Ante el aumento de casos en el Condado de San Mateo por la variante Ómicron de COVID-19 se han implementado nuevas medidas sanitarias en los centros de detención, con el fin de proteger a los presos y al personal que ahí labora.
En un comunicado de la Oficina del Sheriff del condado de San Mateo se explica que ante el crecimiento de casos y con el fin de disminuir el contagio las visitas han sido canceladas.
Sólo se permitirán visitas de abogados, y las ordenadas por la corte serán aceptadas hasta próximo aviso. También el uso de mascarillas N-95 o KN-95 es obligatorio para todo el personal dentro de los centros y para los presos que irán a corte tendrán que utilizar mascarillas N-95 o KN-95.
Todos los nuevos encarcelados serán puestos en cuarentena por reglas de la CDC, según la oficina del Sheriff.
Para el personal, las vacunas contra el COVID-19 no han sido requeridas pero sí recomendadas.
En el caso de las detenciones se deberán hacer pruebas una vez a la semana. Si algún preso presenta síntomas de COVID-19 serán puestos en cuarentena. Todos los presos llenarán cuestionarios de salud y serán sometidos a un intensivo examen médico, especifica el comunicado.
Enfermeras del Área de la Bahía se preparan para realizar una serie de manifestaciones este jueves 13 de enero, en nueve hospitales de la zona, con el fin de exigir condiciones de trabajo más seguras.
La acción sindical, planeada por la Asociación de Enfermeras de California/National Nurses United y Caregiver Healthcare Employees Union, también condenará la decisión anunciada el sábado por el Departamento de Salud Pública de California que permite a los trabajadores asintomáticos que dan positivo a COVID-19, regresar al trabajo de inmediato sin aislamiento o pruebas.
Se prevén actuaciones en distintos momentos en los siguientes hospitales de la región:
6:30 am: Universidad de California, Centro Médico de San Francisco, Campus de Parnassus, San Francisco.
La marcha y desfile anual realizada en San Francisco en honor a Martin Luther King Jr. se canceló este año debido a la pandemia por COVID-19.
El sitio web de la Fundación Comunitaria Dr. Martin Luther King, Jr. del norte de California, con sede en San Francisco, tiene una alerta que pospone hasta 2023 el desfile y el festival de música en un parque del centro, misma que había sido programada para el lunes 18 de enero.
Sin embargo, la ciudad, junto con el comité de eventos de celebración del cumpleaños del doctor King, la NAACP del condado de Hayward-South Alameda, el distrito escolar unificado de Hayward y Chabot College, retransmitirá el evento de celebración virtual de 2021 en el canal de cable 15 de KHRT y en el canal de YouTube de la ciudad.
La retransmisión comienza a las 4:30 pm el 17 de enero.
Según el sitio web de la organización, la cancelación es «para apoyar los esfuerzos de nuestra región en la lucha contra los impactos de la última transmisión de COVID-19 durante la ola actual de ómicron, al tiempo que mantenemos nuestro compromiso con el servicio y la comunidad».
La cancelación en San Francisco sigue al anuncio realizado hace una semana al otro lado de la bahía, en Hayward, de posponer otro desfile en honor a King.
Los miembros del comité del evento están trabajando con organizaciones patrocinadoras y líderes comunitarios para programar una fecha y un lugar alternativos en 2022, y así poder celebrar y reconocer presencialmente el legado del luchador en pro de los derechos humanos.
HORIZONTAL – Police car lights for stories with crime, accidents or other emergencies as logo or placeholder. (Special to Bay City News/ArtOlympic)
De acuerdo con datos de la Patrulla de Carreteras de California, la violencia armada en las autopistas del Área de la Bahía se han disparado en los últimos tres años; los tiroteos se han duplicado, lo que se suma a la creciente inseguridad.
De acuerdo con el medio NBC, la Patrulla de Caminos de California señaló que hubo 82 tiroteos en las autopistas del Área de la Bahía en 2019, los cuales resultaron en seis muertes y 50 heridos.
En tanto, en 2020, aumentó en más de 50 por ciento, a 124, con cinco personas muertas y 54 heridas; para 2021, el número de tiroteos llegó a 178: ocho personas murieron y 62 fueron heridas.
Entre las autopistas con mayor número de incidentes de violencia con armas de fuego, se ubican la Interestatal 80, con 86 desde 2019; seguida por la I-580 con 79 y la I-880 con 57, durante los últimos tres años.
