Por Sunita Sohrabji. Ethnic Media Services.

Un nuevo informe del Departamento de Justicia de California señala que los crímenes de odio contra los asiáticos se han reducido drásticamente desde el año pasado. Pero los defensores de los derechos civiles dicen que los datos no reflejan con precisión las amenazas que sigue enfrentando la comunidad.

Los crímenes de odio contra los estadounidenses de origen asiático se redujeron en 43 por ciento durante 2022 en California, según un nuevo informe del Departamento de Justicia del estado. Pero los líderes de la comunidad de AAPI creen que los datos representan un conteo insuficiente.

En 2022, el Departamento de Justicia contó 140 delitos de odio contra asiático-americanos, en comparación con 247 en 2021. La caída se produce en medio de un aumento general de 20 por ciento en los delitos de odio en California, de mil 763 en 2021 a 2 mil 120 en 2022.

Como en años anteriores en California, la etnia más afectada son los afroamericanos que sufrieron 652 ataques en 2022, un aumento de 27 por ciento con respecto al año anterior. Los delitos de odio contra la comunidad LGBTQ+ también están aumentando, con un incremento de casi 39 por ciento. Mientras que los ataques contra personas transgénero aumentaron 56 por ciento en el estado dorado progresista.

Intimidación y rechazo

Los datos del portal web Stop AAPI Hate señalan que más de 11 mil actos de odio contra asiático-americanos e isleños del Pacífico han sido reportados al sitio desde marzo de 2020, incluyendo discriminación, intimidación, acoso, rechazo o agresión. Muchos de estos actos de discriminación pueden ser violaciones de los derechos civiles, pero aun así no se denuncian.

Un nuevo informe de la organización concluye que más de la mitad de los AAPI han sufrido algún tipo de discriminación.

Manju Kulkarni, quien cofundó Stop AAPI Hate en 2020 con sus compañeros activistas de derechos civiles Cynthia Choi y Russell Jeung, dijo a Ethnic Media Services que no ha visto una disminución en la cantidad de incidentes de odio informados al portal en 2022. «Los números que nos informaron se han mantenido bastante estables», dijo.

Elecciones 2024

La comunidad sigue viviendo con miedo, dijo Kulkarni. «Tenemos preocupaciones importantes sobre las elecciones de 2024 en el panorama político actual, y creemos que los delitos e incidentes de odio seguirán siendo un problema».

Muchos AAPI no denuncian los ataques de odio, dijo Kulkarni, y agregó que temen a las fuerzas del orden público o que protegen su estatus migratorio. Ver un informe de un crimen de odio en los medios a veces los alerta para que reconsideren su propio roce con el odio y si también puede haber sido un crimen, señaló.

Kulkarni también refirió que la mayoría de los informes en el portal consisten en incidentes de odio que no involucran a un elemento criminal. «La mayoría de las agencias de aplicación de la ley no tienen que recopilar datos de incidentes de odio, informarlos o hacer referencias a otras agencias. Crea una brecha para los miembros de la comunidad que no saben a dónde acudir», subrayó.

Globos espía

Los crímenes de odio y los incidentes contra la comunidad AAPI han aumentado dramáticamente desde 2020, debido en parte a que los políticos de ambos lados del pasillo vilipendian a China como el «enemigo público número 1». La percepción de que China fue responsable de la pandemia de Covid-19, una relación comercial dañada y las acusaciones de que los «globos espía» chinos sobrevolaban los EE. Asiático del este.

La discriminación contra los estadounidenses de origen chino ha tomado varias formas más allá de los delitos e incidentes de odio. Varios estados han intentado volver a promulgar la Ley de Tierras Extranjeras de 1913, en la que se prohibía a los ciudadanos chinos comprar tierras. En Florida, la legislación entró en vigencia el 1 de julio que prohíbe a los ciudadanos chinos comprar casas o tierras agrícolas cerca de instalaciones militares o «infraestructura crítica» vagamente definida. Un proyecto de ley similar murió en la Legislatura del estado de Texas esta primavera, pero otros estados están considerando sus propias prohibiciones.

Un proyecto de ley que está siendo considerado por la Legislatura del estado de Luisiana no permite que los ciudadanos chinos alquilen apartamentos o casas.

Presupuesto de acciones de API

En 2021, el gobernador Gavin Newsom presentó el presupuesto de equidad API por 165 millones de dólares, asignando fondos a organizaciones y medios de comunicación AAPI basados ​​​​en la comunidad con el objetivo de detener los delitos e incidentes de odio contra los asiáticos, y también para cambiar las narrativas estereotipadas sobre la comunidad. El gobernador asignó 40 millones adicionales al fondo en el presupuesto de este año.

