El panorama político internacional enfrenta una sacudida histórica. El reciente triunfo y avance electoral de la extrema derecha en el este de Alemania ha generado una presión inédita sobre el gobierno y su liderazgo político, marcando un hito que causa gran preocupación en todo el continente europeo. Este resultado en las urnas no se observaba con tal magnitud desde el final de la Segunda Guerra Mundial (France 24, 2026). El hecho de que los discursos ultranacionalistas vuelvan a cosechar victorias electorales en el mismo escenario histórico donde nacieron las mayores tragedias del siglo XX ha encendido las alarmas a escala global.
Para comprender su verdadera dimensión sin confusiones, es necesario precisar qué se votó: la extrema derecha no conquistó la Presidencia del país ni la Cancillería Federal, sino la mayoría relativa en un Congreso Estatal, lo que en el sistema político estadounidense equivaldría a arrasar en la legislatura de un estado clave y quedar a las puertas de disputar la gubernatura. Si bien este avance no ha sido una marcha uniforme, sí consolida una tendencia ascendente en diversas naciones de la región.
En el siglo pasado, figuras de la propaganda nazi como Joseph Goebbels llegaron a sostener que su verdadero error no fue la ideología, sino la falta de inversión suficiente en convencer a las masas a través de la propaganda. Hoy en día, la ultraderecha parece haber aprendido esa lección de la historia: lejos de presentarse abiertamente destructiva, perfecciona sus herramientas de comunicación, aprovecha el descontento social y utiliza la tecnología para normalizar posturas que antes eran inaceptables, contando incluso con el guiño o aplauso implícito de potencias e influencias internacionales.
La era de la hiperconectividad y la responsabilidad con la información
En el mundo contemporáneo, la ciudadanía cuenta con posibilidades de comunicación e información sin precedentes en la historia. En teoría, el acceso inmediato a redes digitales y medios globales debería facilitar un pensamiento más crítico y diverso; sin embargo, este flujo masivo de datos coexiste con una inversión millonaria destinada a posicionar discursos de odio y polarización social. Existen importantes recursos financieros dedicados a financiar campañas publicitarias, granjas de bots y algoritmos diseñados para viralizar el miedo y la indignación.
Frente a este despliegue de dinero e influencia, existe una gran responsabilidad individual y colectiva: la de no consumir ni reproducir acríticamente estos relatos cargados de estigmatización. Estar más informados exige también verificar las fuentes, cuestionar las narrativas simplistas y no dejarse llevar por campañas diseñadas para manipular las emociones de la población.
El sesgo cognitivo y el chivo expiatorio: La construcción del “otro”
Para comprender cómo discursos cargados de hostilidad logran calar en amplios sectores de la población sin que la gente se considere malvada, es fundamental recurrir a la psicología social. En su artículo sobre la Teoría de la Identidad Social desarrollada originalmente por Tajfel y Turner, McLeod (2026) explica que el ser humano tiene una tendencia natural a categorizar el mundo social en dos grandes bloques: el “grupo interno” (“nosotros”) y el “grupo externo” (“ellos”). Las personas buscan pertenencia y una autoestima positiva al identificarse con su propio grupo. Sin embargo, la contracara de este proceso es el surgimiento de la distintividad positiva a costa del rival, dando prioridad a los suyos, fomentando la noción de superioridad propia, los prejuicios y la discriminación sistemática hacia quienes están fuera del grupo.
Es en esta división psicológica donde se asienta la narrativa antiinmigrante. Tal como expone el destacado sociólogo, antropólogo y académico argentino, Maximiliano Korstanje (2009), los estereotipos y prejuicios funcionan como mecanismos cognitivos de simplificación que justifican la exclusión social y canalizan la frustración colectiva. En momentos de incertidumbre económica o crisis de servicios públicos, las narrativas extremistas ofrecen una respuesta rápida y cómoda: responsabilizar al migrante de la precariedad laboral o el deterioro social.
Sin embargo, esta focalización en el migrante funciona como una cortina de humo que invisibiliza las causas estructurales del malestar. En lugar de fiscalizar cómo grandes corporaciones y multimillonarios incrementan sus riquezas mediante dinámicas financieras, guerras o la explotación desmedida de recursos fundamentales como el agua, el litio o el petróleo (dejando secuelas de pobreza a su paso), la atención pública se redirige intencionadamente hacia los sectores más vulnerables de la sociedad. El prejuicio permite así desviar el conflicto de clase o corporativo hacia un conflicto de identidad y nacionalidad.
La normalización del mal y la obediencia institucional
El respaldo popular a discursos excluyentes encuentra su brazo ejecutor en el aparato burocrático y policial. Aquí cobra vigencia el clásico aporte de Stanley Milgram sobre la autoridad, quien en sus célebres experimentos (donde se instruía a los participantes a aplicar descargas eléctricas a un actor), demuestra que la disposición de las personas a infligir daño no depende necesariamente de un trastorno o maldad propia en la personalidad del sujeto. Por el contrario, la conducta responde a una redefinición de la situación donde el individuo se percibe como un mero agente ejecutor que sigue instrucciones legítimas, delegando la responsabilidad moral de sus actos en la figura de autoridad.
Este fenómeno se refleja con claridad en la actuación de agencias gubernamentales de control fronterizo. Un caso ilustrativo de esta dinámica es la investigación periodística sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE): los periodistas del New York Times, Berzon, Benner y Aleaziz (3 de septiembre de 2026) revelaron que, en su urgencia por reclutar y expandir rápidamente su plantilla de agentes, la agencia omitió verificaciones básicas de antecedentes y filtros de selección adecuados, según denunció un propio informante interno.
Esta flexibilidad intencionada en los criterios de contratación no solo degrada la exigencia ética de la institución, sino que propicia la entrada de perfiles caracterizados por una mayor predisposición al abuso de poder, al autoritarismo y al cumplimiento de órdenes atroces bajo el amparo de la placa. Cuando una institución relaja sus controles e instruye a sus agentes para que perciban a un colectivo humano deshumanizado bajo etiquetas de “ilegalidad”, el escenario queda servido para la normalización de la violencia.
Un engranaje peligroso
El auge de la extrema derecha no es un hecho aislado ni una anomalía electoral pasajera. Resulta profundamente alarmante observar cómo el discurso antiinmigrante ha pasado a dominar la agenda política global, resonando incluso en proclamas de figuras internacionales como Donald Trump y de cada vez más mandatarios en América Latina y Europa. Esta retórica sobre los migrantes (asociándolos con ideas de “contaminación” o “invasión”) evoca de forma sombría las comparaciones y deshumanizaciones usadas durante el Holocausto en la Alemania nazi. Que precisamente en suelo alemán vuelva a cobrar fuerza electoral la extrema derecha, algo sin precedentes desde la caída del régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial, demuestra la fragilidad de la memoria histórica.
Este peligroso panorama es el resultado de un engranaje donde la propaganda masiva financiada con grandes sumas de dinero instrumentaliza las necesidades psicológicas de pertenencia e identidad, desviando la atención de las verdaderas brechas de desigualdad económica. A su vez, encuentra sustento en estructuras estatales que reclutan personal sin el debido rigor ético, confiando en que la obediencia ciega a la autoridad protegerá a sus ejecutores del juicio moral o legal. Hoy que tenemos más acceso a la información que nunca, la resistencia contra la discriminación exige discernimiento crítico para no ser cómplices, por acción u omisión, de las narrativas que financian el odio.
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