The San Mateo County presentó una demanda contra el Estado de California, al que acusa de retener casi 38 millones de dólares que considera vitales para mantener servicios esenciales de salud, seguridad pública y vivienda asequible.
La acción legal, interpuesta en el Tribunal Superior de California, Condado de San Francisco (caso CPF25519270), señala que el Estado incumplió la ley y un compromiso presupuestario asumido desde 2004, dejando al condado y a sus 20 ciudades en una situación de vulnerabilidad financiera.
Lo que está en juego es el Monto de Ajuste de la Tarifa de Licencia de Vehículo (VLFAA), un mecanismo creado hace más de dos décadas como parte del “Intercambio de VLF”.
En aquel acuerdo, los gobiernos locales cedieron ingresos por licencias de vehículos y parte de los impuestos a la propiedad para ayudar al Estado a cerrar un déficit y financiar la educación pública, a cambio de recibir transferencias de reemplazo ajustadas anualmente.
Según la demanda, en 2025 el Estado debía transferir 114.3 millones de dólares, pero San Mateo solo recibió 76.5 millones, es decir, un déficit de casi 38 millones de dólares. Mientras tanto, las autoridades estatales sí entregaron el 100 por ciento de los fondos a los otros 55 condados de California.
“El incumplimiento por parte del Estado de pagar la totalidad del VLFAA causará un daño grave y duradero al Condado y a nuestras ciudades”, se lee en la presentación judicial.
“Estos fondos se deben al Condado de San Mateo y a nuestras 20 ciudades. En lugar de cumplir con sus obligaciones, el Estado quiere que asumamos el costo”, enfatizó el ejecutivo del condado, Mike Callagy.
Agregó que la fórmula estatal de financiamiento, al vincularse con los distritos escolares, deja en desventaja a San Mateo por contar con más distritos de “ayuda básica” que otros condados.
Por su parte, la supervisora Jackie Speier advirtió que “estos dólares financian presupuestos locales de los cuales dependen los residentes a diario, desde la atención médica hasta la vivienda. El Estado hizo una promesa y romperla perjudica directamente a nuestra gente”.
La demanda nombra como responsables al estado de California, al director de finanzas del gobernador, Joe Stephenshaw, y a la contralora Malia Cohen. De prosperar, el caso podría sentar un precedente en la protección financiera de los gobiernos locales en toda la entidad.
Los líderes de San Mateo alertan que, si el estado mantiene este criterio, Sacramento podría repetir la práctica en futuros presupuestos, trasladando la presión fiscal a condados y municipios.
Mientras tanto, los 38 millones en disputa siguen siendo el centro de una batalla que, según el condado, no solo se libra en los tribunales, sino también en la capacidad de garantizar la calidad de vida de sus habitantes.
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