En medio de una creciente preocupación por posibles operativos de autoridades federales de inmigración, la Junta de Supervisores del San Mateo County presentó una propuesta para fortalecer y clarificar las reglas que rigen la interacción de funcionarios locales con agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos).
La medida busca reforzar protecciones ya existentes, aumentar la transparencia sobre actividades de aplicación de leyes migratorias y preservar la seguridad pública y la confianza dentro de las comunidades inmigrantes.
En su sesión ordinaria, la Junta aprobó el proyecto de forma unánime en su primera votación; para entrar en vigor requerirá una segunda lectura en una sesión futura.
“Esta ordenanza es un paso poderoso para proteger a todas las personas en nuestro condado y para establecer un nuevo estándar de transparencia y confianza”, afirmó la supervisora Noelia Corzo, quien presentó la iniciativa junto con el supervisor Ray Mueller.
“Estamos enviando un mensaje claro e inequívoco: San Mateo County está con su comunidad inmigrante y estamos preparados para protegerla”, agregó.
La propuesta limitaría el acceso de agentes federales de inmigración a edificios y espacios del condado, obligaría a informes trimestrales por parte de la Oficina del Sheriff y el Departamento de Libertad Condicional, y reforzaría las prohibiciones de utilizar personal, equipo o fondos locales para apoyar a ICE, salvo cuando la ley estatal o federal lo exija explícitamente.
Asimismo, el proyecto responde a una inquietud creciente entre residentes inmigrantes: la presencia de agentes no identificados.
La ordenanza prohibiría a empleados del condado —tanto personal civil como agentes juramentados— usar cubiertas faciales que impidan su identificación mientras desempeñan funciones públicas.
Según funcionarios del condado, la medida responde a reportes recientes de individuos que, presuntamente agentes federales, ingresaron a instalaciones locales sin identificación visible.
Como parte del nuevo marco, la Oficina del Sheriff deberá registrar cada solicitud de asistencia por parte de agencias federales de inmigración, documentar la autoridad legal invocada y detallar cualquier acción tomada.
El oficial en jefe de Libertad Condicional tendría las mismas obligaciones. Todos los pedidos, sean aprobados o rechazados, deberán incluirse en informes trimestrales destinados a fortalecer la supervisión pública y mantener la confianza de las familias inmigrantes.
Aunque el condado ya cuenta con políticas que limitan la cooperación con operativos migratorios —establecidas hace años durante otras oleadas de acciones federales—, supervisores señalaron que recientes intervenciones, testimonios comunitarios y el temor persistente entre familias de estatus mixto hicieron necesario actualizar la normativa.
El condado también mantiene la prohibición de permitir que agentes federales de inmigración ingresen a áreas no públicas de propiedades del condado sin una orden judicial, incluidas cárceles, oficinas de libertad condicional y otros espacios restringidos.
De aprobarse en segunda votación, la ordenanza se convertiría en una de las medidas más amplias del condado en los últimos años para trazar límites claros entre autoridades locales y agencias migratorias federales, y para asegurar que cualquier interacción sea visible para la comunidad.
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