El fiscal general de California, Rob Bonta, codirigió este martes una coalición multiestatal en una lucha legal para proteger el acceso de los estadounidenses al aborto durante emergencias médicas que amenazan la vida.
En un escrito de «amicus curiae», la coalición apoyó la defensa de la Administración Biden de su guía de la Ley de Trabajo y Tratamiento Médico de Emergencia ‒EMTALA, por sus siglas en inglés‒, que reafirma las obligaciones de los hospitales, requiriendo que los médicos en todo el país realicen abortos cuando sea necesario en situaciones de emergencia.
En julio de 2022, Texas presentó una demanda impugnando la orientación de EMTALA y, en agosto de 2022, un juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Texas prohibió que se aplicara la orientación en Texas.
Ante ello, California y la coalición escribieron en su escrito de amicus curiae que la sentencia del tribunal de distrito, de mantenerse, no sólo pondría en peligro a los pacientes de Texas, sino que también tendría graves repercusiones en los sistemas sanitarios de otros estados.
«El tratamiento de emergencia puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente», refirió Bonta.
«Aquellos que buscan excluir el aborto de la atención médica de emergencia están poniendo en peligro la vida de innumerables pacientes. Es por eso que apoyo a mis socios de la coalición para instar al Quinto Circuito a que revoque la decisión de la corte de Texas y asegure atención médica de emergencia crítica para todos. California no se quedará de brazos cruzados mientras los estados contrarios al derecho a decidir, como Texas, pisotean los derechos y las protecciones que permiten a las personas vivir una vida sana y segura», agregó.
Cada hospital en los Estados Unidos que opera un departamento de emergencias y participa en Medicare está sujeto a EMTALA. Según la ley, las salas de emergencia están obligadas a brindar a todos los pacientes que tienen una afección médica de emergencia el tratamiento necesario para salvar sus vidas.
En junio de 2022, la administración Biden emitió una guía que reafirma la obligación de los hospitales de brindar servicios de aborto cuando sea necesario para estabilizar a una paciente que experimenta una condición médica de emergencia.
A través de un comunicado, La Fiscalía General de California refirió que el fallo del tribunal de distrito que bloquea la aplicación de la guía EMTALA en Texas ya ha puesto en riesgo la vida de múltiples pacientes al sumergir a los proveedores en un clima de incertidumbre y temor sobre las repercusiones legales y penales que pueden enfrentar por realizar abortos en pacientes en situaciones de emergencia.
En Texas, por ejemplo, una mujer embarazada que sufrió un aborto espontáneo, dijo, se vio obligada a llevar un feto muerto durante dos semanas debido a los temores de sus proveedores de violar la ley en el estado.
Otra mujer de Texas que entró en trabajo de parto prematuro a las 18 semanas se vio obligada a esperar hasta que estuvo demasiado débil para caminar, tuvo fiebre de 103 grados y contrajo sepsis, una emergencia médica potencialmente mortal, antes de que sus médicos acordaran que estaba lo suficientemente enferma como para poner fin legalmente a su embarazo.
El pasado 10 de marzo de 2023, la Administración Biden presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU., pidiéndole que revoque el fallo de la corte de distrito de Texas.
El escrito amicus fue dirigido por el Fiscal General Bonta y la Fiscal General de Nueva York, Letitia James. A ellos se unieron los fiscales generales de Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island y Washington.
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