El medio también destacó que, de acuerdo con las autoridades, los tramos de carretera más peligrosos en 2021 fueron en la I-580 en el condado de Alameda con 31 tiroteos.
Le sigue la ruta estatal 4 en el condado de Contra Costa,en donde se registraron 23 tiroteos; la I-880 en el condado de Alameda, siguió con 21, y la I-80 en el condado de Solano con 15 de estos delitos.
A su vez, se suma el tramo de la I-80 en el condado de Contra Costa con 14.
Si bien es cierto que los datos muestran que el número de tiroteos aumentó, también lo es el de que los arrestos disminuyeron durante el mismo lapso.
En 2019, con 82 tiroteos y seis muertes, se realizaron 22 arrestos, lo que representa 17 por ciento de todos los casos.
Para 2020, cuando el número de tiroteos aumentó a 124, solo hubo 16 arrestos, lo que significa que hubo algún detenido en sólo el 11 por ciento de los eventos.
Y en 2021 con 178 y ocho muertes solo hubo 22 arrestos, 10 por ciento de todos los incidentes.
A estos números, se sumó el tiroteo fatal registrado el martes por la tarde, en donde un recluta del alguacil del condado de Alameda perdió la vida mientras conducía hacia el oeste por la Interestatal 580.
A inicios de diciembre de 2021, autoridades del condado de San Mateo dijeron que recolectaron 425 armas de fuego durante un evento de recompra realizada en San Carlos.
En dicho evento, se pagaron 100 dólares por pistola, escopeta o rifle y 200 por arma de asalto.
Entre las 425 recolectadas, seis eran armas de asalto y tres «fantasma».
El mes pasado, la Junta de Supervisores del Condado de San Mateo aprobó gastar hasta 208 mil dólares en reservas de los ingresos recaudados a través de la Medida K, una extensión de 2016 aprobada por los votantes, de un impuesto a las ventas de medio centavo.
La Oficina del Sheriff del condado agregó 100 mil dólares y el grupo comunitario Citizens for a San Mateo County Gun Buyback contribuyó con 67 mil dólares para financiar los eventos.
Dos eventos más de recompra de armas se llevarán a cabo este año, según el condado.
A este tipo de acciones se han sumado otros condados del Área de la Bahía, con la intención de reducir la violencia armada en toda la zona.
Giselle Hale, alcaldesa de Redwood City, anunció este martes su postulación para obtener un escaño en la Asamblea estatal.
Hale, quien ha estado en el Concejo de Redwood City desde 2018, contiende por un lugar en el Distrito 21, ubicado en el Valle de San Joaquín e incluye el condado de Kings y parte de los condados de Fresno, Kern y Tulare.
Asimismo, incluyen desde Belmont, hasta el sur de San Francisco a lo largo del Área de la Bahía.
«Me postulo para la Asamblea de California en el Distrito 21 porque con los problemas que enfrentamos, necesitamos líderes que sepan que las acciones hablan más que las palabras. Como su asambleísta, haré el trabajo», señaló Hall en sus redes sociales.
El puesto ha quedado libre luego de que el asambleísta Kevin Mullin se postulara para ocupar el escaño de Jackie Speier, quien se jubila en el Congreso.
Hale fue elegida miembro del concejo municipal de Redwood City en 2018 y se convirtió en alcaldesa en diciembre de 2021. Sin embargo, anteriormente se desempeñó en la comisión de planificación de la ciudad y en la junta de la Fundación para la Educación de Redwood City.
La contendiente que señaló ser empresaria y líder comunitaria, recordó a través de un breve mensaje que todos tienen la misma oportunidad para prosperar, independientemente de su pasado.
Agregó que el condado de San Mateo enfrenta grandes desafíos, por lo que «necesitamos líderes con visión de futuro, orientados a resultados. No solo los típicos políticos».
Ante ello, dijo haber construido un historial de cumplimiento sobre los principales problemas de la comunidad, tal es el caso de la vivienda, al trabajar con grupos como «Habitat for Humanity» para crear proyectos y programas de casa más asequibles, y con ello reducir la falta de vivienda.
Asimismo, recordó que se ha apoyado a niños durante la pandemia por COVID-19; sus familias pudieron tener acceso al programa «Safe Childcare», además de encontrar financiamientos a escuelas locales, para que todos los niños puedieran tener acceso a una educación de calidad.
