El fiscal general de California, Rob Bonta, se unió hoy a 21 de sus homólogos para oponerse al Proyecto de Ley Senatorial 1100 (SB 1100) de Idaho, la cual prohíbe a los estudiantes transgénero en escuelas públicas y charter K-12 usar baños de usos múltiples y otras instalaciones escolares que correspondan con su identidad de género.
Los demandantes, una niña transgénero de 12 años y la Alianza de Sexualidad y Género de la Escuela Secundaria de Boise, apelaron ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Idaho la denegación de una moción de orden judicial preliminar contra la SB 1100 ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.
El escrito amicus curiae de la coalición afirma que la SB 1100 viola la Cláusula de Igualdad de Protección y el Título IX, y describe los graves daños a los jóvenes transgénero que resultan de la discriminación ilegal basada en la identidad de género de un individuo.
“La legislación que niega a los estudiantes transgénero el acceso a las instalaciones escolares de acuerdo con su identidad de género es ilegal y gravemente perjudicial para su bienestar”, señaló Bonta en un comunicado.
Y es que, precisó, a pesar del creciente ataque a los derechos LGBTQ+ en todo el país, la coalición de los fiscales generales subraya el compromiso continuo de garantizar un entorno seguro e inclusivo para todos.
“Desde luchar contra las políticas escolares discriminatorias hasta garantizar una atención que afirme el género, mi oficina seguirá oponiéndose a los esfuerzos que buscan poner en peligro los derechos de nuestras comunidades más vulnerables”, subrayó.
La SB 1100 es parte de una peligrosa ola de legislación discriminatoria en todo Estados Unidos dirigida a niños transgénero. Más de 1.6 millones de personas en los Estados Unidos, incluidos aproximadamente 300 mil jóvenes de entre 13 y 17 años, se identifican como transgénero.
De acuerdo con estadísticas, los jóvenes transgénero sufren niveles de discriminación, violencia y acoso que superan con creces los experimentados por sus homólogos cisgénero. Ese tipo de discriminación, como era de esperar, inflige daños físicos y mentales.
Así, puntualizó la fiscalía general de California, la legislación que impide que los estudiantes transgénero utilicen instalaciones segregadas por sexo, incluidos los baños, de acuerdo con su identidad de género es innecesaria e ilegal.
Explicó que, en contraste con la ley discriminatoria de Idaho, todas las escuelas de California deben permitir que los estudiantes utilicen instalaciones segregadas por sexo de acuerdo con la identidad de género del estudiante.
En su escrito amicus curiae de hoy, la coalición apoyó el esfuerzo de los demandantes para bloquear la aplicación de la SB 1100, argumentando que la ley viola la Cláusula de Igualdad de Protección de la Constitución de los Estados Unidos al estigmatizar a los estudiantes transgénero y negarles el acceso a instalaciones escolares comunes en función de su identidad de género.
Además, destacó que transgrede el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, al negar a niños y niñas transgénero el acceso a las mismas instalaciones comunes que otros pueden usar.
Asimismo, precisó que la SB1100 no reconoce que las leyes y políticas inclusivas producen importantes beneficios sin comprometer la privacidad y la seguridad de los demás.
Al presentar el escrito amicus curiae, el fiscal general Bonta se sumó a los fiscales generales de Nueva York, Washington, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Oregón y Pensilvania, Rhode Island, Vermont y Washington, DC.
This publication was supported in whole or part by funding provided by the State of California, administered by the California State Library.
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