El condado de San Mateo y sus 20 ciudades podrían perder más de mil millones de dólares para 2030 por el defectuoso mecanismo estatal de compensación de la cuota de licencia vehicular (VLF), mientras unos mil puestos esenciales y servicios de bomberos, salud, vivienda y atención infantil permanecen en riesgo.
La Legislatura de California reconoció formalmente el problema mediante la AB 184 y manifestó su intención de encontrar una solución a partir del año fiscal 2027-28. Sin embargo, la medida no asigna recursos ni devuelve los aproximadamente 226 millones de dólares que, según el condado, corresponden a sus 21 jurisdicciones durante el actual ejercicio fiscal.
El déficit casi se duplicó en un año: pasó de aproximadamente 119 millones de dólares en 2024-25 a 226 millones en 2025-26, de acuerdo con el condado de San Mateo.
“Una declaración de intenciones no restituye ni un solo dólar”, advirtió la supervisora Jackie Speier, quien pidió resolver el problema antes de que el gobernador Gavin Newsom deje el cargo.
La AB 184, una iniciativa complementaria del presupuesto estatal, fue aprobada por el Senado y la Asamblea de California el 31 de agosto y quedó formalmente registrada el 1 de septiembre.
El texto establece que California deberá trabajar con los condados de San Mateo, Mono y Alpine, sus ciudades y otras jurisdicciones afectadas para desarrollar una solución legislativa y fiscal. También plantea que el mecanismo futuro sea aplicable en todo el estado cuando otros gobiernos locales enfrenten pérdidas similares.
Al 8 de septiembre, el portal oficial de la Legislatura mantenía la AB 184 como una iniciativa activa y aprobada. Su contenido, no obstante, expresa una intención de negociar: todavía no establece una fórmula definitiva ni incluye una apropiación específica para cubrir el déficit.
El problema se remonta a 2004, cuando California redujo las cuotas cobradas por las licencias vehiculares y prometió sustituir esos ingresos mediante una compensación financiada con impuestos sobre la propiedad.
El mecanismo continúa funcionando en la mayor parte del estado, pero quedó obsoleto para San Mateo. Como consecuencia, el condado sostiene que no recibe el mismo tratamiento otorgado a las demás jurisdicciones de California.
“No pedimos un trato especial. Pedimos igualdad de trato”, afirmó el supervisor Ray Mueller, quien reconoció la intervención de los asambleístas Diane Papan y Marc Berman, el senador Josh Becker, los sindicatos, las ciudades y las organizaciones comunitarias.
De los 226 millones de dólares estimados para 2025-26, aproximadamente 134.2 millones corresponderían directamente al condado y 91.6 millones a sus 20 ciudades y pueblos, según el portal oficial Financiamiento Justo para las Comunidades del Condado de San Mateo.
La ciudad de San Mateo tendría un déficit calculado en 12.9 millones de dólares; Daly City, de 12.2 millones; Redwood City, de 10.2 millones; South San Francisco, de 9.9 millones, y East Palo Alto, de 4.7 millones.
La disputa dejó de ser solamente una discusión presupuestaria. El condado advierte que cerca de tres mil personas podrían perder acceso a refugios, más de cinco mil 500 hogares quedarían en riesgo de perder asistencia para el alquiler y unos siete mil 400 niños podrían dejar de recibir programas de alfabetización temprana.
También podrían reducirse los servicios de salud mental, atención de crisis y prevención de incendios forestales, además de las plantillas de enfermería, policía, bomberos y personal de emergencias.
Una de las ciudades afectadas informó que los recortes podrían obligarla a cerrar una estación de bomberos, eliminar 13 plazas de bomberos y seis puestos del Departamento de Policía, además de cancelar servicios municipales de cuidado infantil que atienden hasta a 815 niños.
El mismo escenario contempla cerrar bibliotecas, piscinas y centros de atención diurna para adultos un día por semana; eliminar programas de alfabetización y de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas; y retrasar proyectos de vivienda asequible. En una sola ciudad estarían comprometidos hasta 100 empleos municipales.
Julie Lind, directora ejecutiva y secretaria-tesorera del Consejo Laboral del Condado de San Mateo, advirtió que alrededor de mil puestos esenciales se encuentran amenazados, pues la pérdida de esos empleos, señaló, podría traducirse en respuestas de emergencia más lentas, mayores tiempos de espera para recibir atención y menos dinero circulando en los comercios locales.
Los gobiernos locales solicitan que Newsom y el Departamento de Finanzas de California incluyan una solución consensuada en la propuesta presupuestaria que el gobernador deberá presentar en enero de 2027.
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