Mientras millones de familias esperan la ayuda alimentaria que no llega, expertos en salud pública y derechos sociales advirtieron que la decisión del presidente Donald Trump de retener los fondos del Programa Federal de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) está empujando a Estados Unidos hacia una crisis humanitaria sin precedentes.
Durante una conferencia convocada por la Robert Wood Johnson Foundation and American Community Media, especialistas denunciaron que la suspensión del SNAP —que brinda apoyo alimentario a 42 millones de personas, incluidos 16 millones de niños, 8 millones de adultos mayores y 1.2 millones de veteranos— responde a motivaciones políticas y no a limitaciones presupuestarias.
“SNAP es el programa contra el hambre más grande de nuestra nación, y nunca había sido interrumpido de esta manera”, dijo Jamie Bussell, oficial de programas de la Fundación Robert Wood Johnson. “No se trata de falta de dinero. Es una decisión política. Nuestros líderes han puesto la ideología por encima del bienestar humano”.
Bussell recordó que los bancos de alimentos no pueden suplir la falta del SNAP, ya que el programa proporciona nueve comidas por cada una que ofrecen las despensas comunitarias. “Hemos llegado a un punto absurdo”, añadió. “Nadie en este país debería pasar hambre. Comer no debería depender de un cálculo político”.
Gina Plata-Niño, directora interina del programa SNAP en el Centro de Investigación y Acción Alimentaria (FRAC), explicó que la interrupción de los beneficios está afectando directamente a los hogares con menores. Uno de cada cinco niños en Estados Unidos depende del SNAP, y su pérdida agrava la inseguridad alimentaria en millones de familias.
“Los padres se preguntan: ‘¿Pago el alquiler o la comida? ¿La guardería o la cena?’”, señaló Plata-Niño. “Los niños ven a sus padres llorar y no entienden por qué no hay manzanas esta semana. Les resulta imposible explicarles que el gobierno los ha convertido en piezas de un juego político”.
A la falta de recursos se suma el miedo de las comunidades inmigrantes. Eric Valladares, director ejecutivo de Family Connections, una organización que apoya a familias de bajos ingresos en el condado de San Mateo, California, advirtió que muchas personas evitan acudir a bancos de alimentos por temor a redadas migratorias o a ser señaladas como “carga pública”.
“El miedo está destruyendo la estabilidad de nuestras familias”, dijo Valladares. “Tenemos padres que prefieren pasar hambre antes que arriesgarse a una detención. Es desgarrador ver a los niños pagando el precio de la política”.
Valladares añadió que, mientras la Casa Blanca se niega a liberar los fondos, las organizaciones comunitarias están desbordadas, reforzando la entrega de alimentos y las visitas domiciliarias para asistir a familias en crisis.
Los expertos coincidieron en que la suspensión del programa es una maniobra deliberada del Ejecutivo para presionar durante el cierre del gobierno federal, vigente desde el 1 de octubre. Pese a que dos jueces federales ordenaron liberar un fondo de contingencia de 5 mil 500 millones de dólares, el presidente Trump anunció el 4 de noviembre que mantendrá congelada la ayuda hasta nuevo aviso.
“No hay justificación técnica ni legal para frenar el SNAP”, insistió Bussell. “Se trata de una demostración de poder que deja sin comida a millones de personas vulnerables”.
El SNAP, creado en 1964 durante la administración de Lyndon B. Johnson, nunca había sido interrumpido por motivos políticos. Su costo mensual ronda los 8 mil millones de dólares, con un promedio de 187 dólares por beneficiario, una cifra mínima frente a los gastos militares o corporativos del gobierno federal.
“Estamos viendo al país más rico del mundo incapaz de alimentar a sus propios hijos”, concluyó Bussell. “Esto no es un fracaso administrativo: es una elección moral”.
En tanto, organizaciones civiles y gobiernos estatales exigen al Departamento de Agricultura (USDA) que acate las órdenes judiciales y reactive la distribución de los beneficios. Mientras tanto, millones de familias estadounidenses enfrentan noviembre con los refrigeradores vacíos y la incertidumbre de no saber cuándo podrán volver a comer con dignidad.
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