California dio un paso histórico al convertirse en el primer estado de Estados Unidos en regular a los reclutadores de mano de obra extranjera, luego de que el gobernador Gavin Newsom firmara la ley AB 1362.
La norma, impulsada por el asambleísta Ash Kalra, busca cerrar las brechas legales que han permitido por décadas el abuso y la explotación de miles de jornaleros agrícolas migrantes que llegan cada año al estado bajo el programa de visas H-2A.
Aunque la ley federal ya prohíbe que se cobre a los trabajadores cuotas ilegales o que se les engañe respecto a las condiciones de trabajo, lo cierto es que los reclutadores que operan en el extranjero han enfrentado prácticamente nula supervisión. En la práctica, esto ha derivado en fraudes, endeudamiento forzado y casos de trata laboral.
“Estamos cerrando un vacío de más de diez años en la protección de derechos laborales. Con AB 1362 se genera por primera vez un sistema de supervisión real sobre los reclutadores, obligándolos a registrarse y a presentar una fianza que garantice el cumplimiento de la ley”, explicó Ash Kalra, autor de la iniciativa.
La ley, que entra en vigor a partir de 2026, protegerá directamente a entre 40 mil y 50 mil trabajadores agrícolas reclutados anualmente en California. Además, ofrece a los empleadores una lista confiable de reclutadores verificados, generando certidumbre en la contratación y evitando que empresas legítimas compitan en desventaja con aquellas que se benefician de prácticas ilegales.
En el anuncio realizado este 2 de octubre en los escalones del Capitolio estatal, en Sacramento, sobrevivientes de abusos laborales, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y representantes empresariales celebraron la aprobación de la ley.
“Este es un paso histórico: estamos protegiendo tanto a los trabajadores como a las empresas que actúan de manera ética”, afirmó Joe Martínez, director ejecutivo de CIERTO, una organización que promueve prácticas justas en el reclutamiento de trabajadores agrícolas.
Por su parte, Kanti Salgadu, sobreviviente y líder comunitaria, relató que los abusos por parte de reclutadores son más comunes de lo que se cree.
“Nos decían que tendríamos un salario justo y condiciones dignas, pero al llegar descubrimos que era mentira. Esta ley significa que otros no tendrán que pasar por lo mismo”, destacó.
El contexto político también añade relevancia, pues en años recientes, la administración Trump impulsó recortes a las protecciones federales para trabajadores agrícolas e inmigrantes, debilitando los mecanismos de defensa en casos de abuso.
En contraste, California se posiciona como un estado que no solo resiste ese retroceso, sino que propone un modelo innovador para combatir la trata laboral y garantizar condiciones dignas.
“Este esfuerzo coloca a California a la vanguardia nacional. Es un modelo que puede ser replicado en otros estados e incluso en otros sectores que enfrentan abusos similares”, señaló Aradhana Tiwari, asesora senior del Sunita Jain Anti-Trafficking Initiative.
Sin embargo, los defensores coincidieron en que aún falta mucho por hacer. La nueva ley se limita a los trabajadores contratados bajo el programa H-2A, mientras que cerca de 300 mil trabajadores temporales en California con otros tipos de visas continúan sin estas protecciones.
“AB 1362 es un avance significativo, pero no podemos detenernos aquí. La meta es garantizar que ningún trabajador migrante, sin importar la visa con la que llegue, quede expuesto a prácticas abusivas”, enfatizó Tiwari.
El impacto esperado es amplio, ya que, además de proteger a decenas de miles de jornaleros, la ley genera un precedente en la lucha contra la trata laboral y fortalece el papel de California como pionero en derechos laborales.
Con un sistema que combina registro, supervisión y sanciones, AB 1362 ofrece un modelo que protege tanto a trabajadores como a empleadores responsables, y refuerza la imagen del estado como un bastión de justicia social en medio de un contexto nacional adverso.
“En un país donde los trabajadores agrícolas son esenciales para nuestra seguridad alimentaria, pero históricamente han sido invisibilizados y vulnerados, esta ley es un reconocimiento a su dignidad y una herramienta para garantizar que la explotación no sea parte del sistema”, concluyó Kalra.
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