Funcionarios locales y líderes del condado dieron inicio al ambicioso centro North County Wellness Center de 132.5 millones de dólares que tendrá espacio en el 1024 de Mission Road, cerca de las estaciones de BART y SamTrans. Foto: Condado de San Mateo
Los visitantes del North County Wellness Center serán recibidos en un área de recepción luminosa y con luz natural, con paredes de madera natural y ventanas que dan a un jardín. Serán dirigidos por amplios pasillos hacia una clínica de salud, una suite dental y áreas privadas donde podrán informarse y solicitar seguros de salud, asistencia nutricional y servicios sociales adicionales.
Y es que funcionarios locales y líderes del condado dieron inicio al ambicioso centro de 132.5 millones de dólares que tendrá espacio en el 1024 de Mission Road, cerca de las estaciones de BART y SamTrans.
“Este centro acerca los servicios esenciales a los residentes que dependen del condado y de nuestros socios para recibir atención médica, atención dental y más”, señaló el supervisor del condado de San Mateo, Dave Pine, cuyo Distrito 1 incluye el Centro de Bienestar.
“Este centro acerca los servicios esenciales a los residentes que dependen del condado y de nuestros socios para recibir atención médica, atención dental y más”, señaló el supervisor del condado de San Mateo, Dave Pine, cuyo Distrito 1 incluye el Centro de Bienestar. Foto: Condado de San Mateo
“Una vez que se complete, las personas y familias en todo el norte del condado podrán reunirse con especialistas para verificar su elegibilidad y solicitar asistencia para programas como CalFresh y cuidado infantil de bajo costo, todo bajo un mismo techo”, subrayó.
Cuando se inaugure en 2026, las clínicas del centro atenderán principalmente a personas y familias que reciben atención o son elegibles para Medi-Cal, que ofrece programas gratuitos o de bajo costo.
Además de los servicios que brindan el Departamento de Salud del Condado y la Agencia de Servicios Humanos, el edificio de tres pisos y 77 mil pies cuadrados también ofrecerá oficinas satélite para el Fiscal de Distrito y el Tesorero/Recaudador de Impuestos.
El diseño del Wellness Center, descrito por el arquitecto como contemporáneo, utiliza una gran cantidad de madera natural en lugar de los materiales sintéticos que se encuentran comúnmente en los paneles y las placas del techo.
“Queremos crear un ambiente donde la gente esté feliz o se sienta animada de estar aquí”, refirió el vicepresidente de la Junta de Supervisores, David Canepa, cuyo Distrito 5 incluye áreas del sur de San Francisco.
“La gente puede venir aquí con mucho estrés: están aquí para ver a un médico o para buscar algún tipo de asistencia pública. Queremos evitar esa sensación que se tiene en tantos edificios públicos, donde las paredes de cemento, la mala iluminación y las habitaciones estrechas parecen aplastarte”, destacó.
Los funcionarios del condado estuvieron acompañados en la ceremonia inaugural por funcionarios locales y líderes cívicos.
El Centro de Bienestar será uno de los primeros edificios de atención médica construidos con madera laminada cruzada, que consiste en capas de madera unidas con adhesivos.
La construcción en madera y la inclusión de cargadores de vehículos eléctricos, estacionamiento para bicicletas, plantas nativas, estaciones de energía solar y otras características sustentables colocan al Condado en el camino para lograr la Certificación LEED Gold.
La financiación para este nuevo inmueble, proviene del Fondo General del Condado y de la Medida K, el impuesto sobre las ventas de medio centavo de todo el condado que proporciona fondos locales para las necesidades locales.
La ciudad de East Palo Alto está dando un paso importante hacia la concientización sobre la salud mental y la prevención del suicidio al designar oficialmente septiembre de 2024 como el Mes de la Prevención del Suicidio (SPM).
Esta proclamación se realizará durante la reunión del Concejo Municipal el 3 de septiembre de 2024, lo que refleja el compromiso de la ciudad de fomentar una comunidad solidaria y empoderar a los residentes para prevenir el suicidio.
El tema de 2024 para el Mes de la Prevención del Suicidio, “El amor sobre la soledad”, subraya la importancia de la conexión social para combatir la soledad, un tema crítico en la actualidad.
A principios de este año, la Junta de Supervisores del Condado de San Mateo aprobó una resolución que declaraba la soledad como una crisis de salud pública, enfatizando la necesidad de promover la conexión social dentro de nuestras comunidades.
Según la Encuesta de salud y calidad de vida del condado de San Mateo de 2023, 45 por ciento de los residentes informaron haber experimentado dificultades con la soledad y el aislamiento. Ahora más que nunca, es vital que encontremos formas de conectarnos unos con otros.
Cada año, la Oficina de Diversidad y Equidad de Servicios de Recuperación y Salud Conductual del Condado de San Mateo y el Comité de Prevención del Suicidio publican un Calendario de Eventos que promueve ampliamente las actividades del Mes de la Prevención del Suicidio entre los proveedores locales, los socios y la comunidad.
La ciudad de East Palo Alto hizo un llamado a sus residentes a que se apoyen mutuamente reconociendo las señales de suicidio, encontrando las palabras para iniciar una conversación y comunicándose con recursos locales, como la línea directa de crisis StarVista del condado de San Mateo al (650) 579-0350 o el Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 988 o al 1-800-273-TALK.
Asimismo, manifestó seguir comprometido con la concientización sobre la salud mental como parte de la Iniciativa de Salud Mental de los Alcaldes del Condado de San Mateo. Dicho esfuerzo a nivel de condado reúne a alcaldes de 20 ciudades con el objetivo compartido de promover el acceso a recursos de salud mental y aumentar la conciencia dentro de sus comunidades.
Finalmente, el Concejo Municipal de East Palo Alto hizo un llamado a todos los residentes a encontrar su papel en la prevención del suicidio y unirse al esfuerzo para crear una comunidad más segura y solidaria para todos.
“Unámonos para ‘conocer las señales, encontrar las palabras y extender la mano’”.
Empleadores que estafan, es la preocupación del Condado de San Mateo, se aceptó por por unanimidad una subvención de casi 740 mil dólares, mismos que servirán para fortalecer los esfuerzos para investigar y procesar a los empleadores tramposos que intentan estafar sus trabajadores para no darles el salario que les corresponden.
