En medio de una nueva muerte violenta atribuida a agentes federales y del aumento de operativos migratorios en distintas ciudades del país, el gobernador Gavin Newsom llamó a los californianos a mantenerse seguros, conocer sus derechos constitucionales y exigir la intervención del Congreso frente a lo que calificó como un uso autoritario del poder federal.
“Cuando se utilizan agentes federales para intimidar y matar civiles, cuando los derechos constitucionales se consideran opcionales, eso no es fuerza, es autoritarismo”, afirmó Newsom, al advertir que ninguna administración está por encima de la Constitución y que nadie en Estados Unidos carece de derechos.
El mandatario sostuvo que el gobierno federal ha convertido a California en un “campo de entrenamiento” para probar un programa de detenciones masivas que describió como “racista, peligroso e indiscriminado”, con consecuencias que incluyen la muerte de civiles, la detención de ciudadanos estadounidenses y la separación de familias.
Newsom alertó que el presidente Donald Trump busca provocar respuestas violentas de las comunidades locales para justificar acciones extremas, como el despliegue militar contra civiles y la expansión de redadas migratorias sin controles. En ese contexto, instó a la población a ejercer sus derechos de manera pacífica y organizada.
El llamado ocurre mientras el Senado de Estados Unidos se prepara para votar una propuesta que financiaría al ICE y a la Patrulla Fronteriza sin restricciones adicionales de seguridad pública.
Para el gobernador, el reciente asesinato de un hombre en Minneapolis a manos de agentes federales de inmigración subraya la urgencia de establecer límites claros y mecanismos de rendición de cuentas.
“Las redadas masivas e indiscriminadas nos perjudican a todos. Necesitamos soluciones reales, no crueldad ni daño económico”, sostuvo Newsom, al pedir a los californianos apoyar a sus vecinos inmigrantes y exigir que el Congreso actúe para frenar los abusos de poder.
Como parte de estas acciones, el gobernador y el fiscal general Rob Bonta lanzaron un nuevo portal en línea para que residentes puedan denunciar posibles conductas ilegales de agentes federales en el estado. La plataforma permite enviar fotografías y videos con el fin de documentar abusos y evaluar posibles acciones legales.
Las autoridades estatales recordaron que ejercer los derechos de la Primera Enmienda es legal, pero que la violencia, las amenazas y la obstrucción de operaciones federales constituyen delitos. Aun así, advirtieron que la población debe mantener distancia y precaución ante agentes federales “enojados, inexpertos o sin capacitación adecuada”.
El gobierno estatal reiteró que las agencias policiales locales y estatales no participan en redadas migratorias indiscriminadas y que la ley de California limita la cooperación con autoridades federales únicamente a personas condenadas por delitos graves y peligrosos.
Entre las protecciones vigentes destacan medidas en escuelas, donde ICE no puede acceder sin orden judicial; hospitales, donde áreas no públicas están protegidas; y el financiamiento de defensa legal para garantizar el debido proceso a personas inmigrantes.
Newsom también advirtió sobre el impacto económico de las deportaciones masivas. De acuerdo con un pronóstico de UCLA Anderson, la economía de California podría contraerse hacia finales de año debido a aranceles globales y redadas migratorias que ya afectan sectores clave como la construcción, la agricultura y la hospitalidad.
Estudios citados por el estado estiman que deportaciones masivas podrían reducir la economía californiana en 275 mil millones de dólares y eliminar 23 mil millones de dólares en ingresos fiscales anuales.
En 2022, los inmigrantes indocumentados aportaron 8.5 mil millones de dólares en impuestos estatales y locales, cifra que podría superar los 10.3 mil millones si tuvieran acceso a trabajo legal.
Las hojas informativas “Conozca sus derechos” están disponibles en más de una docena de idiomas, incluido español, y forman parte de la estrategia del estado para empoderar a las comunidades frente a un clima de creciente tensión federal.
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