The Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó este miércoles demandas federales contra seis estados —entre ellos California— por no haber entregado sus listas de registro de votantes, como solicitó la administración federal.
La acción legal, que también involucra a Michigan, Minnesota, Nueva York, Nuevo Hampshire y Pensilvania, fue presentada el 25 de septiembre bajo el argumento de que los estados incumplieron con la Ley Nacional de Registro de Votantes y la Ley para Ayudar a América a Votar.
Estas disposiciones, según el DOJ, obligan a los estados a mantener padrones electorales “adecuados y eficaces” y a ponerlos a disposición para su supervisión.
La fiscal general Pam Bondi defendió la medida al asegurar que “todo estado tiene la responsabilidad de garantizar que los registros de votantes sean precisos, accesibles y seguros; los estados que no cumplan con esta obligación llevarán a este Departamento de Justicia a los tribunales”.
Añadió que “un padrón electoral limpio es la base de unas elecciones libres y justas”.
Por su parte, el fiscal general adjunto Harmeet K. Dhillon subrayó que la depuración de registros “protege a los ciudadanos estadounidenses del fraude y el abuso electoral, y devuelve la confianza en que las elecciones se llevan a cabo con integridad y conforme a la ley”.
El DOJ también citó la Ley de Derechos Civiles de 1960 como base legal para exigir la inspección y análisis de padrones estatales.
En California, la demanda revive tensiones históricas entre el gobierno federal y el estado en materia electoral. La administración estatal, junto con gobernadores de otros estados afectados, había expresado previamente su rechazo a entregar información considerada confidencial, como números de Seguro Social o licencias de conducir, por considerar que el DOJ no tiene autoridad para solicitar esos datos.
La polémica se intensificó luego de que la exigencia se vinculó con una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, que busca condicionar la administración electoral en el país a la presentación de documentos que acrediten la ciudadanía estadounidense como requisito para votar.
Organizaciones de derechos civiles en California advirtieron que el requerimiento podría derivar en prácticas de intimidación y discriminación, afectando a comunidades de inmigrantes y a electores de origen latino y asiático.
Medios locales recordaron que estados como Nevada respondieron al DOJ entregando únicamente información pública —excluyendo datos privados— como muestra de cooperación parcial, pero también de resistencia a lo que consideran un abuso de autoridad federal.
La batalla legal abre un nuevo frente entre California y la administración Trump, con implicaciones directas en la confianza electoral rumbo a los próximos comicios.
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