Existen herramientas de vigilancia con la finalidad de luchar contra el fraude y proteger a los ciudadanos, sin embargo, se ha ampliado la vigilancia tecnológica en los inmigrantes con el pretexto de identificar posibles amenazas; esto podría convertirse rápidamente en vigilancia para todos, erosionando los derechos de privacidad de los residentes.
El Gobierno de los Estados Unidos ha ampliado constantemente el uso de herramientas de vigilancia, desde el acceso a la base de datos del Departamento de Vehículos Motorizados y el reconocimiento facial hasta el rastreo de teléfonos móviles, creando una infraestructura que va mucho más allá de la aplicación de las leyes de inmigración.
Esta red digital de vigilancia tiene el potencial de someter a todos los estadounidenses a un escrutinio, pues recopila y cruza información personal, aumentando el riesgo de persecución política, robo de identidad y violaciones masivas de datos, situación que preocupa a expertos.
During a briefing held by American Community Media (ACoM), Nicole Álvarez, analista de políticas tecnológicas del Centro para el Progreso Americano, compartió datos del informe titulado: La administración Trump está utilizando datos confidenciales estadounidenses para construir una torre de vigilancia digital.
“El informe se centra en dos grandes avances que impulsan esta vigilancia digital, el primero es lo que llamo abuso secundario de datos. El segundo es la centralización de los sistemas federales de datos. La Ley de Privacidad de 1974 es la principal ley que rige el manejo de nuestros datos personales por parte de las agencias federales, el problema con la Ley de Privacidad es que simplemente no se ha actualizado, se redactó antes de que existiera internet, antes del almacenamiento masivo de datos y antes de que las agencias pudieran conectar bases de datos masivas”.
Álvarez dijo que no solo es un sistema de vigilancia en rápida expansión que amenaza a las comunidades inmigrantes que este gobierno tiene en la mira, sino también el derecho a la privacidad de todos los estadounidenses, pues toman la información del gobierno federal cuando solicitan prestaciones sociales, declaran impuestos, se inscriben en servicios públicos o interactúan con agencias en cualquier función oficial, agregando, “el daño es que estas prácticas van mucho más allá de las simples violaciones de la privacidad, erosionan activamente la confianza en las instituciones públicas”.
Los inmigrantes indocumentados pagan aproximadamente 90 mil millones en impuestos federales, estatales y locales, estos datos corresponden a 2022, además, se estima que incluso una reducción de un punto porcentual en el cumplimiento tributario de la población general reduciría los ingresos federales en 40 mil millones, comentó la analista principal de políticas tecnológicas, pues el uso de datos fiscales también se encuentra en riesgo.
“También es importante señalar que más de un tercio del dinero de los impuestos de los inmigrantes indocumentados se destina a los impuestos sobre la nómina para financiar programas a los que estos trabajadores no pueden acceder, como el Seguro Social y Medicare”.
Por su parte, Emerald Tse, representante del Centro de Privacidad y Tecnología de la Facultad de Derecho de Georgetown, explicó que ellos se centran en el impacto de la vigilancia digital en las personas y las comunidades, descubriendo el uso del reconocimiento facial por parte de las fuerzas del orden y la relación con la superposición entre el sistema judicial penal y el sistema migratorio.
“Revelamos que utilizan la vigilancia digital para monitorear la vida de la mayoría de las personas en Estados Unidos, el ICE se ha aprovechado de la información necesaria para ofrecer servicios esenciales a cambio de un intercambio, si la persona había cometido un delito o había sido acusada de un delito”.
Tse comentó “en American Dragnet descubrimos que, entre 2008 y 2021, el gasto anual del ICE en tecnología de vigilancia se disparó de 700 mil a 400 millones de dólares al año, desde entonces, la industria de la vigilancia ha seguido creciendo”.
La representante de Georgetown puntualizó que tener datos privados expuestos a los agentes, hace que la gente tenga miedo de ir a trabajar, de enviar a sus hijos a la escuela, de buscar atención médica hasta que sea muy urgente, y reduce la probabilidad de participar en la sociedad, dejando una desconfianza que realmente afecta a todos.
Sophia Cope, abogada de la Electronic Frontier Foundation, habló de la vigilancia de redes sociales durante la primera administración de Trump, pues “se tradujo en una pregunta añadida a la solicitud de visa, que posteriormente se añadió al formulario del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés), pidiendo a los solicitantes sus perfiles de redes sociales utilizados durante los últimos cinco años, el objetivo, obviamente, es que los funcionarios consulares revisen las redes sociales públicas y evalúen si se debe otorgar la visa”.
Cope sugirió que se debe analizar si es necesario salir del país o evitarlo y de ser necesario, “cierra sesión o elimina las aplicaciones de redes sociales en su teléfono, pero ten en cuenta que, como ya tuviste que revelar tus cuentas de redes sociales públicas, es posible que parte de esa información ya se haya revisado con anterioridad”-
“Hemos visto que han ampliado su escrutinio sobre residentes permanentes legales y personas con otros estatus, y recientemente anunciaron que van a analizar una especie de verificación continua, van a realizar una verificación constante de las personas que viven en Estados Unidos, es decir, de todos los titulares de visas y han dicho que eso incluye revisar sus redes sociales”.
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