El Ayuntamiento de Redwood City aprobó una nueva Ordenanza de Protección a Inquilinos (TPO, por sus siglas en inglés), que actualiza y unifica las regulaciones locales sobre asistencia por reubicación y duración mínima de arrendamientos, ofreciendo mayores garantías a los residentes de bajos ingresos y reforzando la estabilidad habitacional en la ciudad.
“Esta ordenanza trata de proteger la estabilidad de los residentes y garantizar la equidad para los propietarios”, declaró el alcalde Elmer Martínez Saballos.
“Estamos abordando las presiones reales que enfrentan los arrendatarios hoy, sin dejar de lado reglas claras y justas para los dueños de propiedades”, agregó.
Entre los aspectos más relevantes de la nueva legislación se incluye el restablecimiento de la asistencia por reubicación, con pagos superiores a los exigidos por la ley estatal para familias de bajos ingresos, personas mayores, inquilinos con discapacidades, familias con hijos y arrendatarios de largo plazo.
También se incorporan protecciones contra desalojos sin causa justificada, armonizando las regulaciones locales con la legislación estatal y garantizando que la asistencia por reubicación sea nuevamente exigible.
Asimismo, la ordenanza establece la duración mínima de arrendamiento, que obliga a los propietarios a ofrecer contratos de al menos un año a los nuevos inquilinos, con el objetivo de promover la estabilidad habitacional.
Incluye además un derecho de retorno para los inquilinos desplazados por remodelaciones sustanciales, quienes tendrán prioridad para volver a sus viviendas una vez concluidas las obras, al mismo precio más los incrementos permitidos por la ley.
La cobertura ampliada de la medida extiende las protecciones a la mayoría de las propiedades residenciales multifamiliares, exceptuando viviendas ocupadas por sus propietarios, casas unifamiliares y condominios no pertenecientes a corporaciones, construcciones recientes y viviendas asequibles con restricciones de escritura.
La ordenanza fue presentada el 13 de octubre de 2025 y entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
El gobierno local anunció una campaña de difusión multilingüe para informar a arrendadores, arrendatarios y organizaciones comunitarias sobre los nuevos derechos y obligaciones. Esta incluirá talleres, materiales informativos y asesoría personalizada.
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