Cristian Carlos. Península 360 Press [P360P].
La organización internacional sin fines lucro a favor de la libertad de expresión, Article 19, publicó un boletín donde las organizaciones internacionales de la sociedad civil exigen al gobierno de Colombia detener, de forma inmediata, la represión al derecho de protesta y garantizar que se cumplan los derechos humanos y a la tecnología.
Dado las movilizaciones que tuvieron lugar el pasado 28 de abril, Article 19 señalan que se ha llevado a cabo un proceso de militarización en las principales ciudades de Colombia en donde han ocurrido casos de represión de parte de fuerzas militares, como de la policía. Article 19 señala que dichos actos «atentan contra las garantías a la vida y el bienestar de la sociedad civil colombiana». Por lo que rechazó «firmemente la violenta represión en Colombia».
Además, señaló que, como en cualquier otro estado, Colombia tiene la obligación de hacer valer el derecho a la libertad de asociación, la libertad de expresión en las redes sociales, así como en calles.
Las manifestaciones en Colombia se deben a raíz de las propuestas en materia fiscal derivada de los efectos en la economía a causa de la pandemia por COVID-19. El presidente de Colombia, Iván Duque insistió en que la reforma «es una necesidad» y no «un capricho» lo que llevó a la renuncia del titular del ministerio de Hacienda de Colombia.
Ante ello, Article 19 informa que, desde iniciadas las protestas al 4 de mayo, se han reportado mil 443 casos de violencia policial, 239 casos en donde la policía intervino por fuerza pública, 56 denuncias por desaparición, 256 personas que han resultado heridas por parte de la policía, de acuerdo con información recogida por Temblores, una organización colombiana sin fines de lucro para la protección de derechos humanos.
«Nos preocupan los relatos de activistas locales, que señalan que a la militarización de las principales ciudades y al abuso de la fuerza pública se suma el secuestro de dispositivos digitales»; sin embargo, Article 19 también denuncia secuestro a material de trabajo periodístico, agresiones dirigidos a periodistas y comunicadores independientes.
Señalan que «existen registros de exclusión indebida» en Colombia que modifican la información en redes sociales y la imposibilidad de la población a realizar emisiones en vivo.
Article 19 recordó que el Estado de Colombia está sujeto a instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
A continuación, se lista el llamado Article 19 hacia el estado de Colombia:
- Detenga inmediatamente el uso desmedido de la fuerza por parte de la policía y el ejército, termine con la represión en las principales ciudades y en ciudades pequeñas del país y cumpla con su responsabilidad de garantizar el derecho a la protesta.
- Asegure el libre flujo de información y establezca todas las garantías necesarias para que los medios independientes y ciudadanos hagan su trabajo de cobertura de las protestas sin
- Refuerce los derechos de la sociedad civil a hacer uso de las tecnologías digitales que permitan ejercer su derecho a la protesta, dentro y fuera de línea.
- Garantice que la aplicación de las medidas excepcionales se lleven a cabo en estricto cumplimiento de las normas internacionales y nacionales de derechos humanos y en consonancia con los principios de proporcionalidad, necesidad y no discriminación.
- Investigue los hechos relacionados con el uso de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado, siguiendo el llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión.
Article 19, a nombre de 76 organizaciones firmantes y 8 adhesiones individuales de todo el mundo, expresan una «sentida solidaridad a activistas, defensoras y defensores de derechos humanos, organizaciones y a todos los actores sociales de Colombia que, desde distintos ámbitos, están resistiendo y trabajando en defensa de la democracia».
Por último, Article 19 lamenta que año con año, este tipo de violencia siga ocurriendo en América Latina. «No descansaremos hasta que todos los gobiernos de América Latina garanticen la plena protección de los derechos fundamentales de todas y todos sus habitantes», concluyó el boletín.
