Si bien los migrantes guatemaltecos son ciudadanos que han hecho un enorme esfuerzo para llegar a Estados Unidos y tener los medios necesarios para poder subsistir y enviar ayuda a sus familias en Guatemala, se han convertido en los más olvidados por el Estado y por los candidatos a la presidencia de Guatemala.
Así lo señaló la doctora Úrsula Roldán, académica y especialista en migración en entrevista para Prensa Comunitaria en colaboración con Península 360 Press y Global Exchange, donde precisó que tan solo cinco de los 23 partidos que aspiran a la presidencia este 25 de junio, se han pronunciado en materia de migración.
En el marco de las elecciones generales de Guatemala, la experta detalló que el Movimiento Semilla realizó consultas a unos académicos sobre las políticas a realizar con la población migrante, mientras que partidos como Winaq, URNG y MLP se acercaron a organizaciones de migrantes, especialmente de población indígena, en Estados Unidos.
«Fueron de los pocos partidos que llegaron al Foro Presidencial organizado por organizaciones migrantes en aquel país, y siguen generando procesos de convocatoria para organizar a la población migrante en Estados Unidos», precisó Roldán, al reconocer que dichos partidos son reconocidos como de izquierda, centro-izquierda o progresista.
«Sabemos que el partido CABAL también estuvo en este foro presidencial, pero de ahí, ninguno más se hizo presente», puntualizó.
La doctora reconoció que los migrantes, además de que aportan a la economía del país y es una de las principales fuentes del PIB, debe ser correspondida con políticas claras, no solo hacia el ejercicio de su ciudadanía guatemalteca en Estados Unidos, sino además a poderle proporcionar todo lo que necesiten, tal es el caso de la documentación necesaria para poder regularizarse en un mediano plazo y poder ejercer otro tipo de derechos en la unión americana.
«Es importante, y si tendrían que tener los mismos derechos que cualquier ciudadano o ciudadana de este país. El Estado le debe mucho a la población migrante», abundó.
La especialista detalló que las instituciones del Estado guatemalteco, son sumamente débiles y están empañadas cooptación y la corrupción, situación a la que no escapan las instituciones guatemaltecas establecidas en Estados Unidos.
En ese sentido, recordó que hace más de un año, fue denunciado el consulado de Guatemala en la ciudad de Los Ángeles por hacer cobros indebidos respecto al pasaporte, al tiempo que existen diversas denuncias con respecto al DPI ‒Documento Personal de Identificación‒, que es básica para que los migrantes tengan algún tipo de posibilidad en su regularización en EE. UU. y también para cualquier gestión que tengan que hacer, aunque sea desde lejos, en su país de origen.
Además, resaltó que, de parte de organizaciones de migrantes hubo mucha demanda para establecer el empadronamiento, que finalmente no fue como se quiso, uno mucho más numérico.
«Tenemos alrededor de 90 o 91 mil personas empadronadas, se sabe que son 800 mil quienes tienen documentación en EE. UU., pero sabemos que hay mucho más que eso. El último censo que acaban de sacar sobre las remesas habla de más de 1 millón 500 mil o 1 millón 800 mil; entonces siempre es un reducido número al que los consulados logran llegar dadas las distancias y el poco financiamiento para los consulados en aquel país, además de su poca efectividad de relación permanente con la población migrante», explicó.
Al respecto, refirió que el ejercicio ciudadano tiene que ser una relación permanente, donde se satisfagan las necesidades del migrante, una de ellas es la documentación, y diferentes problemas que se tienen en el extranjero como la muerte de un familiar, enfermedad o encarcelamiento por una infracción de tránsito, entre muchas otras.
«Este es un ejercicio permanente que la institucionalidad publica no ha tenido la capacidad de tener presencia cercana a la población migrante en aquel país».
Tras el final del titulo 42 en Estados Unidos, refirió que «lamentablemente tiene cosas positivas, que podría ser la regularización desde el país de origen, y la reunificación familiar, y posiblemente el aumento de visas de trabajo, sin tener que llegar hasta EE. UU., y evitarse ese viaje tan peligroso. Pero tiene otros aspectos negativos como la gestión de asilo y refugio que puede poner en riesgo la vida, no solo de guatemaltecos, sino de todos los centroamericanos y otros países que van a estar pasando por la región».