«Estamos comenzando a ver el impacto de la subvención», dijo Kulkarni a EMS, y agregó que los programas de intervención directa están en pleno apogeo. Programas como la línea directa CA vs Hate, donde una víctima puede denunciar un delito y recibir servicios de apoyo gratuitos, LA vs. Hate, que brinda servicios similares, así como el Departamento Civil y de Derechos Humanos y Equidad de Los Ángeles, brindan los recursos y oportunidades necesarios para la rendición de cuentas y la reparación, apuntó.

Además, una encuesta realizada por Stop AAPI Hate en colaboración con el Centro Nacional de Investigación de Opinión de la Universidad de Chicago, concluyó que la comunidad AAPI confía más en las organizaciones comunitarias. «El financiamiento es fundamental para la intervención y la prevención», explicó.

Los resultados de la encuesta NORC se publicarán en agosto.

Puede consultar la nota original dando clic aquí.

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Integrantes de la Misión internacional de Observación y Defensa de los Derechos Humanos, compuesta por 10 organizaciones civiles sin fines de lucro, urgieron a las autoridades peruanas a detener la criminalización contra movilizaciones y protestas sociales en Perú.

A través de una carta firmada por el conglomerado de la Misión, se destacó que la crisis política e institucional que atraviesa Perú es una de las más severas de su historia republicana, todo ello derivado de la detención del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, cuando dio inicio el gobierno de Dina Boluarte y su Gabinete.

Detallaron que, ante la falta de reconocimiento de la voluntad ciudadana, el gobierno decidió, a través de «Estados de Emergencia» sin garantías de derechos básicos, utilizar la violencia como mecanismo de represión contra pueblos indígenas y originarios del sur andino, Lima y norte.

Lo anterior, dejando un saldo de más de 72 muertos, 900 heridos y cientos de personas detenidas.

«La impunidad ante estos crímenes de estado ha sido gravísima y además ha creado dificultades para la persecución penal a través de la centralización de las carpetas de las fiscalías regionales», subrayó la misión internacional.

En ese sentido, las organizaciones precisaron que las demandas del pueblo peruano están centradas en: cierre del congreso, asamblea constituyente para una nueva constitución, nuevas elecciones y renuncia de Dina Boluarte y su Gabinete y la libertad del expresidente Pedro Castillo.

Y es que, dijeron, a pesar de la violencia y represión, así como la lentitud en el esclarecimiento de las autoridades responsables de las personas fallecidas, heridas, arbitrariamente detenidas y desaparecidas, a la fecha persiste la impunidad sin que exista una sola sentencia pese a los informes y recomendaciones de la ONU, CIDH, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y misiones internacionales.

Así, informaron que el próximo 19 de julio se llevará a cabo la tercera «TOMA DE LIMA», que concentrará nuevamente a los familiares de las víctimas, ciudadanos, estudiantes, activistas de derechos humanos ejerciendo su legítimo derecho de movilización y protesta social

«No se puede estigmatizar ni criminalizar el derecho humano a la movilización y protesta social que ha sido reconocido internacionalmente, así como por el derecho constitucional jurisprudencia nacional de Perú. Esto se ha dado a través de un proceso propio de criminalización, que se conoce históricamente como “terruqueo”», recordaron.

Ante ello, las organizaciones denunciaron las decisiones del gobierno contra el pueblo peruano manifestante.

«Denunciamos y rechazamos decisiones y actitudes autoritarias y represivas del gobierno peruano liderado por Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, que ponen en condiciones de mayor vulnerabilidad al pueblo peruano y especialmente a los pueblos indígenas y originarios».

A las denuncias, la misión sumó el rechazo a la presencia en territorio peruano de las tropas de Estados Unidos, destinadas a proteger los intereses económicos de las compañías extractivistas, como las mineras y petroleras, situación que ha intensificado el clima generalizado de intimidación social y represión. 

«Exigimos el cese de la campaña de intimidación, desinformación y pánico social, asociando la “TOMA DE LIMA” a organizaciones denominadas terroristas, como Sendero Luminoso», puntualizaron. «Hacemos un llamado a la comunidad internacional a mantenerse vigilante para evitar nuevos crímenes de lesa humanidad e impunidad en el Perú».