A ello, sumó todas aquellas acciones en materia de economía, medio ambiente y respuesta ante la pandemia por COVID-19.
«Tomaré el mismo enfoque en la Asamblea Estatal, trabajando fuerte y obteniendo resultados», destacó.
Hail llamó a visitar su sitio web, www.gisellehale.com, para unirse a su campaña, misma que está respaldada por la representante Anna Eshoo, del Distrito de Palo Alto; la tesorera estatal Fiona Ma; el senador estatal Scott Weiner, del Distrito de San Francisco; el asambleísta Marc Berman, del Distrito de Palo Alto, y la asambleísta Buffy Mechas.
La familia de un hombre fallecido que dijo haber sido abusado sexualmente de manera repetida por un sacerdote católico del Área de la Bahía cuando era niño está demandando a la Diócesis de Oakland.
Bajo las disposiciones de una nueva ley estatal que permite la demanda en tales casos, la familia y el patrimonio de Jim Bartko, exdirector deportivo de la Universidad Estatal de Fresno la presentaron la semana pasada en el Tribunal Superior del Condado de Alameda.
Alega que Bartko sufrió repetidos abusos sexuales entre 1972 y 1975 a manos de Stephen Kiesle, entonces sacerdote de la diócesis de Oakland y asignado a la parroquia de St. Joseph en Pinole.
También afirma que la diócesis conocía el «historial de conducta sexual y agresiones sexuales contra menores» de Kiesle antes de su presunto abuso de Bartko y, de manera negligente, permitió que Kiesle continuara trabajando con niños.
Kiesle fue condenado en 2004 por abusar sexualmente de un niño, salió de prisión en 2009 y vive en Walnut Creek, según el sitio web California Megan’s Law.
También fue condenado en 1978 por abusar sexualmente de niños en la parroquia Our Lady of the Rosary en Union City, pero se le permitió volver a trabajar mientras estaba en libertad condicional, según los abogados de Bartko.
Kiesle dejó el sacerdocio en 1981, pero regresó a St. Joseph’s en 1988 como ministro de jóvenes voluntario, dijeron los abogados de Bartko.
Está catalogado como un «clero acusado con credibilidad» en el sitio web de la diócesis, que dice que fue destituido del ministerio en 1978 y «laicizado» ‒independiente de toda influencia religiosa‒ en 1987.
Bartko, quien escribió un libro sobre su abuso y las luchas posteriores titulado «Boy in the Mirror», demandó a la diócesis en 2020 pero murió a la edad de 54 años, solo tres días después de anunciar su demanda.
«La causa de la muerte fue cirrosis hepática, resultado de décadas de consumo de alcohol para hacer frente a su trauma infantil», dijeron los abogados de Bartko en un comunicado de prensa el lunes.
«El primer trago de Jim llegó a la edad de 7 años, proporcionado por el padre Stephen Kiesle como un medio para hacer que Jim fuera más vulnerable a las insinuaciones sexuales del padre Kiesle», según el comunicado.
La nueva ley, SB447, entró en vigencia el 1 de enero y permite a las familias de víctimas fallecidas de abuso sexual infantil y otros delitos demandar por daños no económicos, o «dolor y sufrimiento», en su nombre.
Según la ley anterior, esos reclamos normalmente terminaban cuando las víctimas fallecían.
«Ahora no importa de qué mueran, el caso sigue vivo sin importar cuál sea la causa», dijo el abogado de Bartko, Rick Simons.
«También significa que la ganancia de detener estos casos y mantenerlos en secreto hasta el final de la vida, la ganancia de hacer tantas mociones y tácticas dilatorias como sea posible con la esperanza de que la gente muera se elimina de la ecuación», dijo Simons.
Un portavoz de la diócesis dijo el lunes que aún no han recibido la demanda y se negó a comentar al respecto.
El gobernador de California, Gavin Newsom, propuso este lunes su presupuesto estatal para 2022-2023, el cual incluye el extender la cobertura de atención médica a todos los residentes de bajos ingresos en el estado, incluidos los indocumentados; de lograrlo, el estado se convertiría en el primero en ofrecer una cobertura universal de salud.
Si bien es cierto que los contribuyentes californianos ya pagan la asistencia sanitaria de los menores de 26 años y de los mayores de 50 años indocumentados y de bajos ingresos, el nuevo proyecto prevé que se cubra a todos.