Además, dijo, Guatemala no tendría la posibilidad de contribuir en la gestión de centros de procesamiento. «Ya vimos las consecuencias que tuvo en México, muchas familias varadas en las fronteras, en las ciudades de México mismo, sobreviviendo, porque los estados no se comprometen a brindar trabajo, vivienda, alimentación y el tema de solicitud de refugio no puede ser abordado en un tercer país».
Sin bien existe una posibilidad de gestionar la solicitud de refugio y asilo desde un tercer país, precisó, debe ser en aquellos países que tienen convenios claros y donde exista una colaboración en temas de la sobrevivencia mientras los migrantes hacen su gestión.
«Es un riesgo para el país que esto se establezca en Guatemala, los centros de procesamiento migratorio que van estar establecidos también en Colombia, y se dice que en otros países de América Latina. La posibilidad de que procesen con rapidez y prontitud, y que puedan satisfacer sus demandas es realmente poca y pone en riesgo a la vida de los migrantes que está huyendo por algún temor fundado».
Agregó que la deportación seguirá siendo una realidad y «nuestro país ‒Guatemala‒ no está preparado para una integración de estas personas que precisamente se están yendo porque no tienen las condiciones de empleo y las condiciones de vida digna».
A su vez, expuso que la realidad puede complicarse, «podemos volvernos una tercera frontera. Ya Estados Unidos la estableció con México, y ahora México la establece con nosotros, con los riesgos de que la gente quede varada sin las condiciones de sobrevivencia».
«No creo que ellos ‒los candidatos‒ estén poniendo atención a esto. Los migrantes son la última política de este país, además hay una doble mirada; por un lado, tiene la presión de Estados Unidos para hacer la contención migratoria, la deportación. Pero, por otro lado, a muchos les interesa que siga habiendo inmigración para evitar la demanda social de necesidades básicas».
La doctora Roldán puntualizó que las remesas sostienen la economía y el consumo en Guatemala, por lo que hay esa doble moral en cuanto a trabajar para una regularización migratoria más adecuada.
«Un país en estas condiciones solo va acudir a lo que Estado Unidos le dicte y que a estos les beneficie en temas de impunidad, y eso no se quiere, se busca que el país tenga la posibilidad de que, junto a otros países de Centroamérica y México, haya una negociación de altura para hacer una regularización migratoria regional y una posibilidad de regularización en Estados Unidos».
Y es que, si bien ambos partidos políticos ‒Republicano y Demócrata‒en EE. UU. llevan en su agenda el tema de migración, la especialista precisó que lo único que ponen sobre el debate político es si las medidas son mucho más restrictivas o no, cuando tendrían que centrarse en fomentar la regularización migratoria.
Finalmente, explicó que existe inquietud por parte de los migrantes en Estados Unidos de tener un vínculo con sus comunidades de origen y poder colaborar con su bienestar y desarrollo, por lo que buscan formas asociativas para poder hacer llegar aportes. Sin embargo, refirió que el Estado les pone limitantes y procesos burocráticos para que la ayuda no llegue directamente a los lugares, sino a través del gobierno federal.
Ello, dijo, se convierte en un problema, pues los migrantes no creen en el Estado como intermediario, «porque se ha visto que han dejado en bodegas mucha parte de la ayuda que mandan. El gobierno pone usa serie de trabas para hacer llegar el material a las comunidades».
«Hay mucho por hacer, yo si creo en la organización local de origen y destino, creo que hay liderazgos que quieren aportar al país desde la población migrante, pero que hay que crear esos vínculos más directos, evitando por un buen tiempo al Estado, hasta que no tengamos uno como debería de ser para crear institucionalidad que permita ese vínculo sin manipulación de los recursos».
Esta nota se realizó en colaboración con la Organización Global Exchange y Prensa Comunitaria.
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