Organizaciones comunitarias del Valle Central californiano han logrado sentar un precedente en materia de libertad de expresión, ello luego de una demanda en la que el Departamento de Justicia de California (DOJ, por sus siglas en inglés) dictaminara que el condado de Kern violó los derechos de libertad de expresión de estas, al negarles contratos por emitir su opinión.
Y es que, el pasado 7 de diciembre, el fiscal general de California, Rob Bonta, anunció la resolución del DOJ, la cual precisa que, tras una investigación (de dos años), el condado de Kern violó los derechos de libertad de expresión de una coalición de organizaciones comunitarias y una pequeña empresa, al negarse a ingresar y firmar contratos con ellos por haber realizado actividades de libertad de expresión, específicamente, por mostrar su apoyo para desfinanciar a determinadas agencias policiales en el marco del movimiento Black Lives Matters.
Reyna Olaguez, directora ejecutiva de South Kern Sol, una organización en el Valle Central, recordó durante una entrevista con Manuel Ortiz durante el programa Península 360 Radio, en colaboración con Marcos Gutiérrez de “Hecho en California“, que si bien la resolución del DOJ es buena, los que realmente se vieron perjudicados con la falta de esos contratos, fueron los propios residentes del condado de Kern, en especial los más vulnerables, entre los que se encuentran trabajadores del campo y la construcción que no hablan inglés.
Olaguez, quien también es politóloga, contó que, en octubre de 2020, cuando la pandemia por COVID-19 azotaba al mundo entero, organizaciones, entre las cuales estaba aquella a la que representa, coincidieron en que, al haber diversas comunidades que no hablan inglés y tampoco español en el condado de Kern, era muy importante presentarle al director de salud pública local, una propuesta de apoyo, en la cual pudieran llevar información precisa sobre el virus SARS-CoV-2 a aquellos que lo necesitaran en el idioma que pudieran entender.
“Nosotros le propusimos al director de salud pública del condado de Kern que nosotros le podíamos ayudar a dar información a la comunidad, sobre lo que estaba pasando con la pandemia, porque era muy nuevo y esto pasó en octubre de 2020”, relató.
La propuesta fue muy bien recibida e, incluso, se les pidió iniciar inmediatamente, para lo cual, era necesario generar un contrato entre las partes.
“Nos dijo: ‘sí, por favor empiecen el trabajo, esto me llegó caído del cielo porque no sabía que podía yo contar con ustedes para que me pudieran ayudar a hacer este trabajo tan importante, el Departamento de Salud Pública no lo podía hacer solo’. Ellos estaban súper agradecidos de que nosotros les propusimos esto. El contrato iba a ser de un millón de dólares e íbamos a contratar a seis organizaciones para que hicieran el trabajo”, precisó.
Olaguez puntualizó que las organizaciones eran diferentes, pues algunas alcanzaban a la comunidad afrodescendiente, otra más a las comunidades indígenas, y una a las personas de India.
Si bien todo el ambiente entre las organizaciones era muy bueno y estaban avanzando en cómo cubrir la información y todo lo relacionado, aún faltaba firmar el contrato.
“Era muy bonita la colaboración con todas las organizaciones, pero todavía el contrato necesitaba ser firmado por los supervisores del condado de Kern, y aquí la política es muy conservadora, los supervisores a veces no nos ven de muy buena forma a las organizaciones que tratamos de ayudar a la comunidad que más lo necesita”, dijo.
Llegó el momento de que la Junta de Supervisores votara a favor de la propuesta, y ahí todo se vino abajo.
“Uno de los supervisores dijo que tenía un problema con ese contrato porque algunas de las organizaciones habían compartido mensajes durante el tiempo de Black Lives Matter Movement, de que la policía no necesitaba tanto dinero, entonces por eso nos quitaron el contrato, y esto llamó la atención del fiscal general del estado de California y del Departamento de Justicia, y ellos lanzaron una investigación que lo duró dos años”, abundó.
“Apenas el jueves pasado anunciaron que el condado de Kern sí discriminó contra nuestros derechos constitucionales porque sí tenemos el derecho de compartir lo que nosotros sentimos con nuestra voz, pero ellos nos castigaron porque compartimos algo que nosotros sentíamos y nos quitaron el contrato que era súper importante”, agregó.
Reyna Olaguez destacó que, al negar los contratos, “también negaron a la comunidad más vulnerable recibir educación crítica sobre COVID en un tiempo muy crítico sobre la pandemia. Era también cuando apenas estaba pasando todo, era todo nuevo para todos y la comunidad no estaba recibiendo la información necesaria de la pandemia”.
Cabe destacar que el condado de Kern tiene ciudades como Bakersfield y Taft, donde vive mucha gente indígena que no habla inglés.
A lo anterior, la también nacida en Durango, México, contó que, si bien no se había firmado un contrato, a las organizaciones se les pidió iniciar lo antes posible con el trabajo, por lo que se empezó a entrenar a 40 personas que fungirían como promotores que divulgarían la información.
“Nosotros empezamos a trabajar, pero después de 20 días nos dijeron ya cancelaron el contrato, que paremos todo el trabajo, que ya no íbamos a seguir adelante con el contrato”.
Sin embargo, apuntó que el trabajo sí se realizó meses después gracias a fundaciones que escucharon lo que sucedió y decidieron ayudarles, no con el millón de dólares, pero si con 50 mil dólares para cada organización con la finalidad de que se lograra el objetivo por seis meses.
Luego de la investigación y resolución, se logró llegar a un acuerdo con el condado de Kern, el cual no entregará dinero a las organizaciones, pero sí tendrá que trabajar con ellas para que situaciones como esa no vuelvan a ocurrir.
De acuerdo con la resolución emitida por DOJ, las partes trabajaron juntas para negociar y acordar un plan integral; la sentencia estipulada establece que el condado tomará medidas correctivas en el transcurso de un período de supervisión mínimo de tres años, cuya supervisión estará a cargo del Departamento de Justicia y de un experto en libertad de expresión externo seleccionado conjuntamente por las partes.
Según la sentencia estipulada, el condado de Kern deberá, entre otras cosas, adoptar y difundir una Política de libertad de expresión en todo el condado, designar un Coordinador de Quejas, desarrollar y brindar capacitación anual a los miembros de la Junta de Supervisores y otro personal del condado sobre la Política de Libertad de Expresión.
Olaguez aclaró que las organizaciones solicitarán crear un fondo de equidad para el condado de Kern, con la finalidad de organizaciones apliquen a él cuando sea necesario hacer alcance comunitario en diferentes lenguajes.
Reyna fue clara: “de los residentes que se murieron a causa de COVID en el condado de Kern, fueron 2 mil 267, y yo creo que, si hubiéramos empezado esta campaña más temprano, quizás hubiéramos salvado algunas de estas vidas, porque de todos ellos, mil 370 eran latinos, 151 eran afrodescendientes, y mil 596 eran hombres, y esa es la cosa, que se murieron más hombres que mujeres. Yo pienso que hubiéramos podido salvar algunas vidas y por eso estamos contentos de los resultados de la investigación”.
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