Por Marisa Kendall. CalMatters. Península 360 Press.
El Proyecto de Ley Senatorial 634 habría causado un gran revuelo si hubiera sobrevivido en la forma que la demócrata de Pasadena, Sasha Renee Pérez, pretendía inicialmente. Su intención era prohibir que las ciudades multaran o arrestaran a californianos sin hogar por dormir a la intemperie. Sin embargo, ante la intensa reacción negativa de las ciudades y las fuerzas del orden, la legisladora suavizó su proyecto de ley.
Ya promulgada y en vigor desde el 1 de enero, la ley aborda un problema mucho menos frecuente en las calles de California. Establece que las ciudades no pueden sancionar a los trabajadores sociales por ayudar a personas sin hogar, incluso si estas duermen en un campamento ilegal.
Más precisamente, la ley dice que las ciudades no pueden prohibir a las personas u organizaciones brindar a los residentes sin hogar servicios legales, atención médica o cosas necesarias para la supervivencia, como alimentos, agua, mantas, almohadas y materiales para protegerse de los elementos.
“La legislación brinda protecciones de sentido común para los proveedores de servicios, especialmente las organizaciones sin fines de lucro y las religiosas, que trabajan todos los días para ayudar a los californianos sin hogar”, dijo Pérez en un comunicado de octubre.
El condado de San Bernardino, por otro lado, dijo que la ley “anulará la autoridad local y restringirá las herramientas de cumplimiento que las ciudades y los condados utilizan para promover la seguridad pública”.
No es raro que los trabajadores humanitarios se vean en el punto de mira de la represión municipal contra los campamentos de personas sin hogar. A principios de este año, la ciudad de Fremont, en el Área de la Bahía, tipificó brevemente como delito menor “ayudar, instigar u ocultar” un campamento ilegal de personas sin hogar. Su ayuntamiento posteriormente se retractó de esa disposición —después de que CalMatters la informara inicialmente—, pero dejó una huella imborrable en los legisladores estatales.
La legislación surge tras un impulso estatal para reforzar la vigilancia policial de las personas sin hogar en California. En 2024, la Corte Suprema de Estados Unidos otorgó a las ciudades mayor poder para citar y arrestar a personas por dormir a la intemperie, incluso si no tienen refugio disponible. Desde entonces, los arrestos y citaciones por delitos relacionados con la falta de vivienda se han disparado en ciudades de todo el estado.
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