Apoderarse de boletas, registros electorales o tecnología de votación antes de que los resultados sean certificados podrá castigarse como delito grave en California, luego de que el gobernador Gavin Newsom firmó un paquete de 13 leyes para proteger las elecciones intermedias de noviembre.
Las nuevas disposiciones también sancionan la interferencia con el voto por correo, refuerzan la seguridad de los equipos y registros electorales, amplían el acceso lingüístico y regulan el uso de contenido engañoso, incluidos los deepfakes, en la propaganda política.
Newsom firmó las medidas el 19 de septiembre en el Centro de la Democracia, en Los Ángeles, y presentó el paquete como una respuesta ante posibles intentos de funcionarios federales o de cualquier otra persona por intervenir en los comicios.
“Donald Trump no se detendrá hasta que pueda ejercer un control dictatorial sobre su voto libre y privar del derecho al voto a millones de personas este noviembre. California lo detendrá en cada oportunidad”, afirmó Newsom.
La AB 282 convierte en delito grave apoderarse, provocar o ayudar a que alguien tome boletas, registros electorales o tecnología de votación certificada antes de la certificación de los resultados.
La medida aplica también a cualquier persona con autoridad que ordene a alguien bajo su supervisión realizar alguna de esas acciones.
Por su parte, la SB 259 tipifica como delito grave que una persona con autoridad ordene interferir con la entrega o devolución de una boleta de voto por correo, mientras que obstaculizar directamente su entrega a un votante podrá castigarse como delito menor.
“California está a la altura de las circunstancias y, con este conjunto de proyectos de ley, está creando un escudo contra los múltiples ataques a nuestras elecciones y a nuestro sistema de gobierno. Nadie debería dudar de nuestra firme determinación de proteger nuestra democracia”, declaró la secretaria de Estado Shirley N. Weber.
Otra de las disposiciones, la AB 1664, obliga a las agencias locales, subdivisiones políticas y funcionarios electorales a notificar al secretario de Estado y al fiscal general de California sobre cualquier orden judicial, citación o investigación policial relacionada con registros electorales o tecnología de votación.
La notificación deberá realizarse de inmediato y, como máximo, dentro del día calendario siguiente a que las autoridades tengan conocimiento de la acción.
La AB 2281 requiere evaluar si California necesita recursos adicionales para reemplazar las herramientas de ciberseguridad electoral proporcionadas anteriormente por el gobierno federal, además de permitir la colaboración con investigadores académicos para desarrollar mejores prácticas.
El paquete también busca responder al uso de información manipulada durante las campañas mediante la AB 502, que modifica las restricciones para distribuir anuncios o comunicaciones electorales con contenido materialmente engañoso.
La AB 686 extiende hasta 2031 la prohibición de difundir, con intención maliciosa, material audiovisual o sonoro manipulado para dañar a un candidato o engañar a los votantes, salvo que incluya una advertencia que identifique la alteración.
A su vez, la AB 1130 permite imponer sanciones a quienes reciban dinero de un comité de campaña para publicar contenido político en internet y no informen que se trata de una colaboración pagada.
Las leyes incluyen además la ampliación de las protecciones contra la supresión y dilución del voto, mayores servicios de acceso lingüístico y más materiales electorales traducidos.
La SB 884 amplía los horarios de los puntos de entrega de boletas por correo y modifica las restricciones sobre las actividades permitidas cerca de los centros de votación durante las elecciones celebradas entre 2026 y 2029.
Otra medida, la SB 1418, tipifica como delito el robo de materiales electorales o tecnología de votación bajo custodia de funcionarios electorales, mientras que la SB 1420 establece procedimientos uniformes para emitir una boleta de voto por correo en un centro electoral sin el sobre de identificación.
“La administración Trump está lanzando un ataque frontal contra nuestras elecciones y nuestro derecho al voto, y California se niega a permanecer impasible”, declaró el fiscal general Rob Bonta.
El paquete firmado por Newsom incluye también la creación de Engaged California, un programa destinado a ampliar la participación de los residentes en la formulación de políticas públicas.
El presupuesto estatal contempla 29 millones de dólares para ampliar personal, modernizar tecnología y adquirir equipos que permitan a los condados acelerar el conteo de votos.
También incluye 5 millones para educación cívica en los condados, otros 5 millones para divulgación estatal y 750 mil dólares destinados a combatir la desinformación y preparar a California frente a una posible interferencia federal.
Te puede interesar: Altas rentas movilizan a vecinos de Redwood City a favor de la Medida E
WeEvolveIT