Escucha esta nota:
El condado de San Mateo aceptó por unanimidad una subvención de casi 740 mil dólares, mismos que servirán para fortalecer los esfuerzos para investigar y procesar a los empleadores tramposos que intentan estafar sus trabajadores para no darles el salario que les corresponden.
La subvención estatal financiará un nuevo fiscal adjunto de distrito y un investigador que lo apoye, además de proporcionar recursos adicionales de auditoría forense para que la Oficina del Fiscal de Distrito investigue lo que a menudo son casos complejos.
El condado destacó que la subvención por 739 mil 396 dólares proporciona fondos mientras los funcionarios del condado lanzan una nueva Oficina de Normas Laborales y Cumplimiento, que será una asociación entre la Oficina del Ejecutivo del Condado, la Oficina del Fiscal del Condado y la Oficina del Fiscal de Distrito.
“La aprobación por parte de la Junta de Supervisores del Programa de Robo de Salarios de la Fiscalía permitirá a mi oficina investigar y procesar a los empleadores que roban a sus empleados los salarios que ganaron con tanto esfuerzo”, dijo el fiscal de distrito Stephen M. Wagstaff. “Con un fiscal a tiempo completo y un investigador, ahora es posible hacer justicia para los empleados víctimas”.
La oficina, una vez establecida, también trabajará con los empleadores para informarles sobre sus derechos y los derechos de los trabajadores.
“Estamos muy agradecidos con el fiscal de distrito Wagstaffe, la fiscal de distrito adjunta Jill Nerone y la Oficina del Fiscal de Distrito por priorizar la investigación y el procesamiento de estos casos, brindar justicia a las víctimas del robo de salarios y, en última instancia, disuadir a otros de abusar de los trabajadores vulnerables de esta manera”, señaló el supervisor Ray Mueller, quien junto con el supervisor Dave Pine presentó la propuesta de crear la oficina a la Junta en pleno.
Los funcionarios locales afirman que existe una necesidad apremiante de destinar más recursos a prevenir e investigar el robo de salarios.
Según los expertos, las personas que ganan salarios bajos, las mujeres, las personas de color, los trabajadores que no hablan inglés y los nacidos en el extranjero corren un riesgo especial de sufrir robo de salarios.
Ejemplos de robo de salario incluyen salarios no pagados, recibir un pago menor al salario mínimo, no acumular licencia por enfermedad o pago de horas extras y deducciones de nómina no autorizadas, entre otros.
El año pasado, la Junta de Supervisores votó por unanimidad la creación de la Oficina de Normas Laborales y Cumplimiento con la misión de ayudar a las víctimas de robo de salarios a recuperar los salarios robados.
Reforma al Poder Judicial tiene un proceso que concluir, por lo que hay suficiente tiempo para dejar que la virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de su opinión y se realicen los ajustes necesarios, José Martín Íñiguez, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La Reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha generado críticas a nivel nacional e internacional por la elección de jueces a través del voto popular, tema que quedará en manos de Claudia Sheinbaum por la etapa procesal, tiempo que le permitirá a la presidente electa realizar modificaciones personales, aseguró José Martín Íñiguez, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
José Martín Íñiguez Ramos, maestro de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, comentó en entrevista durante el programa de radio Península 360 Press y Hecho en California con Marcos Gutiérrez, que esta reforma aún tiene un proceso que concluir, por lo que hay suficiente tiempo para dejar que la virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de su opinión y se realicen los ajustes necesarios.
“Dejaron barrida la cancha para que las reformas sean aprobadas, pero esto no se va a dar así, porque sería colocar a Claudia Sheinbaum en una posición muy débil, sobre todo ante la sociedad mexIcana, socios comerciales y otros países… no creo que sea capaz de darse un balazo en el pie, en el fondo ella no está de acuerdo”, agregó el también catedrático de la Universidad Iberoamericana (IBERO).
El documento presentado por el Gobierno de México propone modificar el artículo 95 de la constitución, con lo cual se podría elegir a los jueces por voto directo y secreto, hasta por un periodo de 12 años, cambiando los 15 años que se tienen actualmente; en el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durarían 8, 11 y 14 años, dependiendo de los resultados de la votación.
El Consejo de la Judicatura Federal perdería el derecho a nombrar a los jueces y magistrados como lo tiene actualmente, pues los ministros son propuestos por el presidente mediante una terna y el ganador tiene que contar con el respaldo de al menos dos terceras partes de los senadores en curso.
Al respecto, Íñiguez subrayó que, al elegirse jueces, magistrados y ministros a través del voto popular, no habría un buen proceso, pues en realidad ganaría quien haga mejor campaña, lo que abre un cancha enorme a diversos poderes como el crimen organizado, empresarial, sociedad civil, grupos de presión y más, que pueden colocar a sus propios candidatos.
“Pone en riesgo la capacidad de quienes van a guiar en el poder, ya que no es lo mismo un joven egresado a una persona que lleva años haciendo carrera meritoria para algún puesto como estos y es cuando llega la pregunta importante ¿quién va a pagar las campañas de estos candidatos? Y si se sobrepasa el número de aspirantes, se va a decidir a través de una tómbola, lo que es ilógico”, puntualizó.
De ser aprobada, en 2025 se llevarían a cabo las elecciones para renovar a ministros, magistrados y jueces, informó en febrero la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde.
La reforma es a nivel federal, los cargos que se pondrían a elección popular son mil 600 y se divide en dos etapas, junio de 2025 y en el 2027, dos años después, pero esto es solo una propuesta que se debería aprobar por ambas cámaras.
El maestro Íñiguez explicó que no todo es por el tema de la votación popular, pues es necesario mencionar que dentro de estas modificaciones se les quitará muchos beneficios que son excesivos e innecesarios, es la parte que se puede rescatar y que es importante ajustar.
El Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y la Barra Mexicana de Abogados advirtieron que esta reforma “constituye una amenaza directa a la independencia judicial, violan estándares internacionales y socavan la democracia en México”.
La carta emitida por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, el pasado 22 de agosto fue muy drástica, aseguró Íñiguez, diciendo que está poniendo en riesgo no solamente el T-MEC (Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México), sino también las inversiones extranjeras, pues ya fue aprobada en las comisiones, por lo que llama la atención de los inversionistas extranjeros.
La Reforma al Poder Judicial es un tema que se debe analizar a su tiempo, como lo ha declarado Claudia Sheinbaum, dejando la oportunidad de hacer su propia reforma con un lapso suficiente para analizar, ajustar y proponer a su consideración, precisó.
