Autoridades del Condado de San Mateo alzarán la voz este martes 7 de abril en Redwood City para exigir al gobierno estatal la restitución de más de 157 millones de dólares en fondos que, aseguran, corresponden legalmente al condado y sus ciudades, pero que no han sido entregados debido a un mecanismo de pago obsoleto.
La conferencia de prensa se realizará a las 10:00 horas en la estación de bomberos número 9 del centro de Redwood City, donde líderes locales advertirán que, de no corregirse la situación en el presupuesto estatal actual, las pérdidas podrían superar los mil millones de dólares en la próxima década.
El monto en disputa corresponde a pagos del Vehicle License Fee (VLF), un impuesto estatal relacionado con el registro vehicular que, en otros condados del Área de la Bahía, se distribuye en su totalidad.
Sin embargo, en el caso del condado de San Mateo, autoridades denuncian que el sistema actual impide que se transfieran los recursos completos.
Solo en el año fiscal actual, el adeudo supera los 119 millones de dólares, cifra que asciende a más de 157 millones al sumar montos pendientes de años anteriores.
“La falta de estos recursos afecta directamente a nuestras comunidades”, han advertido funcionarios locales, quienes subrayan que el impacto se extiende a servicios esenciales como seguridad pública, educación, vivienda y programas sociales en toda la península.
Entre los participantes del llamado se encuentran la presidenta de la Junta de Supervisores, Noelia Corzo, y la supervisora Jackie Speier, así como el alcalde de Redwood City, Elmer Martínez Saballos.
También se prevé la participación —o invitación— de legisladores estatales como Diane Papan, Catherine Stefani, Marc Berman, Josh Becker y Scott Wiener, además de representantes de cuerpos de seguridad, educación, vivienda y organizaciones comunitarias del condado.
El frente común incluye a líderes como el jefe de policía de Belmont, Ken Stenquist; el jefe de bomberos del condado central, Dave Pucci; la directora ejecutiva de Samaritan House, Laura Bent; el superintendente escolar Marco Chávez; y la directora del Housing Leadership Council, Evelyn Stivers, entre otros.
Funcionarios advierten que la falta de acción estatal no solo perpetuaría la inequidad en la distribución de recursos, sino que pondría en riesgo servicios críticos para residentes, empresas y visitantes.
Ante este escenario, líderes del condado buscan no solo la restitución inmediata de los fondos en el presupuesto vigente, sino también una solución legislativa permanente que garantice pagos completos y oportunos en el futuro.
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