La propuesta de Newsom, que ampliaría el acceso a Medi-Cal ‒versión estatal de Medicaid‒, se estima que costará aproximadamente 2.7 mil millones de dólares anuales, una vez que la expansión se implemente por completo para 2024.
«Estamos haciendo algo que ningún otro estado ha hecho», dijo Newsom durante el anuncio de su propuesta.
EL proyecto en general, el cual tendría un presupuesto total de unos 286 mil 400 millones dólares, con un fondo general de 213 mil 100 millones de dólares, estará enfocado en 5 puntos, los cuales llamó «amenazas existenciales»: combatir la actual pandemia de COVID-19, el cambio climático y sus efectos, la falta de vivienda, desigualdad de ingresos y la seguridad pública.
«Con importantes inversiones nuevas para hacer frente a las mayores amenazas para el futuro de nuestro estado, el Plan de California ilumina el camino a seguir para continuar con el progreso histórico que hemos logrado en nuestros desafíos a corto y largo plazos, incluida la respuesta a la pandemia en evolución, la lucha contra la crisis climática, enfrentar la desigualdad persistente y la falta de vivienda, y mantener nuestras calles seguras», dijo el gobernador Newsom.
Destacó además que, con un superávit de 45 mil 700 millones de dólares, el Plan de California contempla una base fiscal que incluye 34 mil 600 millones en reservas, y continúa pagando las deudas de jubilación a largo plazo.
Combatiendo el Covid-19 con ciencia
Newsom explicó que continuará protegiendo a los californianos luchando contra el COVID-19 con base en la ciencia y bajo un enfoque en mantener las escuelas abiertas y la economía en movimiento.
El Plan incluye 2.7 mil millones de dólares adicionales para aumentar las vacunas, refuerzos, pruebas en todo el estado y aumentar el personal médico para hacer frente a posibles incrementos repentinos de casos.
Combatiendo la crisis climática
En materia climática, el proyecto busca enfrentar las condiciones climáticas extremas que se han presentado en el estado, tal es el caso de los incendios forestales, el cual proporcionará 648 millones de dólares para apoyar a los bomberos, obtener más helicópteros y bulldozers, junto con mil 200 millones de dólares adicionales, basándose en la inversión de mil 500 millones de dólares del año pasado, para intensificar la gestión forestal y otras prácticas que salvan vidas.
A su vez, buscará abordar la sequía, pues además del paquete de agua de 5.2 mil millones de dólares del año pasado, se realizará una inversión adicional por 750 millones de dólares para ayudar a los residentes, agricultores y la vida silvestre.
El ambicioso plan también contempla la disminución en la dependencia de California en los combustibles fósiles y plantea una transición completa hacia energías limpias, por lo que busca invertir miles de millones de dólares en investigación y desarrollo de tecnología climática, automóviles limpios, y preparar a los californianos para oportunidades profesionales en la materia.
Enfrentando la falta de vivienda
El plan del gobernador buscará que las personas vulnerables tengan la ayuda necesaria para salir de las calles y recibir el tratamiento de salud mental que necesitan. El plan agrega 2 mil millones de dólares para viviendas y servicios de salud mental y campamentos de limpieza.
Las nuevas inversiones del gobernador Newsom amplían el paquete de 12 mil millones de dólares del año pasado, en total, creando 55 mil nuevas unidades de vivienda y espacios de tratamiento para personas que salen de la falta de vivienda.
Abordar el costo de la vida
Demasiados californianos se encuentran en el lado equivocado de la desigualdad de ingresos, aplastados por los crecientes costos de los gastos más básicos, como atención médica, vivienda, cuidado de niños y mantener abiertas las puertas de una pequeña empresa.
Ante ello, Newsom busca crear acceso universal a la cobertura de atención médica, con acceso universal a la cobertura de salud para todos los residentes del estado, independientemente de su estado migratorio.
Además, buscará invertir en los estudiantes, al agregar miles de espacios de cuidado infantil y aumentar el acceso a los programas de escuela de verano.
Al proyecto se sumará el crear más viviendas con dos mil millones en nuevas subvenciones y créditos fiscales, al tiempo que apoyará a pequeñas empresas con la reducción de trámites burocráticos y el otorgamiento de cientos de millones en subvenciones y exenciones fiscales.