“En el fondo ella aun no toma posesión del poder y solo puede dar opiniones por el momento y, a diferencia de López Obrador, su gabinete es más técnico, más profesional, ya que la gente que estará a su lado es más profesional y se tendrá dos formas de gobierno, por lo que aún falta ver que es lo que ella decide”, enfatizó también profesor de las fuerzas armadas en el Centro de Estudios Superiores Navales.
Este miércoles 28 de agosto, Claudia Sheinbaum, llamó a la bancada de Morena en la Cámara de Diputados ha no acelerar la discusión de la reforma al Poder Judicial, la cual forma parte de un paquete de 20 reformas para modificar diversas partes de la Constitución, pues asegura que se debe respetar la etapa procesal y que ella mandará una propuesta propia después del 1 de octubre, hecho que confirmó lo señalado por el profesor Íñiguez.
Se inauguró la XVI Semana de los Derechos Laborales de los mexicanos, en San Francisco, organizada por el Consulado local, ofrece pláticas y recursos para trabajadores.
La Semana de los Derechos Laborales, en su edición número 16, se desarrolla en el Consulado General de México en San Francisco, y en este 2024 el lema es “Derechos, salud y personas trabajadoras: El poder de la colaboración”.
En la ceremonia de inauguración celebrada este lunes 26 de agosto entre las diez y las once de la mañana, estuvieron presentes no solamente la nueva cónsul mexicana, Ana Luisa Vallejo, sino también representantes de agencias federales y estatales como el Departamento Nacional de Relaciones Laborales y la Junta laboral agrícola de California, entre otros.
La Semana de los Derechos Laborales, en su edición número 16, se desarrolla en el Consulado General de México en San Francisco, y este 2024 el lema es “Derechos, salud y personas trabajadoras: El poder de la colaboración”.
En referencia al lema de estas jornadas, la cónsul Vallejo dijo que el objetivo de la representación diplomática, durante la semana, como todo el año, es trabajar en conjunto con las agencias para que los casos de mexicanos que ven afectados sus derechos en el trabajo sean llevados ante esas autoridades y se les pueda dar solución.
Según Vallejo, es imprescindible y urgente que sus connacionales que viven y trabajan en el Área de la Bahía sepan cuáles son sus derechos, sin importar su estatus migratorio.
La cónsul Vallejo dijo que el objetivo de la representación diplomática, tanto durante la semana como todo el año, es trabajar en conjunto con las agencias para que los casos de mexicanos que ven afectados sus derechos en el trabajo sean llevados ante esas autoridades y que se les pueda dar solución.
“Queremos que sepan que cuentan con el Consulado como espacio seguro”, dijo la diplomática, por ejemplo: si han hecho una labor, no les han pagado, y se sienten con miedo de reclamar; o si se lesionan y no les abonan lo que les corresponde, subrayó.
“Queremos que sepan que cuentan con el Consulado como espacio seguro”, señaló la cónsul, Ana Luisa Vallejo.
“El Consulado está con ustedes para apoyarlos”, afirmó Vallejo.
Algunos de los paneles de este ciclo podrán verse por Facebook Live, como “Conoce tus derechos de familia” este miércoles 28 de agosto a las 11 de la mañana, a cargo de la abogada María Antonieta Grasso.
El jueves 29, José Nevarez (Cal-OSHA) expondrá en Facebook sobre la prevención de enfermedades que causa el calor, a las 12 del día, plática que va a repetirse el viernes 30 también a la misma hora.
Otras pláticas tendrán lugar en la sede consular, ubicada en el 545 de la calle Folsom, en el centro financiero de la ciudad y muy cerca del Embarcadero. La entrada es libre y gratuita.
Calendario de expositores para el 29 y 30 de agosto:
Jueves 29:
– 8 a 10 am: Gisselle Pérez, Comisión Federal de iguales oportunidades en el empleo.
– 9 a 11 am: Evelyn Prieto, División de remuneraciones y horarios del Departamento de Trabajo federal.
– 12:30 pm a 2 de la tarde: Armando Islas, Departamento de Trabajo.
Viernes 30:
– 9 a 11 am: Olive Kersey, Clara Nowinski y Michela Panichella, Comité internacional de Rescate (Trata de personas).
– 11 am a 12:30 pm: Tania García-O’Higgins, Introducción a la trata laboral, Movimiento SHADE.
Si tiene problemas en el trabajo, incluidos discriminación, abuso físico o verbal, acoso sexual, impago de salarios, amenazas de despido o deportación, etcétera, el Consulado insta a que llame a la línea telefónica gratuita 1- 877 – 55 – AYUDA (1 – 877 – 552 – 9832).
El proyecto de vivienda asequible más grande en la historia del condado de San Mateo recibió este martes 27 de agosto el apoyo financiero clave de la Junta de Supervisores.
Por votación unánime, los supervisores aprobaron un préstamo de 14 millones de dólares que impulsará la construcción en Midway Village, ubicado cerca de Cow Palace en el vecindario Bayshore en Daly City.
“Probablemente, en términos de vivienda en el condado de San Mateo, este sea uno de los proyectos más transformadores de la historia”, dijo el vicepresidente de la junta, David Canepa, cuyo Distrito 5 incluye Midway Village. “Estamos considerando construir 555 unidades. Esto es increíble”.
El condado, a través de la Autoridad de Vivienda, está trabajando con socios para transformar y ampliar Midway Village en un vecindario que muestre viviendas asequibles en la era moderna.
Las nuevas viviendas también ayudarán a lograr el objetivo de “cero falta de vivienda funcional”, es decir, cuando el sistema de servicios sociales pueda prevenir la falta de vivienda siempre que sea posible y garantizar que, cuando ocurra, sea poco frecuente, breve y única, señaló el condado en un comunicado.
“Esta zona en particular necesita mucha ayuda”, refirió Canepa, señalando que la zona tiene ingresos medios más bajos que la mayoría de las otras áreas de la península. “Hemos hablado sobre la necesidad de viviendas asequibles. Esto realmente va a lograrlo”.
Las instalaciones incluirán guardería, un jardín comunitario, una sala de ejercicios, un espacio para reuniones y áreas de recreación al aire libre.
