos raciales y étnicos”.
A su juicio, el efecto previsible sería un impacto desproporcionado en votantes latinos y comunidades de color, además de un “riesgo muy real de acoso e intimidación” hacia ciudadanos que “no parecen” ser votantes elegibles por su origen étnico o dominio del idioma.
John C. Yang, presidente de Asian Americans Advancing Justice, recordó que el derecho al voto “no es un privilegio, es un derecho”. Señaló que la desinformación difundida en redes sociales puede desalentar la participación si no se corrige con rapidez, especialmente en comunidades con dominio limitado del inglés.
“Las personas tienden a creer lo que leen”, advirtió, y subrayó que sin información clara sobre lo que el presidente puede o no puede hacer, algunos votantes podrían asumir erróneamente que han perdido opciones como el voto por correo.
Ante la pregunta de si la Corte Suprema podría intervenir para ampliar el control presidencial sobre las elecciones, Levitt respondió: “La respuesta es claramente no”. Recordó que la Constitución asigna esa facultad a los estados y que incluso en 2020 el tribunal rechazó intervenir para alterar resultados.
Pese al clima de demandas, propuestas restrictivas y retórica de fraude, los panelistas insistieron en que el sistema mantiene contrapesos. “Los votantes tienen agencia aquí. Nosotros estamos a cargo”, afirmó Levitt, al llamar a la ciudadanía a informarse, verificar su registro y participar.
Para los expertos, más allá del ruido político, la elección de 2026 pondrá a prueba no solo la logística electoral, sino la capacidad de las instituciones y de la sociedad civil para defender el equilibrio constitucional frente a presiones sin precedentes.
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