East Palo Alto enfrenta un déficit de más de 2.4 millones de dólares este año debido a que el estado de California no ha entregado la totalidad de los recursos correspondientes al programa que sustituyó los ingresos del impuesto por registro vehicular (Vehicle License Fee, VLF), una situación que también afecta a las otras 19 ciudades del condado de San Mateo.
Las autoridades locales advirtieron que la falta de estos recursos pone en riesgo el financiamiento de servicios esenciales como seguridad pública, programas para jóvenes y adultos mayores, mantenimiento de calles, vivienda y atención a personas sin hogar.
El problema se remonta a 2004, cuando California reemplazó los ingresos que los gobiernos locales recibían por concepto del VLF por un nuevo mecanismo de financiamiento que debía garantizar el mismo nivel de recursos para ciudades y condados. Sin embargo, con el paso de los años, la fórmula dejó de reflejar el crecimiento de la región y actualmente ya no cubre el monto que corresponde al condado de San Mateo.
De acuerdo con autoridades locales, el condado y sus 20 ciudades acumulan un faltante de aproximadamente 119 millones de dólares durante el actual año fiscal y de 157 millones de dólares en un periodo de dos años.
Si el problema no se corrige, estiman que las pérdidas podrían superar mil millones de dólares durante la próxima década.
En East Palo Alto, la reducción de ingresos tendría un impacto directo en programas comunitarios y servicios que benefician diariamente a los residentes.
Entre las áreas que podrían verse afectadas se encuentran los programas para la niñez, adolescentes y personas mayores, el mantenimiento de vialidades e infraestructura, los servicios de vivienda y atención a personas sin hogar, así como los departamentos de policía, bomberos y respuesta a emergencias.
Las autoridades subrayaron que estas consecuencias no son hipotéticas, sino que representan riesgos para la calidad de vida, la seguridad pública y la estabilidad financiera de la ciudad.
Para revertir la situación, el condado de San Mateo y los gobiernos municipales han unido esfuerzos para exigir al estado el pago completo de los recursos pendientes.
La estrategia incluye acciones legales emprendidas junto con otros condados afectados, además de gestiones con legisladores estatales y la oficina del gobernador Gavin Newsom para conseguir tanto la restitución inmediata de los fondos como una solución permanente que evite nuevas pérdidas.
Los líderes locales sostienen que el objetivo es que el condado de San Mateo reciba el mismo trato que el resto de los condados de California y que el financiamiento quede garantizado mediante una reforma legislativa.
“En última instancia, esta situación es una cuestión de justicia”, señalaron autoridades municipales al recordar que los residentes y empresas del condado contribuyen de manera significativa a los ingresos estatales, pero no reciben un nivel de financiamiento equivalente para sostener los servicios públicos.
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