Los funcionarios locales dicen que entre los residentes se incluirán jóvenes que estuvieron en hogares de acogida, a quienes se les ofrecerá una variedad de servicios de apoyo, así como individuos y familias y personas que anteriormente experimentaron la falta de vivienda.
El Midway Village original, con 150 unidades, abrió a mediados de la década de 1970 para brindar viviendas a personas y familias con bajos ingresos en el sitio de una antigua fábrica de gas y viviendas de la Marina durante la Segunda Guerra Mundial. La remodelación se está llevando a cabo en etapas.
Dirigida por el desarrollador de viviendas sin fines de lucro MidPen Housing, la construcción de la Fase 1 se completó en mayo de 2024, proporcionando 147 unidades de vivienda asequible y un estacionamiento que atenderá a los residentes de la Fase 1 y la Fase 2. Los residentes actuales de Midway Village tienen prioridad para las nuevas viviendas.
La aprobación del préstamo otorgado este martes, dará inicio al desarrollo de la Fase 2, que incluye un total de 111 unidades que van desde estudios hasta cuatro dormitorios junto con dos unidades adicionales para administradores en el lugar.
“Aplaudimos al condado de San Mateo por su compromiso fundamental con la última pieza de financiación para la Fase 2 de Midway Village, que traerá 111 viviendas asequibles para familias y un nuevo centro de cuidado infantil a Daly City”, dijo Matthew O. Franklin, presidente y director ejecutivo de MidPen Housing.
“Le dimos la bienvenida a 147 familias e individuos a la Fase 1 este año y, con el inicio de la Fase 2 a principios de 2025, estamos entusiasmados de continuar avanzando hacia un total de 555 nuevas viviendas asequibles en cuatro fases”, agregó.
Los solicitantes calificados deben cumplir con ciertos requisitos de ingresos y otros requisitos. La mayoría de las unidades, por ejemplo, están reservadas para personas o familias que ganan entre el 15 y el 60 por ciento del ingreso medio del área.
De las 111 unidades, 29 están reservadas para clientes de los Servicios de Recuperación y Salud Conductual del Condado, que ofrecen servicios de apoyo como gestión de casos y asesoramiento.
Todos los 150 hogares existentes de Midway Village tienen derecho a vivir en apartamentos de la Fase 1 o Fase 2, sin tener que experimentar una reubicación temporal.
Las fases 3 y 4 proporcionarán viviendas asequibles adicionales, incluidas algunas oportunidades de compra de vivienda. La fase 5 proporcionará un gran parque público con campos de juego y estructuras de juego operadas por la ciudad de Daly City.
“Esta cancha va a darle acceso a una comunidad que no tiene cancha, ya sea de fútbol, ya sea de fútbol americano”, dijo Canepa.
La adulteración de los hechos es un instrumento político: UNAM. En imagen: Raúl Trejo Delarbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Geysha González, directora de operaciones del Centro de Análisis de Políticas Europeas (CEPA, por sus siglas en inglés), con sede en Washington, D.C. Captura de pantalla del video de la conferencia “¿La desinformación demanda una alfabetización mediática?“.
La educación es la herramienta poderosa para contrarrestar la desinformación, fenómeno que se ha constituido en un “cáncer” para las sociedades. Ante la manipulación de información se requiere una ciudadanía digital entendida como la que permite discernir entre los contenidos, afirmaron expertos.
En la conferencia de prensa “¿La desinformación demanda una alfabetización mediática?, organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Embajada de Estados Unidos en México, Raúl Trejo Delarbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de esta casa de estudios, afirmó que la distorsión de los hechos ha sido una práctica deliberada en la historia del mundo.
En ese mismo sentido, Geysha González, directora de operaciones del Centro de Análisis de Políticas Europeas (CEPA, por sus siglas en inglés), con sede en Washington, D.C., explicó que la desinformación es la manipulación de información con la intención de borrar la línea entre lo que es realidad y lo que es ficción.
Hoy, “actores agresores están tratando de empujar narrativas falsas” que intentan suprimir dicha línea, dijo.
La adulteración es un instrumento político, pero la característica de la actualidad es que con el ascenso y uso global y multitudinario de redes sociodigitales “estamos más expuestos a la fabricación de falsedades”. A diferencia de lo que vemos en los medios de comunicación, la información que aparece en ellas es desjerarquizada, revuelta, confusa y breve, precisó Trejo Delarbre.
El especialista en medios de comunicación y medios sociodigitales, e integrante del Instituto para la Transición Democrática, de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, añadió que hay personas que solamente se enteran de los asuntos políticos y electorales a través de las redes; no leen periódicos y sus prejuicios se refuerzan.
En ese sentido, refirió que, de forma adicional, en la actualidad nos encontramos con la posibilidad de que esas herramientas digitales, además de las mentiras que dicen los actores políticos, tengan contenidos falsos elaborados con recursos de inteligencia artificial generativa, que crea videos, audios o textos.
“Esta forma de engañar a la gente es solo una manera de distorsionar el debate público que es necesario en toda democracia”, alertó.
Ante ello, propuso que las empresas etiqueten sus contenidos de manera indeleble para que se sepa si cada material es artificial o no. Además, el papel de los medios de comunicación es fundamental porque “nadie como los profesionales de la información puede aquilatarla o examinar un contenido”, detalló.
Raúl Trejo sugirió a la sociedad, por lo menos, hacer el intento de discriminar entre contenido falso y verídico, y cada persona preguntarse si es cierto o no, antes de reenviarlo.
La libertad de expresión es sagrada y debe ser inviolable, apuntó, pero no existe si no hay garantías por parte del Estado; y para ello se requiere pluralidad.
“Hay gobiernos que se erigen en interventores de la verdad, y quieren decirle a la sociedad qué es mentira y qué es cierto. Y aquí enfrentamos el riesgo de que los sesgos que tiene cada uno se impongan y, en vez de verificadores, tengamos ‘pontífices’ de la verdad”, refirió.
Por ello, insistió, hay que exhortar a que haya una ciudadanía digital, sin olvidar que no hay ninguna libertad que sea absoluta y que tampoco requiera de leyes. Lo mismo ocurre con la de expresión para amparar la privacidad y honorabilidad de las personas contra difamaciones, concluyó.
Al retomar el uso de la palabra, Geysha González detalló que ese fenómeno es un “cáncer en nuestras sociedades”, que afecta la comunicación de unos con otros, la salud (como ocurrió con el tema de las vacunas durante la pandemia), la manera en que se discuten temas importantes, y “nos separa”. Además, lo hace de manera efectiva.