Seguridad
El proyecto incluye su Plan de Seguridad Pública Real, que se enfoca en tres áreas clave para combatir y prevenir el crimen:
Reforzar la aplicación de la ley y la respuesta local para detener y aprehender a los delincuentes, incluidos 255 millones de dólares en subvenciones para las fuerzas del orden locales y crear una nueva Unidad de aplicación de la ley «Smash and Grab» para combatir el crimen minorista organizado y subvenciones para las pequeñas empresas afectadas.
De igual manera, contempla más fiscales para responsabilizar a los perpetradores asegurando que los fiscales de distrito procesen a los criminales de manera efectiva y eficiente, y creando un nuevo equipo estatal de investigadores para perseguir a los perpetradores.
Agregó que otra intención es crear un nuevo programa de recompra de armas en todo el estado, responsabilizar a la industria de las armas con la legislación líder en el país e interceptar las drogas en la frontera.
Millones de niños salieron de la pobreza el pasado mes de julio cuando la Administración Biden proporcionó cheques de hasta 300 dólares por niño al mes a las familias de bajos ingresos. El crédito fiscal por hijo expiró el 31 de diciembre, dejando a las familias de bajos ingresos luchando por comprar alimentos y pagar el alquiler en medio de un invierno sombrío y una pandemia mundial.
Por ello, Ethnic Media Services, ofreció una sesión informativa sobre los retos que enfrentan las familias con niños en vulnerabilidad económica; además, se presentaron cifras importantes sobre el avance que han tenido los programas públicos y políticas ciudadanas a las que otros sectores de la población han tenido acceso.
El Crédito Fiscal por Hijos, que expiraba el pasado 31 de diciembre de 2020, otorgaba pagos directos de 300 dólares al mes a la población infantil de 6 años, y de 250 dólares al mes a los mayores de 6. Los pagos mensuales permitían a las familias acceder a beneficios sin tener que esperar un año para recibir el crédito.
“El hambre aumentó de 10 millones en 2019 a 12 millones en 2020. La niñez de afrodescendiente y latina tienen el doble de probabilidades de pasar hambre debido al racismo sistémico”, dijo Loree D. Jones, directora general de Philabundance, un proyecto de ayuda contra el hambre en Filadelfia, una de las grandes ciudades más pobres de Estados Unidos.
Philabundance ha proporcionado 70 mil comidas culturalmente localizadas a los refugiados afganos, y proporcionó alimentos durante el Ramadán para que las familias musulmanas tuvieran comida para romper sus ayunos.
Se ha previsto que el crédito reducía la pobreza infantil anual en más de un 40%, dijo Claire Zippel, analista principal de investigación en el equipo de Tendencias de Ingresos y Pobreza del Centro de Presupuesto y Prioridades Políticas. “Sabemos que la reducción de la pobreza infantil ayuda a los niños a estar más sanos y a rendir mejor en la escuela, y les prepara para el éxito en la edad adulta”, dijo.
Por ello, concluyeron que es necesario llevar una nueva propuesta a autoridades locales que intercedan ante el Congreso de los EE. UU. para establecer nuevas rutas que alejen a las familias con niños de la vulnerabilidad económica. Se prevé que, para julio de 2022, los efectos de la pobreza en la población infantil vulnerable los aleje totalmente de sus estudios.
Una nueva legislación sobre el tema, Build Back Better, concluyeron los expertos, reduciría los índices de deserción escolar, las tasas crecientes de desnutrición en la niñez afrodescendiente y latina, y un mejor desempeño a nivel social en corto y largo plazo.
Varios bancos y cooperativas de crédito del Área de la Bahía han cerrado temporalmente algunas de sus sucursales a medida que los casos de la variante ómicron aumentan en toda la región y obligan a los trabajadores a quedarse en casa.
Patelco Credit Union, que atiende a los residentes del Área de la Bahía desde el condado de Marin hasta el de Santa Clara, informó por medio de un correo electrónico a los clientes que el virus obligó a la cooperativa de crédito a cerrar algunas de sus sucursales y provocó tiempos de espera más prolongados para su centro de llamadas.
Si bien la cooperativa de ahorro y crédito no dio más detalles sobre qué sucursales están cerradas actualmente debido a problemas de personal relacionados con COVID-19, algunas de sus establecimientos en Campbell, Hayward, Lafayette, Milpitas, Novato, Oakland, Pleasanton y San Mateo están cerradas actualmente.