La carta fue firmada por TICPM ‒Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento – México‒; CESJUL ‒Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos – Colombia‒; Grupo de Trabajo ‒GT‒ «Fronteras, Regionalización y Globalización» del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales ‒CLACSO‒; National Lawyers Guild San Francisco Bay Area ‒Estados Unidos‒; Global Exchange ‒Estados Unidos‒; y el Instituto Ambientalista Natura ‒Perú‒.

Así como el Comité de Solidaridad con Perú ‒México‒; la Asociación Americana de Juristas ‒AAJ‒; International Association of Democratic Lawyers ‒IADL‒, incluyendo sus filiales nacionales en la India, Turquía, Reino Unido, e Italia; y el International Association of People’s Lawyers ‒IAPL‒.

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Pese al contexto político que se vive en Guatemala, hispanos en California se preparan para segunda vuelta de elecciones generales en Guatemala.

Guatemaltecos elegirán a su próximo presidente en la segunda vuelta. Sandra Torres Casanova, del partido Unidad Nacional de la Esperanza ‒UN‒ con 15.85 por ciento, y Bernardo Arévalo del Partido Semilla con 11.77 por ciento de los votos registrados en primera vuelta, son los dos candidatos oficiales que avanzan, entre los 22 candidatos que participaron en la primera contienda a la presidencia. 

En contexto, después de un recuento de actas tras el fallo emitido por la Corte de Constitucionalidad ‒CC‒ a favor de nueve partidos políticos. La Corte Suprema de Justicia ‒CSJ‒ del país centroamericano, rechazó otro recurso legal presentado por partidos políticos que buscan el recuento de las papeletas. Finalmente, este miércoles, el Tribunal Superior electoral ‒TSE‒ oficializó resultados y confirmó a Sandra Torres y Bernardo Arévalo para la segunda vuelta el próximo 20 de agosto.

Voto guatemalteco en EE. UU. para segunda vuelta

Deacuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, en las elecciones de primera vuelta se empadronaron 90 mil 708 guatemaltecos en EE. UU. Pese a ello, los resultados no fueron alentadores debido a que se registraron solo mil 443 votos, lo que significó 1.5908 por ciento del total. Ante ello, el abstencionismo fue arrollador, pues 89 mil 265 ‒98.4092 por ciento‒ electores en Estados Unidos no hicieron efectivo su derecho.

La Junta Electoral del voto en el Extranjero del TSE habilitó al menos 17 Centros de Votación en 17 ciudades. En cuatro suscripciones: sureste, centro, noreste y oeste de Estados Unidos. Para un total de 93 mesas de votación. 

Hace cuatro años, en 2019, para las elecciones generales de Guatemala, se registraron 63 mil 696 guatemaltecos aptos para emitir su voto, de las cuales solo 734 emitieron el sufragio, según datos del TSE.

Para los connacionales que residen en San Francisco, California, y áreas vecinas, durante las elecciones generales 2023, se habilitaron dos centros de votación, uno en el City College, ubicado en el 1125 de Valencia St, y otro más en el Consulado de Guatemala que se encuentra en el 659 A de Merchant Street, y hasta el momento no hay cambios de sede por parte del TSE para que los votantes acudan a emitir el sufragio.

Voto de esperanza

El panorama no es muy reconfortante, pero el optimismo se mantiene, ya que hay guatemaltecos que tienen la esperanza de poder emitir su voto y, con ello, poder ser parte del proceso electoral para elegir al próximo presidente de Guatemala. 

«No veo mucho cambio, pero iremos a dejar nuestro grano de arena en las urnas», dijo Efrain Rojas Marroquín, guatemalteco residente en East Palo Alto.

Marroquín, afirmó que no hay mucha información del proceso electoral para los hispanos en el área.  «Tengo esperanza de regresar a Guatemala, mi familia está allá, por lo que veo importante mi voto», resaltó. 

Recientemente, la presidente magistrada del Tribunal Supremo Electoral, Elizabeth Palencia, hizo un llamado al voto para el próximo 20 de agosto, ya que es un derecho de participación. 

Requisitos para que guatemaltecos en EE. UU. emitan su voto

Todos aquellos guatemaltecos que deseen participar en la segunda vuelta de la contienda electoral deben cumplir con ciertos requisitos. Deben estar debidamente empadronado por la comisión de empadronamiento del Tribunal Supremo Electoral que cerró el proceso en marzo del presente año, además de contar con el Documento Personal de Identificación ‒DPI‒ vigente. 

Los interesados pueden consultar dónde pueden emitir su voto de acuerdo a su empadronamiento a través de la página web https://migrante.tse.org.gt/home de la Unidad Especializada sobre el voto en el extranjero ‒UEVE‒ del TSE.

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