Las redes sociales, recordó, son un negocio que no se basa en hechos verdaderos o falsos, sino en cuánto tiempo pasa el público en ellas. Por ello, consideró, la manera más adecuada de contrarrestar la desinformación “es el individuo”.
Al respecto, mencionó que la desinformación es como fumar: adictivo; al mundo le encanta saber, “clickear”, seguir; “pero el cigarrillo causa cáncer, y a pesar de ello la gente decide fumar”.
Como ciudadanos preocupados por la democracia y el futuro, lo más importante deben ser los individuos, que deben verificar la información, y buscar la verdad y los hechos. “El ciudadano tiene la responsabilidad, y el poder de saber la verdad”.
Lo más valioso de las sociedades democráticas es que nadie puede restringir la libertad de expresión; “puedes decir tu opinión y expresarte”. En ese sentido, la solución no es su restricción. Para verificar qué es verdad, pueden participar la sociedad civil y los periodistas, por ejemplo, recalcó.
Una de cada tres personas en Estados Unidos recibe información noticiosa en TikTok. Cada individuo tiene la responsabilidad y necesita las herramientas para identificarla en las redes sociales, añadió González.
La democracia está fallando y perdiendo en la competencia global en cuanto a qué es realidad y qué es falso; “no estamos contrarrestando las falsedades que se propagan en la sociedad”. Para lograrlo, reiteró, la educación es la herramienta más poderosa.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, informó durante su conferencia matutina que México pone en pausa relaciones con embajadas de EE. UU. y Canadá, luego de pronunciarse al respecto de la Reforma Judicial, donde se busca que los jueces federales sean elegidos por voto directo. Foto: X @lopezobrador_
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó durante su conferencia matutina que la relación con las embajadas de Estados Unidos y Canadá está en pausa, ello luego de pronunciarse al respecto de la Reforma Judicial, donde se busca que los jueces federales sean elegidos por voto directo.
“Al embajador, con todo respeto, esto no es un asunto de pleito, de enemistades, pero cómo le vamos a permitir que él opine qué está mal lo que estamos haciendo. No vamos a decirle abandona el país, eso no, pero si le tenemos que leer la Constitución, que es como leerle la cartilla”, dijo el mandatario mexicano.
La relación con Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, dijo, “es buena, pero está en pausa”, ello, precisó desde que emitió una carta sobre la propuesta de la Reforma Judicial en México el pasado 22 de agosto.
“Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo, porque ojalá y el Departamento de Estado… porque tampoco es él, que casualidad que al mismo tiempo que se pronuncian en México, a través de la Embajada, lo hacen los canadienses, que también ‘es de pena ajena’, con todo respeto al gobierno de Canadá. Parece Estado asociado”, subrayó.
En sus declaraciones, Ken Salazar, si bien dijo que respeta la soberanía del país, expresó que a medida que los líderes en México consideran la reforma judicial, espera que el último resultado conduzca a un Poder Judicial fuerte e independiente.
“Basándome en mi experiencia de toda una vida apoyando el Estado de Derecho, creo que la elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia de México. Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política”, declaró el embajador estadounidense.
También, dijo, el debate sobre la elección directa de jueces en estos tiempos, así como la “política feroz” si se llegaran a aprobar las elecciones de jueces en 2025 y 2027, amenazan la histórica relación comercial entre México y Estados Unidos, la cual, precisó, depende de la confianza de los inversionistas en el marco legal de México.
En ese sentido, Salazar detalló que las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas.
“Comprendemos la importancia de la lucha de México contra la corrupción judicial. Sin embargo, la elección directa y política de jueces, en mi punto de vista, no resolverá dicha corrupción judicial ni tampoco fortalecerá al Poder Judicial. También debilitaría los esfuerzos para hacer realidad la integración económica de América del Norte y crearía turbulencia, ya que el debate sobre la elección directa continuará durante los próximos años”, abundó el diplomático.
Asimismo, subrayó que un Poder Judicial fortalecido en México debe contar con jueces capaces de gestionar litigios complejos para las extradiciones, disputas comerciales y otras cuestiones.
“Sin embargo, la propuesta, tal como está, elimina los requisitos necesarios de tener a los jueces más calificados, incluyendo la reducción de los años de experiencia necesarios para servir en todos los niveles del Poder Judicial”.
Un delito de odio puede tardar años en ser juzgado sin dar justicia a la víctima, tan solo en 2023, las fuerzas del orden de California denunciaron un total de mil 970 delitos motivados por el odio, pero solo cinco llegaron a juicio, según datos de la Fiscalía General de California.
Un delito de odio puede tardar años en ser juzgado sin dar justicia a la víctima; tan solo en 2023, las fuerzas del orden de California denunciaron un total de mil 970 delitos motivados por el odio, pero solo cinco llegaron a juicio, según datos de la Fiscalía General de California.
En 2021, cuando el estado experimentaba un alarmante repunte de la violencia motivada por el odio, solo un caso llegó a juicio. Las personas afrodescendientes son abrumadoramente los objetivos de este tipo de crímenes, mientras que las personas judías, musulmanas y la comunidad LGBTQ+ también están experimentando un aumento en los ataques motivados por prejuicios.
Los delitos motivados por el odio son notoriamente difíciles de probar, afirmó el fiscal general de California, Rob Bonta, haciendo eco de los comentarios de sus homólogos de todo el país. A pesar de los datos tan desalentadores, expertos aseguraron durante una sesión informativa realizada por Ethnic Media Services, que es importante denunciar los delitos de odio, aunque los índices de condena sean bajos.
Monthanus Ratanapakdee, cuyo padre fue asesinado en lo que pareció un crimen de odio, explicó que es muy difícil que cataloguen este caso como uno, debido a que no cuentan con pruebas suficientes para calificarlo y por mucho que sea evidente los fiscales solicitan más pruebas claras.
La familia pide justicia por lo ocurrido y esperan que sea juzgado como crimen de odio; Ratanapakdee comentó que es importante luchar por hacer justicia, brindarles seguridad a las comunidades vulnerables para que este acto no vuelva a ocurrir.
Kunni, una camarera que fue rociada con gas pimienta mientras sus agresores gritaban “vuelve a tu país”, comentó su caso y lo difícil que ha sido continuar con su vida después de lo ocurrido.
