El fiscal general de California, Rob Bonta, exigió este lunes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) and the Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que cesen de inmediato sus prácticas ilegales durante redadas migratorias en Los Ángeles, a las que calificó de inconstitucionales, crueles y contrarias a la ley.
Bonta encabezó una coalición de fiscales generales de 19 estados que presentó un escrito amicus curiae en apoyo a los demandantes del caso Vásquez Perdomo et al. v. Noem et al., quienes solicitan una orden judicial temporal para detener las detenciones arbitrarias en las comunidades angelinas.
“Las acciones de ICE y CBP forman parte de un patrón cruel y familiar de ataques contra nuestras comunidades inmigrantes por parte de una administración que se nutre del miedo y la división”, declaró el fiscal general. “Estas redadas no buscan justicia, buscan cumplir cuotas y sembrar miedo. No nos quedaremos callados. Seguiremos exigiendo cuentas”.
Las redadas, organizadas por la administración del expresidente Donald Trump, han generado temor generalizado, provocando que muchos residentes —inmigrantes y ciudadanos estadounidenses por igual— eviten salir de sus hogares.
A su vez, se han documentado detenciones sin sospechas razonables y sin respetar el debido proceso, en violación directa de la Cuarta Enmienda de la Constitución de los EE. UU.
El gobernador de California, Gavin Newsom, también condenó estas acciones: “Esto no es ley y orden, es crueldad y caos. Apoyamos firmemente la ley, el progreso y los principios sobre los cuales fue construida esta nación”.
Los demandantes alegan que ICE y CBP actúan con base en perfiles raciales y sin criterios legales claros. El escrito presentado por Bonta y sus colegas fiscales generales afirma que estas prácticas ya han tenido efectos negativos sobre la economía local, la salud pública y la seguridad comunitaria.
Las tácticas incluyen el uso de máscaras, vehículos sin identificación y agentes que ocultan su afiliación. Esto ha obstaculizado el trabajo de las autoridades locales y ha sembrado desconfianza entre la población.
La coalición legal surge después de que el fiscal general Bonta demandara a la administración Trump por intentar federalizar la Guardia Nacional de California y redirigir cientos de marines hacia Los Ángeles como parte de una estrategia migratoria militarizada.
El escrito fue firmado por los fiscales generales de Arizona, Colorado, Connecticut, Hawái, Illinois, Maine, Massachusetts, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Nevada, Oregón, Vermont y Washington, además de California.
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