El Concejo Municipal de East Palo Alto retiró de su agenda la discusión sobre el contrato con la empresa Flock Safety, impidiendo revisar el uso de cámaras lectoras automáticas de placas vehiculares en medio de una creciente oposición comunitaria.
La decisión se tomó durante la sesión más reciente del concejo, cuando el alcalde Webster Lincoln, junto con los concejales Dinan y Barragan, votaron a favor de eliminar el punto 14.1 de la agenda, que contemplaba la “continuación del uso de sistemas automatizados de reconocimiento de placas para mejorar la seguridad pública”.
Con esta votación, el concejo bloqueó cualquier discusión sobre la posibilidad de reconsiderar o incluso cancelar anticipadamente el contrato aprobado en diciembre de 2025.
Durante la sesión, el concejal Dinan defendió la permanencia del programa, al asegurar que la tecnología de Flock no representa una amenaza para la comunidad inmigrante y al rechazar la necesidad de reabrir el debate con frecuencia.
El alcalde Lincoln, por su parte, argumentó que era “demasiado pronto” para revisar el acuerdo, dado que fue aprobado recientemente.
Sin embargo, no todos los miembros del concejo coincidieron, pues el vicealcalde Antonio López Abrica y el concejal Romero se opusieron a la eliminación del punto, al considerar que ignorar la discusión representaba una falta de respeto hacia los residentes que acudieron a expresar sus preocupaciones.
Abrica adelantó que buscará reincorporar el tema en la próxima sesión del 21 de abril.
La decisión ha intensificado el descontento entre organizaciones civiles y residentes, quienes han señalado riesgos relacionados con la privacidad, el uso de datos y la vigilancia.
Entre los principales señalamientos se encuentran reportes de acceso a datos de Flock por parte de agencias federales en ciudades cercanas como Mountain View, lo que, de confirmarse, podría contravenir leyes estatales que regulan el uso de esta información.
Organizaciones como ACLU of Northern California han instado al concejo a reconsiderar el contrato, advirtiendo que estos sistemas pueden afectar de manera desproporcionada a comunidades inmigrantes y poblaciones vulnerables.
Más de 20 residentes participaron en la reunión para expresar su oposición.
“Proteger a la comunidad no debe implicar sacrificar la privacidad ni los derechos civiles”, señaló Ravneel Chaudhary, quien cuestionó que el tema fuera retirado pese a la preocupación pública y los riesgos legales.
La eliminación del punto 14.1 pospone, por ahora, cualquier revisión del contrato con Flock, pero el debate está lejos de concluir. La próxima sesión del concejo, prevista para el 21 de abril, se perfila como un momento clave para que la comunidad retome la discusión y exija mayor transparencia y rendición de cuentas.
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