Explicó que, al llegar la policía, se levantó el reporte, se pidieron testigos y proporcionaron el video que tenían, sin embargo nada fue suficiente y los policías dijeron que no fue un crimen de odio, se concluyó que el ataque fue por no brindarles atención en la mesa de billar y quien la ataco con gas pimienta no tuvo ningún cargo policial.
“He tenido que ir al psicólogo todos los miércoles para manejar mi ansiedad y aun lo siento cada vez que camino en la calle, no me siento segura y tengo miedo, tengo trastorno de estrés postraumático”, comentó Kunni, quien aseguró que “después de este ataque nada es igual”.
Erin West, fiscal adjunta del condado de Santa Clara, comentó que en los casos de crimen de odio, siempre se tienen por lo menos dos personas que están al pendiente y se tratan con mucha delicadeza estos temas.
Además, lamentó profundamente el sentir de las personas que son víctimas, pues se les genera un daño que es imposible de reparar.
West habló de los desafíos que se enfrentan al trabajar en presuntos casos de odio, pues se debe determinar que fueron actos de odio y no circunstancias; para tener la certeza se busca probar cómo pensaba la persona que atacó para confirmar sus intenciones reales.
“El Condado de Santa Clara reporto que el año pasado tuvo 32 casos de crímenes de odio y de esos 20 fueron considerados como tales, pero ninguno ha llegado a juicio, por lo que las estadísticas dejan un gran sesgo entre los números”, subrayó.
Manjusha Kulkarni, cofundadora de Stop AAPI Hate, comentó que existen algunos desafíos a los que se enfrentan los casos de crímenes de odio que no permiten llegar a una solución, por ejemplo, que los policías no consideran ciertos actos como odio.
Muchos casos no son considerados por odio, pues no es claro si fue con la intención de lastimar a la comunidad de manera circunstancial o una oportunidad para sacar algún beneficio, por lo que para tener más claridad se debe ampliar los estatutos legales.
En ese sentido, Kulkarni hizo el llamado a la población para poner un alto al odio. Son 173 mil asociaciones que trabajan para proteger diversas comunidades vulnerables, pues es importante luchar para resolver los casos de odio, pero es más importante prevenirlos y sanar comunidades para evitar más actos de esta índole.
“Somos de los países más diversos, somos la quinta economía más grande del mundo y debemos detener el odio que lastima a las comunidades marginadas y por eso necesitamos todos los enfoques integrales y el apoyo disponible”, finalizó.
La Universidad Estatal de California y la Universidad de California están dando la bienvenida a los activistas estudiantiles nuevamente al campus este otoño con reglas para protestas renovadas. Foto: Manuel Ortiz P360P
La Universidad Estatal de California y la Universidad de California están dando la bienvenida a los activistas estudiantiles nuevamente al campus este otoño con reglas de protesta renovadas que señalan una línea más dura sobre los campamentos, las barreras y, bajo ciertas circunstancias, el uso de máscaras faciales.
Cal State, el sistema universitario público más grande del país, fue el primero en emitir su política el jueves, un conjunto de restricciones que rigen las reuniones públicas en los campus universitarios. El presidente de la UC, Michael Drake, siguió el lunes con una carta en la que describía sus expectativas de que los rectores del campus impongan restricciones sobre cómo los estudiantes podrían participar en las protestas este otoño.
Los dos sistemas se suman a una ola de universidades que han revisado las normas sobre cómo y dónde se puede manifestar en sus campus tras las protestas pro palestinas de la primavera pasada. Los críticos dicen que algunas restricciones más estrictas podrían limitar el derecho a la libertad de expresión.
La política de Cal State prohíbe los campamentos de tiendas de campaña y las manifestaciones nocturnas, un rasgo característico de los movimientos de protesta de la primavera tanto dentro de la CSU como en las instituciones de educación superior. También está prohibido erigir barricadas, vallas y mobiliario no autorizados.
“La política prohíbe los campamentos y quienes intenten iniciar uno pueden ser sancionados o disciplinados”, dijo la portavoz de la CSU, Hazel Kelly, en una declaración escrita a EdSource. “Los presidentes de los campus y sus funcionarios designados harán cumplir esta prohibición y tomarán las medidas adecuadas para detener los campamentos, lo que incluye dar un aviso claro a quienes infrinjan la normativa de que deben interrumpir sus actividades de campamento de inmediato”.
Kelly dijo que los campamentos “son disruptivos y pueden generar un ambiente hostil para algunos miembros de la comunidad. Tenemos la obligación de garantizar que todos los miembros de la comunidad puedan acceder a la propiedad y los programas de la Universidad”.
Los campus de la UC también prohibirán los campamentos u otras “estructuras no autorizadas”, dijo Drake en una carta a los rectores del campus el lunes por la mañana, en la que les ordena que hagan cumplir esas reglas. También dijo que deben prohibir cualquier cosa que restrinja el movimiento en el campus, lo que podría incluir protestas que bloqueen las aceras y las carreteras o nieguen el acceso a las instalaciones de la UC a cualquier persona en el campus.
“Espero que la dirección proporcionada en esta carta los ayude a lograr un ambiente inclusivo y acogedor en nuestros campus que proteja y permita la libre expresión al mismo tiempo que garantice la seguridad de todos los miembros de la comunidad al brindar mayor claridad y consistencia en nuestras políticas y su aplicación”, agregó Drake.
La UC se enfrenta a la fecha límite del 1 de octubre
Como parte del acuerdo sobre el presupuesto estatal de este año, los legisladores ordenaron a la oficina de Drake que creara un “marco sistémico” para aplicar de manera sistemática las normas sobre protestas en todos los campus de la UC. Los legisladores están reteniendo 25 millones de dólares de la UC hasta que Drake presente un informe a la Legislatura antes del 1 de octubre en el que se detallen esos planes.
Una variedad de instituciones de educación superior ha reforzado políticas que restringen las manifestaciones y reuniones similares en reacción a las protestas por la guerra entre Israel y Hamás el año escolar pasado.
Las “directrices temporales” de la Universidad de Pensilvania incluyen la prohibición de megáfonos y altavoces después de las 5 de la tarde en días lectivos, así como un límite de dos semanas para la exhibición de carteles y pancartas, según The Associated Press.
