El Concejo de East Palo Alto (EPA) votó este martes 8 de julio a favor de prorrogar hasta septiembre el tratamiento de la ordenanza que hubiera obligado a los residentes a comprar permisos a la Alcaldía para poder estacionarse en las calles de la ciudad, aún frente a sus propias viviendas.
Fue una sesión inusual, porque se presentaron más de doscientas personas para hacer oír su voz en el recinto de la calle University y porque hubo momentos de tensión: un importante sector de la comunidad considera que cobrar por estacionarse es injusto en una ciudad con alta concentración de gente de clase trabajadora, latina y afroamericana, que debe hacer esfuerzos para sobrevivir.
De acuerdo con diversos carteles que llevaban los asistentes, muchos ven a este intento como un paso más hacia una gentrificación o aburguesamiento de EPA.
“Nos sacaron de nuestras casas, ahora quieren sacarnos de las calles”, destacaba una de las pancartas. Otra iba todavía más allá: “Primero ICE, ahora el Concejo “, denunciando una presunta persecución a residentes de origen latinoamericano.
A estos carteles se sumaron cánticos en contra de los legisladores que estaban a favor de cobrar por los permisos.
El concejal Rubén Abrica, uno de los tres latinos que conforman el cuerpo legislativo, había convocado a la gente a concurrir en la noche del martes, o a expresarse públicamente a través de Zoom durante la sesión.
Abrica explicó a Península 360 Press que el programa de estacionamiento había sido preaprobado por el Concejo anterior en 2024, después de un estudio pertinente y habiendo consultado a la comunidad. Sin embargo, dijo, se daría una cantidad de permisos en lo que él llama “las vecindades” (barrios y también complejos de apartamentos), pero sin cobrarlos; al menos, hasta cierta cantidad por vivienda.
En la convocatoria del concejal y ex alcalde, se reconocía que “hay carros abandonados, desmantelados, otros obstruyen las banquetas y otros vienen a estacionarse desde Menlo Park”, la ciudad contigua; y además que es necesario “dar advertencias, aplicar la ley y dar multas a quienes no hagan caso”.
Pero denunciaba que en una reunión anterior, el 18 de marzo, en la que Abrica y el concejal Carlos Romero no estuvieron presentes, la alcaldesa Martha Barragán, el vicealcalde Mark Dinan y el concejal Webster Lincoln introdujeron una moción por la cual se modificaba el proyecto de ordenanza permitiendo cobrar por todos los permisos, y fijaba la votación definitiva para el día martes 8 de julio.
Dinan y Lincoln fueron elegidos para integrar el concejo en los últimos comicios; el primero es anglo y el segundo es afroamericano. Barragán, latina, fue nombrada alcaldesa en diciembre pasado, en la misma reunión en la que a Dinan lo designaron vicealcalde.
Muchos de los presentes en el Concejo del martes 8 de julio se molestaron -y se lo dejaron saber- cuando Dinan usaba su teléfono mientras se escuchaban los comentarios públicos.
Al final Barragán tuvo que cambiar su voto, y junto a sus pares de extracción latina decidieron que el plan de permisos volverá a analizarse en septiembre. Dinan y Lincoln votaron en contra, por lo cual las cosas quedaron 3-2.
Es posible que hayan influido sobre la alcaldesa – entre otras consideraciones- los cánticos en su contra; en un momento, se escucharon en inglés estrofas que traducidas decían: “Martha, Martha, Martha, no tienes dónde esconderte, dejaste a tus familias de lado”.
Y en ese sentido, una de las residentes que habló ante los legisladores, María Elena Gaona, dijo que Barragán “había decepcionado a su propia gente”.
“Apuesto a que tu mamá no está orgullosa de tí. Dinan y Lincoln no quieren ver lo que sucede (“they don’t know any better” es la frase) pero tú has estado en nuestros zapatos. Tú sabes que trabajamos muy duro para que nos alcance el dinero”, expresó Gaona.
Otra de las quejas en este problema que sufre EPA está relacionada con las familias que viven bajo un solo techo pero están formadas por varias generaciones o muchos parientes cercanos, lo que es el caso de viviendas de latinos.
Abrica contó a Península 360 Press que es consciente de que sucede con frecuencia que los latinos estacionamos en la calle muchos autos pertenecientes a una sola casa. “Pero qué se puede hacer, si el papá trabaja lejos, la mamá también, los hijos también, y deben movilizarse”.
Por eso, está a favor de organizar ese supuesto “caos”, pero no penalizando a la gente que trabaja ni enviándoles a la policía, sino con la ejecución de la ordenanza tal cual la habían concebido: con permisos, sin cobrar, y con multas sólo si la gente no la respeta.
“Hay gente que la vamos a empujar a elegir entre comprar comida o medicina, o pagar una cuota municipal extra”, dijo Rubén Abrica.
¿Encima de todo, discriminación?
Una de las exigencias del proyecto de ordenanza, surgida del bloque de legisladores que intentaron modificarla, ya había creado resquemor en la comunidad de EPA y molestó particularmente al concejal Abrica.
“Dieron sugerencias de cómo verificar” que alguien vive en determinada residencia, dijo Abrica. Y esas sugerencias eran comprobar si esa persona estaba registrada para votar o si tenía licencia de conducir.
“Desde mi punto de vista, eso tiene dos problemas. Uno, si eres ciudadano americano y no quieres registrarte para votar, nadie puede forzarte. Es un derecho, un privilegio, pero no [es obligatorio] hacerlo”.
“Pero lo más discriminatorio”, continuó el concejal méxico-estadounidense, “es que sabemos que en EPA como en otras partes, hay mucha gente inmigrante. Y si son residentes legales” (es decir, si tienen “green card”) no pueden registrarse para votar. Entonces, ¿para qué poner cosas así?” en la nueva ley, se preguntó Rubén Abrica. “Es como una cachetada” a la gente, concluyó.
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