Organizaciones, colectivos y líderes sociales exigen justicia por el asesinato de María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales ocurridos durante la noche del miércoles 23 de abril en Tlajomulco de Zúñiga; ella era parte de Guerreros Buscadores, colectivo que participó en el hallazgo del Rancho Izaguirre, el cual se presume era un campo de entrenamiento y exterminio.
“¡Buscar no debe costar la vida! ¡No más personas buscadoras asesinadas por su labor!”, señalaron en una carta 77 colectivos buscadores a las que les sumaron 140 organizaciones de diversos ámbitos, quienes expresaron su profunda indignación, dolor y solidaridad por ambos asesinatos.
La Fiscalía del estado de Jalisco, señaló que, de acuerdo con la investigación, el ataque se registró a las 23:30 horas del miércoles 23 de abril en el Fraccionamiento Las Villas, cuando un par de varones llegaron en una motocicleta y agredieron directamente a la víctima, de 26 años. Al tratar de defenderlo también resultó herida su madre, de 43 años. Ambos perdieron la vida.
Las autoridades señalaron que no existen, hasta el momento, elementos que indiquen que lo acontecido tenga relación con la actividad de la madre como integrante de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas.
María del Carmen Morales denunció la desaparición de otro de sus hijos, entonces de 19 años de edad, el 1 de marzo de 2024. La fiscalía estatal refirió que, actualmente, se indaga la relación entre las agresiones contra ambos jóvenes y sus respectivas actividades.
El grupo de colectivos destacó que María del Carmen era una madre buscadora, integrante del colectivo Guerreros Buscadores Jalisco, cuya lucha incansable por la verdad y la justicia para su hijo desaparecido, Ernesto Julián Ramírez Morales, “indignantemente le costó la vida”.
Estos hechos, precisaron, ocurren en un contexto en el que el colectivo ha ganado visibilidad por su participación en el hallazgo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, y que, a raíz de ello, el colectivo y sus integrantes han sido objeto de un discurso de criminalización por parte de autoridades, sectores de la sociedad civil y grupos del crimen organizado, lo cual ha derivado en múltiples amenazas en su contra.
Apuntaron que, al 7 de abril de este año, integrantes del colectivo fueron recibidas por autoridades de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), ante quienes manifestaron de manera clara y directa el riesgo que enfrentan debido a su labor de búsqueda y denuncia.
“Hoy, el colectivo atraviesa la trágica noticia de que una de sus integrantes fue asesinada”, puntualizaron.
“Es fundamental subrayar que este hecho no es aislado. A lo largo del país, diversas personas buscadoras se encuentran en condiciones similares de riesgo, derivadas de su labor. Varias personas buscadoras asesinadas habían solicitado medidas de protección a las autoridades competentes, sin que estas fueran otorgadas o implementadas con la urgencia o eficacia necesarias”, subrayaron.
Un ejemplo de ello, informaron, es el caso de otra buscadora de Jalisco, María Teresa González Murillo, asesinada el 27 de marzo de este mismo año, quien ya había recibido tres amenazas de muerte previas al ataque y solicitado ayuda del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas.
Así, con el asesinato de María del Carmen Morales, los colectivos han documentado 6 casos de agresiones letales en contra de buscadoras en el periodo de la presidenta Claudia Sheinbaum. “De 2010 al día de hoy, se han documentado 30 casos de personas buscadoras agredidas de manera letal: 4 desapariciones, y 26 asesinatos. De 2019 a la fecha, se han perpetrado 24 de los 30 casos”.
Ellos, dijeron, refleja un patrón que exige una revisión profunda de los mecanismos de protección existentes y un reconocimiento formal de la labor de las personas buscadoras como defensoras de derechos humanos.
“Su situación de riesgo no es consecuencia de una actividad marginal, sino del ejercicio de una función de interés público ante la ausencia del despliegue de acciones estatales adecuadas en la búsqueda y localización de personas desaparecidas”, subrayaron.
Las personas buscadoras realizan una labor fundamental en un país con más de 127 mil personas desaparecidas según cifras oficiales, y más de 72 mil cuerpos sin identificar. Con su trabajo, contribuyen diariamente al derecho a la verdad de toda la sociedad.
Ante ello, exigen una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva de los hechos, así como la garantía del acceso a la justicia para las víctimas y sus familias; así como que se tomen medidas concretas y urgentes para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, especialmente a quienes integran colectivos de búsqueda y sus familias.
En este contexto, instaron de manera urgente a la Fiscalía del Estado de Jalisco, a las autoridades federales competentes y a la titular del Poder Ejecutivo Federal a asumir con seriedad, responsabilidad y compromiso su deber constitucional de garantizar la vida, la integridad y el acceso a la justicia de las personas buscadoras, quienes enfrentan condiciones de alto riesgo por ejercer una labor legítima y fundamental para la construcción de verdad y justicia en el país.
“Resulta imperativo que se impulsen medidas integrales, sostenidas y con un enfoque de derechos humanos, orientadas no sólo a esclarecer este lamentable crimen, sino también a prevenir nuevas agresiones contra quienes, en ejercicio de un legítimo derecho, han asumido tareas que corresponden al Estado en materia de búsqueda de personas desaparecidas”, agregaron.
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