La política de la Universidad de Indiana permite “actividades expresivas” como protestas solo de 6 de la mañana a 11 de la noche y requiere aprobación previa para colgar o colocar carteles en la propiedad de la universidad. Las reglas de la Universidad del Sur de Florida estipulan que no se permiten protestas en las últimas dos semanas de un semestre, informó AP, entre otras restricciones.
Tyler Valeska, profesor adjunto de derecho en la Universidad Loyola de Chicago, dijo que si bien en el pasado una universidad no parecía muy dispuesta a aplicar estrictamente las normas de protesta, muchas ahora están anunciando un enfoque más enérgico en el futuro.
“Durante años, tal vez incluso décadas, parecía que los funcionarios universitarios tenían una política escrita y luego otra política en su enfoque real de aplicación”, dijo. “Y vimos un cambio importante con respecto a ese status quo en la primavera, cuando las universidades de todo el país comenzaron de repente a aplicar políticas que habían estado en los libros durante años o décadas, pero que nunca se habían aplicado realmente contra el discurso estudiantil relativamente no disruptivo”.
“Puede ser que las universidades estén promocionando sus políticas sin ninguna intención real de aplicarlas estrictamente, pero en base a lo que vimos en la primavera, eso me sorprendería”, añadió.
Se aplica a todos los campus de Cal State
La política provisional de Cal State se aplica a los 23 campus del sistema y reemplaza las normas de cada escuela. Los directivos de la universidad siguen teniendo discreción en cuestiones específicas, como determinar qué edificios y espacios del campus se consideran áreas públicas y en qué horas del día se puede acceder a esos espacios, lo que explicarán además de la política para todo el sistema.
La carta de Drake a los rectores del campus no es una política para todo el sistema. En cambio, su carta ordena a cada campus que elabore sus propias políticas. Esas políticas deben cumplir ciertos requisitos, incluida la prohibición de los campamentos.
Es probable que algunos campus ya cuenten con las políticas necesarias, dijo Drake en su carta. Si no las tienen, deberían desarrollar o modificar las políticas existentes lo antes posible, agregó. En cualquier caso, cada campus debe proporcionar un documento o una página web que describa esas políticas.
Los dos sistemas universitarios de cuatro años de California han sido objeto de críticas por la forma en que respondieron a las protestas en solidaridad con Palestina esta primavera. Algunos líderes del campus abordaron a los activistas estudiantiles con suavidad, permitiendo que los estudiantes acamparan durante la noche en los patios de manera pacífica y negociando con los representantes hasta que desmantelaran voluntariamente los campamentos. Pero cuando estallaron conflictos entre manifestantes, contra manifestantes y administradores en algunos campus, los líderes universitarios llamaron a las fuerzas del orden para que desmantelaran los campamentos y arrestaran a los estudiantes que no acataron las órdenes de dispersarse.
Aspectos destacados de ambos sistemas
Las nuevas pautas de protesta sugieren que Cal State y UC ahora se dirigen aproximadamente en la misma dirección, adoptando una postura más firme contra prácticas que aparecieron con frecuencia en las protestas de primavera.
Los aspectos más destacados de las políticas incluyen:
Acampada: La política de Cal State prohíbe “los campamentos de cualquier tipo, las manifestaciones nocturnas… y el merodeo nocturno”. Prohíbe el uso de parafernalia para acampar, incluidos vehículos recreativos y tiendas de campaña. Llevar “grandes cantidades de pertenencias personales” al campus sin permiso también está prohibido, excepto en los casos permitidos en las residencias de estudiantes y los espacios de trabajo universitarios. La carta de Drake ordena a los rectores de la UC que aclaren sus políticas para dejar en claro que no se permite montar un campamento, una tienda de campaña o una estructura de alojamiento temporal sin autorización previa.
Barricadas y otras estructuras: Drake solicita a los campus que se aseguren de que sus políticas prohíban la construcción de estructuras no autorizadas en el campus. La política provisional de Cal State también incluye una serie de estructuras temporales y permanentes (carpas, plataformas, puestos, bancos, edificios, materiales de construcción (como ladrillos, palés, etc.), paredes, barreras, barricadas, vallas, estructuras, esculturas, portabicicletas o muebles) que no están permitidas sin permiso.
Uso de mascarillas y negativa a identificarse: la carta de Cal State y Drake invoca la misma política sobre el uso de mascarillas casi al pie de la letra. Ambos advierten que no se permiten las mascarillas ni otros intentos de ocultar la identidad “con la intención de intimidar y acosar a ninguna persona o grupo, o con el propósito de evadir o escapar del descubrimiento, reconocimiento o identificación en la comisión de violaciones” de leyes o políticas relevantes. Además, el lenguaje de Cal State señala que las mascarillas están “permitidas para todas las personas que cumplan con las políticas de la Universidad y las leyes aplicables”. De manera similar, ambos sistemas prohíben que las personas se nieguen a identificarse ante un funcionario de la Universidad que actúe en su carácter oficial en el campus.
Restricción de la libre circulación: La carta de Drake enfatiza que las políticas del campus deben prohibir restringir la libre circulación de otra persona, por ejemplo, bloqueando pasillos, ventanas o puertas de manera que se niegue el acceso a las instalaciones de la universidad. La orientación llega días después de que un juez federal emitiera una orden preliminar que prohibía a la UCLA “permitir o facilitar deliberadamente la exclusión de estudiantes judíos” en su campus. La política provisional de Cal State incluye advertencias generales contra acciones que “impidan o restrinjan la libre circulación de cualquier persona” y bloqueen calles, pasillos, estacionamientos u otros caminos para peatones y vehículos.
Kelly, portavoz de la CSU, dijo que las secciones de la política sobre campamentos, el uso de barricadas y cubiertas faciales “no son nuevas y ya están vigentes en su mayor parte en cada universidad y en la Oficina del Rector”.
En la primavera, los estudiantes construyeron campamentos en los campus de la UC, incluidos UCLA y UC San Diego, así como en los campus de Cal State, incluidos Sacramento State y San Francisco State. Bobby King, portavoz de San Francisco State, dijo que la escuela concedió a los estudiantes la primavera pasada una excepción a la política de horario, lugar y modales del campus.
“La nueva política de la CSU creará una mayor urgencia para resolver una situación como la que tuvimos la primavera pasada”, dijo. “Obviamente, con la nueva política en vigor, los líderes del campus que interactúan con los estudiantes tendrán que transmitir esa urgencia”.
