La enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos establece que cualquiera nacido en este país es ciudadano estadounidense, sin embargo, el presidente Donald Trump quiere acabar con este derecho sin considerar las consecuencias económicas y sociales, demostrando que es un tema de pertenencia no de inmigración, aseguran expertos.
El doctor Hiroshi Motomura, profesor de derecho en la Facultad de Derecho de la UCLA, dijo durante una sesión informativa realizada por American Community Media (AcoM), que el derecho a la ciudadanía por nacimiento es fundamental y muchos países lo utilizan como “un vehículo para la pertenencia, así cualquier persona que nace en Estados Unidos no debería sentirse excluida por causa del estatus migratorio de los padres”.
“La ciudadanía por nacimiento tiene una perspectiva más amplia en este momento político, está muy claro que la agenda de inmigración de Trump, no solo es de inmigración, se trata de una agenda de quién pertenece y quién no”, expresó el profesor e investigador especializado en inmigración y ciudadanía.
Motomura asegura que este tema no se trata de inmigración sino de identidad social, “yo creo que el tribunal supremo va a anular el decreto presidencial, considerando que el verdadero objetivo de esta orden ejecutiva es enviar un profundo mensaje sobre quién pertenece a este país”.
Consecuencias imprevistas
Desde el primer día del mandato de Donald Trump el presidente firmó una orden ejecutiva que negaba la ciudadanía estadounidense a los bebés nacidos de padres indocumentados y a los residentes legales pero temporales, incluyendo estudiantes y varias categorías de trabajadores extranjeros y turistas.
Avanzando por esta línea el 1 de abril, la Corte Suprema escuchó los argumentos y se espera que emita un fallo en junio de este año, sin embargo, las consecuencias serían devastadoras en el ámbito económico y laboral, dejando un país vulnerable al desarrollo, según la opinión de expertos.
Se encontraría una escasez de médicos, enfermeros y cuidadores para la población estadounidense que envejece rápidamente. Hasta el momento, siete estados están considerando actualmente la legislación que prohibiría a los niños indocumentados asistir a escuelas públicas, aunque dicha legislación desafía un fallo de la Corte Suprema de 1982, que garantiza la educación pública gratuita para todos los niños, independientemente de su estatus migratorio.
Xiao Wang, cofundador de Boundless, comentó que una prohibición de ciudadanía por derecho a nacimiento no solo cambia las reglas legales, sino cómo la gente piensa acerca de cómo vivir en Estados Unidos.
La asociación de American College predice que habrá una escasez de 8 mil 600 doctores para el 2030 puesto que existe una gran cantidad de doctores que son inmigrantes, asegurando que el 15 por ciento de doctores en la parte rural son inmigrantes, también un estudio del 2025 estima que los inmigrantes son un cinco por ciento de la fuerza laboral, explicó el licenciado de la Universidad de Stanford.
Wang explicó que todos los países compiten por tener buenos profesionistas y gente talentosa, sin embargo, esta prohibición cerraría la puerta a aquellos profesionistas que pueden contribuir al crecimiento del país, “se debe buscar la manera en que los Estados Unidos sea el lugar donde los talentosos quieran venir”.
Por su parte, el doctor, Phillip Connor, investigador del Centro para la Migración y el Desarrollo de la Universidad de Princeton, explicó sobre algunos estudios que se han llevado a cabo para medir el impacto de esta ley.
Connor asegura que si esta orden ejecutiva se implemente se tendría un gran impacto económico en trillones de dólares, y pérdidas de 400 mil trabajadores, afectando principalmente a la industria de la agricultura, cuidados de salud, posiciones administrativas o educativas, así como el transporte, construcción, entre muchos más, pues “todos los trabajos son importantes y varias industrias se verán afectadas”.
Julia Gelatt, directora asociada del programa de políticas de inmigración de EE. UU. del Instituto de Políticas Migratorias, comentó que el objetivo de la orden ejecutiva de Trump es reducir la población de inmigrantes, pero encontramos que la orden ejecutiva haría lo opuesto, al nacer en Estados Unidos sin un estatus migratorio, entonces el número de indocumentados aumentaría más de 5 millones en los próximos 20 años.
Crecer sin un estatus migratorio real crearía una brecha entre la población, donde los niños no tendrían opciones para estudiar, serían excluidos en la asistencia financiera universitaria, no tendrían acceso a los servicios médicos y no podrían trabajar profesionalmente, lo que impactaría en diversas áreas del país, asegura Gelatt.
Los expertos coincidieron en que los efectos de ejecutar esta orden serían devastadores para la economía del país, dejando muchas áreas de empleo sin personal y cerrando la oportunidad de contar con gente talentosa que contribuya al desarrollo de Estados Unidos, un precio alto a pagar si se considera que se trata de imponer un sentido de pertenencia y exclusión.
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