Por Manuel Ortiz y Sandra Martínez.
La ya tradicional consigna: “el pueblo unido, jamás será vencido”, retumbó con fuerza en las calles de Van Nuys, un suburbio del Valle de San Fernando, en Los Ángeles, el pasado lunes 18 de agosto, cuando cientos de sus habitantes salieron a las calles para repudiar la “persecución” del presidente Donald Trump y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), contra las comunidades inmigrantes de la zona.
“Esta no es solamente una protesta, es un llamado a la acción”, se escuchó decir en punto de las 18:00 horas a una activista a través de un altoparlante afuera de la alcaldía (City Hall), ubicada en el 14410 de la calle Sylvan, donde dio inicio la concentración, misma que fue convocada por las organizaciones: Valley Defensa, Red Nacional de Jornaleros (NDLON) y el Instituto de Educación Popular del Sur de California (IDEPSCA) y Partido por el Socialismo y la Liberación (PSL).
Entre las exigencias se podía escuchar un alto a la separación de familias, alto a las deportaciones masivas y respetar los derechos de la comunidad.
Mientras la marcha avanzaba por el vecindario, algunos vecinos se asomaban por las ventanas para mirar y lanzar mensajes de apoyo; otros, sobre todo jóvenes, se unían al contingente que crecía paso a paso, con pancartas en donde se leían consignas como: “ICE fuera de Los Ángeles”, “Protección para los jornaleros”, “Alto a las ilegales redadas” “Tu silencio no te protege”.
Saraí (29 años) y Estéfani (15 años), dos jóvenes hijas de inmigrantes latinoamericanos, formaron parte de la marcha: ”estamos aquí para pelear por los que no pueden estar aquí, por las familias que han separado”, dijo Saraí; por su parte, Estéfani agregó: “esto es muy estresante, al llegar a casa escucho puras noticias malas de que se llevaron a alguien más cerca de mi casa”.
Caleb Soto, abogado y director de derechos laborales, recordó el reciente y trágico caso ocurrido en Monrovia, California, donde Carlos Montoya, un jornalero guatemalteco de 52 años, perdió la vida al intentar espacar de un operativo de (ICE).
“Esta [Carlos Montoya] es la segunda persona que ha sido asesinada en el proceso de huir de algún tipo de acción de cumplimiento federal en el último mes y medio. La primera fue el caso de Jaime, un trabajador agrícola en Carpinteria, Santa Bárbara”.
El abogado señaló que en el condado de Santa Bárbara, un juez federal indicó que “este tipo de redadas y cateos irrazonables, donde se utiliza el color de la piel de una persona, el idioma o el tipo de trabajo, son ilegales, sin embargo, en Carpinteria se hicieron de todos modos”.
El representante legal de la reconocida organización que defiende a los jornaleros, fue más allá al señalar al presidente Donald Trump como responsable de estas muertes. “En abierta impunidad frente a la decisión de un juez federal, la administración Trump continúa llevando a cabo estas redadas ilegales, y la muerte de Carlos Montoya es resultado de ese tipo de registros y detenciones arbitrarias”.
En la movilización también estuvo Lizette Becerra, maestra afiliada al Distrito Escolar Unificado de Los Angeles (LAUSD), quien abogó por uno de sus alumnos en Reseda Charter High School, Benjamín Guerrero Cruz, de 18 años y originario de Chile, detenido por agentes de ICE el 8 de agosto.
“Benjamin estaba caminando con su perro en la calle cuando unas personas salieron y se lo llevaron. En ese momento fue trasladado a las instalaciones del centro de detención en el centro de Los Ángeles. Estuvo allí como cinco o seis días. No pudo bañarse. No pudo cepillarse los dientes”.
“Benjamin está retenido en la instalación de Adelanto, en San Bernardino”, dijo Becerra, quien indicó que personas de la comunidad organizaron una recaudación de fondos en GoFundMe para apoyar a la familia de su alumno.
¿Cómo han sido afectados sus estudiantes y la comunidad por esta política antiinmigrante de Donald Trump?
“Nuestros estudiantes tienen miedo. He tenido conversaciones con mis estudiantes recién llegados, sobre todo para informarles de sus derechos. Y ellos tienen miedo porque ven lo que pasa en la calle, que sus derechos no están siendo protegidos. Tienen miedo y con ese miedo tenemos que enseñar. Tengo que hacer que se sientan seguros allí, aunque sea solo para poder venir a la escuela. Entiendo por qué algunos padres no están llevando a sus hijos a la escuela: tienen miedo de que lo que le pasó a Benjamin les pase a sus hijos también. Así que tenemos que cuidarlos, hacerlos sentir seguros, y aun así enseñarles”.
De acuerdo con Becerra, algunos alumnos ya no están asistiendo a la escuela por miedo: “Muchos de mis estudiantes tienen miedo y no están yendo a clases. Hemos tenido casos en los que las familias se han mudado completamente. Algunos decidieron autodeportarse. Y hemos tenido algunos estudiantes que simplemente dejaron de asistir, sospechamos que es porque tienen miedo de ICE y de las redadas”.
La protesta concluyó como empezó, de manera pacífica y ordenada, así como con voces enérgicas de jóvenes que llamaron a seguir la lucha en defensa de las comunidades migrantes.
This story was produced as part of “Aquí Estamos/Here We Stand,” a collaborative reporting project of American Community Media exploring the impact of Trump Administration’s war on immigrants in communities across California.
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Esta historia fue producida como parte de «Aquí Estamos/Here We Stand», un proyecto de reportaje colaborativo de American Community Media que explora el impacto de la guerra de la Administración Trump contra los inmigrantes en comunidades de toda California.
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