La política provisional de Cal State adopta un enfoque integral para definir lo que está permitido y lo que no durante las manifestaciones, prohibiendo artículos como armas de fuego, explosivos y chalecos antibalas, así como acciones como disparar flechas, trepar postes de luz y orinar en público. La política prohíbe las manifestaciones en las residencias universitarias, incluidas las casas de los empleados que viven en las instalaciones de la universidad cuando “no se celebren eventos públicos”.
La directiva de Drake describe un sistema escalonado que establece cómo los campus deben vigilar a las personas que violan alguna regla. Primero se les informaría de la infracción y se les pediría que dejen de hacerlo. Si no lo hacen, el siguiente paso sería advertirles de las posibles consecuencias.
Después de eso, la policía de la UC o el jefe de bomberos del campus local podrían emitir órdenes que podrían incluir un anuncio de reunión ilegal, una orden de dispersarse o una orden de identificarse. Si la conducta no cambia en ese momento, las personas involucradas podrían ser citadas por violación de la política de la universidad y, si están infringiendo una ley, también podrían ser detenidas y arrestadas. La policía podría ordenarles que se mantengan alejados de los campus por reincidencia o lo que consideren infracciones más graves.
Ese sistema de respuesta, sin embargo, “no es una prescripción rígida que abarque todas las situaciones”, afirma la guía.
La política provisional de Cal State entra en vigencia de inmediato para los estudiantes y empleados no sindicalizados, dijo Kelly. Los empleados sindicalizados trabajarán bajo las políticas del campus negociadas previamente hasta que se complete un proceso de reunión y consulta para la nueva política.
Se pidió a cada campus de Cal State que explicara más detalles
Cal State Dominguez Hills y Stanislaus State fueron los primeros dos campus en publicar adendas para sus escuelas al momento de la publicación.
El anexo de Dominguez Hills, por ejemplo, enumera las zonas en las que se permiten protestas sin cita previa, incluido el césped norte frente a la Unión de Estudiantes de Loker y un jardín de esculturas adyacente al Teatro Universitario. Pero el documento limita los eventos en esos lugares al horario comprendido entre las 7:00 a. m. y las 11:00 p. m. y solo permite “discursos y expresiones sin amplificación”.
La política específica del campus también describirá las restricciones sobre carteles, pancartas y tiza. El anexo de Dominguez Hills prohíbe el uso de palos o postes para sostener carteles portátiles, no permite que los carteles “se fijen con cinta adhesiva a ningún edificio del campus, letreros de directorio, cercas, barandillas o postes de luz exteriores” y, por defecto, limita el período de colocación de los carteles a dos semanas. También incluye una lista de “lugares designados para colocarlos” en el campus.
Margaret Russell, profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa Clara, dijo que la política de Cal State está claramente motivada por el deseo de minimizar las interrupciones causadas por las protestas. Russell dijo que, aunque muchas de las restricciones apuntan a la conducta de los estudiantes en lugar de a su expresión, le preocupa el lenguaje general que parece exigir permiso por escrito para colocar carteles, letreros, pancartas y tizas.
Russell dijo que ese lenguaje podría crear “un efecto paralizante” porque “es potencialmente tan amplio y de largo alcance que la gente no sabe de antemano qué está permitido y qué no”.
“El mensaje general es: ‘Ten cuidado. Ten cuidado cuando expresas tu opinión en voz alta’. Por eso, para mí, parece que suprime la libertad de expresión, que es probablemente lo que quieren”, dijo.
Kelly, portavoz de Cal State, dijo que la política en general pretende describir cómo se puede utilizar la propiedad de las universidades sin inhibir la libertad de expresión.
“En general, no se requiere una autorización escrita individual para colocar carteles, a menos que la persona intente hacerlo en un lugar donde no está permitido”, explicó. “Esta regla no se aplica a los carteles y letreros que la gente lleva consigo o utiliza personalmente”.
Una declaración del 14 de agosto de la Asociación Americana de Profesores Universitarios (AAUP) no mencionó ninguna universidad, pero criticó ampliamente a las administraciones escolares por políticas que, según dijo, “socavan gravemente la libertad académica y la libertad de expresión y de palabra que son fundamentales para la educación superior”.
“Muchas de las últimas políticas sobre actividades expresivas limitan estrictamente los lugares donde pueden realizarse manifestaciones, si se puede utilizar sonido amplificado y los tipos de publicaciones permitidas”, afirma el comunicado. “Con duras sanciones por infracciones, las políticas en general disuaden a los estudiantes y profesores de participar en protestas y manifestaciones”.
La declaración de la AAUP señala que algunas instituciones han llegado al extremo de exigir a los grupos de protesta que se registren con antelación. La AAUP sostiene que esas disposiciones bloquean de manera efectiva las protestas espontáneas y pueden desalentar a los manifestantes que desean evitar la vigilancia.
La declaración de la AAUP se produjo un día después de que el Consejo Estadounidense de Síndicos y Antiguos Alumnos (ACTA) publicara una “guía para prevenir campamentos y ocupaciones en el campus”. La guía alienta a las universidades a prohibir los campamentos y a actuar con decisión para castigar a los estudiantes que violen esas políticas.
“Una vez que un campamento ha ocupado el campus, la institución tiene muy pocas opciones para evitar un espectáculo desagradable que, en el mejor de los casos, hará que la administración parezca ineficaz e incluso que la junta parezca negligente”, dice la guía. “Negociar y hacer concesiones son invitaciones a más y mayores demandas. Envalentonan a otros a emplear tácticas coercitivas similares en el futuro y socavan aún más la misión de la universidad”.
La política provisional de Cal State dice que la universidad asume su obligación de apoyar el libre intercambio de información e ideas, pero que dicha libertad de expresión “está permitida y apoyada siempre que no viole otras leyes o políticas y procedimientos de la Universidad”.
Kelly, portavoz de Cal State, dijo que el sistema universitario “da el máximo valor a fomentar el discurso saludable y el intercambio de ideas de una manera segura y pacífica, manteniendo un ambiente de aprendizaje y trabajo que respalde el intercambio libre y ordenado de ideas, valores y opiniones, reconociendo que los individuos crecen y aprenden cuando se enfrentan a diferentes puntos de vista, formas alternativas de pensar y valores conflictivos”.
