En medio de crecientes tensiones económicas y una posible recesión, el gobernador de California, Gavin Newsom, pidió este miércoles a la Corte Suprema de Estados Unidos declarar inconstitucionales los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, a los que calificó como un “fraude arancelario ilegal” que ha golpeado duramente a familias, agricultores y empresas en todo el país.
“Los colaboradores de Trump se están lucrando con la incertidumbre y el dolor de los ciudadanos estadounidenses. Esto es totalmente ilegal, e instamos a la Corte Suprema a defender el estado de derecho y la separación constitucional de poderes que juraron proteger”, afirmó Newsom en un comunicado.
La Corte Suprema escuchó los argumentos del caso Learning Resources contra Trump y Trump y contra VOS Selections, en los que varios estados —entre ellos California— impugnan la legalidad de los aranceles establecidos por Trump a través de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), una norma que, según los demandantes, no otorga autoridad para imponer tarifas comerciales.
Newsom, junto con el fiscal general Rob Bonta, presentó una demanda formal el 16 de abril en la que argumenta que el presidente “carece de autoridad para imponer aranceles unilateralmente mediante una emergencia artificial”.
El escrito amicus curiae de California sostiene que Trump ha usado de forma arbitraria la IEEPA —creada hace casi 50 años para responder a crisis internacionales y congelar activos extranjeros— con el fin de rediseñar la política comercial estadounidense y favorecer intereses políticos y empresariales cercanos a su administración.
“En los últimos meses, el presidente ha trastocado el orden económico internacional al imponer aranceles a otros países por motivos personales, al tiempo que sacude los mercados financieros con anuncios en redes sociales”, se lee en el documento presentado ante el tribunal.
“El presidente no puede imponer aranceles por decreto. Esta Corte debe reafirmar que ni este ni ningún futuro presidente puede usurpar los poderes que el Congreso le ha delegado”.
Cabe destacar que California, la cuarta economía más grande del mundo, ha sido uno de los estados más afectados por las medidas de Trump. Desde febrero de 2025, el mandatario emitió órdenes ejecutivas que impusieron aranceles de entre 10 y 145 por ciento sobre casi todos los socios comerciales de Estados Unidos, alegando “emergencias nacionales”.
De acuerdo con un informe del Departamento de Finanzas del estado, esas medidas podrían costarle a California 25 mil millones de dólares en pérdidas y más de 64 mil empleos, especialmente en sectores agrícolas, tecnológicos y manufactureros.
“La economía de Donald Trump es un fracaso. Está impulsada por la avaricia, no por el bienestar del pueblo estadounidense. Mientras envía miles de millones a Argentina y organiza fiestas opulentas, nuestras familias sufren”, señaló Newsom durante una conferencia en Sacramento.
Economistas de la Universidad de Stanford advirtieron que los aranceles han provocado una elevación sostenida de los precios en bienes básicos, reducciones en exportaciones agrícolas y una ola de cierres de pequeñas y medianas empresas, particularmente en el Valle Central.
El caso presentado ante la Corte Suprema podría marcar un precedente histórico sobre los límites del poder presidencial en materia económica. Si el tribunal falla en contra de Trump, la decisión limitaría significativamente la capacidad del Ejecutivo para imponer aranceles sin autorización legislativa, reforzando el papel del Congreso como autoridad constitucional en temas de comercio exterior.
La administración Trump, por su parte, ha defendido la legalidad de sus medidas, argumentando que los aranceles son “una herramienta necesaria para proteger la seguridad económica y nacional de Estados Unidos”. Sin embargo, varios jueces federales ya han expresado reservas sobre el uso expansivo de la IEEPA en este contexto.
“El presidente se ha arrogado poderes extraordinarios de alcance mundial durante demasiado tiempo. Este Tribunal debe poner fin a esa conducta y mantener la distribución constitucional de poderes consagrada por los Padres Fundadores”, afirma el texto firmado por Newsom y Bonta.
El proceso judicial se desarrolla en un momento crítico: el Producto Interno Bruto de Estados Unidos cayó 0.8 % en el último trimestre, y el índice de confianza del consumidor alcanzó su nivel más bajo desde 2020, según la Oficina de Análisis Económico (BEA).
Expertos del California Policy Institute coinciden en que el “efecto Trump” ha intensificado la volatilidad del mercado y erosionado la estabilidad económica que el país había recuperado tras la pandemia.
La Corte Suprema emitirá su fallo antes de finalizar el año. Si los jueces coinciden con los argumentos de Newsom y los estados demandantes, Trump podría ver anuladas sus medidas arancelarias y enfrentar restricciones para futuras acciones unilaterales de este tipo.
“Este caso no solo trata de economía, sino del alma misma de nuestra democracia”, concluyó Newsom. “La ley es clara: ningún presidente está por encima de la Constitución.”
La decisión final del tribunal podría definir el equilibrio de poder entre el Ejecutivo y el Congreso durante la próxima década y reconfigurar el panorama económico y político de Estados Unidos.
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