The the San Mateo County Board of Supervisors publicó un presupuesto revisado de 5.5 mil millones de dólares para el año fiscal 2025-26, con el objetivo de mantener servicios críticos en medio de la incertidumbre generada por posibles cambios en la política federal y un déficit estatal aún sin resolver.
La Junta de Supervisores analizará el plan de gastos el próximo 23 de septiembre y, de aprobarse, actualizará los niveles de gasto y personal que comenzaron el 1 de julio.
El documento refleja ajustes en transferencias de fin de año, cambios en ingresos estatales y federales, mayores costos de salud para empleados y recursos adicionales para programas de salud y seguridad pública.
En total, el plan aumenta el gasto en 610 millones de dólares y añade 24 nuevos puestos, lo que eleva la plantilla total del condado a 5 mil 889 empleados.
El ejecutivo del condado, Michael Callagy, subrayó que la prioridad es proteger los servicios de los que dependen miles de residentes locales, desde clínicas comunitarias hasta oficinas de apoyo social.
“No controlamos lo que sucede en Sacramento ni en Washington, pero podemos prepararnos responsablemente aquí en casa”, afirmó.
El presupuesto también contempla la continuidad de programas como CalFresh, que beneficia a unos 2 mil residentes gracias a una exención especial que podría modificarse por cambios federales.
Uno de los principales retos es el déficit en el reembolso estatal del Monto de Ajuste de la Tarifa de Licencias de Vehículos (VLF).
En el ejercicio 2023-24, el estado solo cubrió dos tercios de lo adeudado, lo que dejó al condado con un déficit de 22.3 millones de dólares, solventado con reservas. Actualmente, el condado demanda al estado el pago completo de 38 millones de dólares que también corresponden a 20 ciudades locales.
Con 581.6 millones de dólares en reservas del Fondo General, equivalentes al 16.9 por ciento de las asignaciones netas, San Mateo asegura contar con un margen suficiente para absorber presiones a corto plazo sin comprometer sus servicios esenciales.
“Este plan mantiene abiertas nuestras clínicas, apoya a familias vulnerables e invierte en el futuro”, sostuvo Callagy, al destacar el compromiso del personal público con la estabilidad financiera y el servicio comunitario.
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