Los principales banqueros Chase y Wells Fargo también informaron cierres temporales de algunas de sus sucursales debido a la escasez de personal, aunque ambos bancos señalaron que la mayoría de sus sucursales en el Área de la Bahía permanecen abiertas.
«Nuestras ubicaciones cerradas temporalmente reanudarán sus operaciones lo antes posible», dijo un portavoz de Wells Fargo en un comunicado enviado por correo electrónico. «Lamentamos las molestias que pueda ocasionar a nuestros clientes».
Los portavoces de otras instituciones financieras en el área metropolitana de la Bahía, incluidas Provident Credit Union, Bay Federal Credit Union y San Francisco Fire Credit Union, no dieron seguimiento a las solicitudes sobre problemas de personal relacionados con COVID en sus sucursales.
En declaraciones separadas, Chase, Wells Fargo y Patelco instaron a los clientes afectados por el cierre de sucursales a utilizar sus respectivos servicios de banca móvil y en línea.
El Departamento de Desarrollo del Empleo de California (EDD, por sus siglas en inglés) informó sobre la detección y actuación rápida en la suspensión de un nuevo modus operandi de estafa por parte de organizaciones criminales: presentaron reclamaciones falsas en seguros por discapacidad mediante robo de identidad.
Esta nueva estafa involucró a presuntos elementos criminales organizados que presentaron falsas solicitudes de seguro de incapacidad al intentar usar credenciales robadas de individuos y proveedores médicos o de salud, señaló la autoridad.
Los proveedores de servicios médicos y sanitarios certifican la existencia de una discapacidad que el solicitante declara al solicitar las prestaciones del seguro de discapacidad al EDD.
A través de un comunicado, detalló que las pruebas de la estafa incluyen un aumento reciente de nuevos registros de cuentas médicas o de proveedores de salud en línea del EDD y un aumento de las reclamaciones de seguro de discapacidad.
«El Departamento ha observado un aumento reciente de nuevas inscripciones de cuentas médicas y de proveedores de salud en línea y tiene la firme sospecha de que la mayoría de esas inscripciones son fraudulentas», dijo Ronald Washington, director adjunto del Seguro de Incapacidad del EDD. «Hemos desplegado salvaguardias adicionales que protegen aún más a los proveedores y a los reclamantes de estas estafas».
El Departamento ha suspendido los pagos de ciertas reclamaciones hasta que pueda verificar más la información sobre esa reclamación.
El EDD también está impulsando su proceso de investigación de proveedores médicos y de salud y deteniendo el pago de muchas reclamaciones nuevas.
Estas acciones, dijo, ayudan a proteger a los proveedores y reclamantes legítimos de nuevos fraudes.
Agregó que los filtros ralentizarán el proceso de registro de nuevos proveedores y pueden afectar al tiempo que tardan los reclamantes legítimos en recibir las prestaciones.
Ante ello, detallaron que el EDD se pondrá en contacto con los proveedores lo antes posible para completar los procesos de verificación adicionales.
Actualmente no hay pruebas de que los proveedores de servicios médicos o de salud de California hayan participado a sabiendas en este último intento de estafa, precisó el EDD.
La agencia subrayó que está ampliando su intercambio de información sobre el fraude entre las agencias estatales y federales, así como con los grupos médicos afectados.
Sin embargo, el EDD sigue instando al público a permanecer atento a la protección de la información personal al realizar cualquier actividad en línea; y para aquellos que han recibido contacto por pate de la agencia y sospechen de un fraude, como por ejemplo que alguien haya presentado una reclamación o haya creado una cuenta, pueden presentar una denuncia visitando Ask EDD y seleccionando la categoría «Report Fraud» para rellenar el formulario de denuncia.
Las víctimas también pueden presentar una denuncia de robo de identidad ante la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés).
Los programas de seguro de discapacidad del estado son uno de los cuatro programas clave del EDD que también incluyen el seguro de desempleo, la recaudación de impuestos sobre el empleo y los servicios de desarrollo de la fuerza laboral.
Las prestaciones del seguro de incapacidad proporcionan un reemplazo parcial del salario a los trabajadores de California que reúnen los requisitos y que no pueden laborar y tienen una pérdida de salario debido a enfermedad, lesión o embarazo.
