San Mateo celebra la herencia inmigrante con una feria de Recursos Comunitarios gratuita y familiar.
El corazón de Redwood City latirá con fuerza este sábado cuando el Condado de San Mateo abra sus puertas —y su espíritu— a todas las culturas que lo habitan. En honor al Mes de la Herencia Inmigrante, se llevará a cabo una Feria de Recursos Comunitarios gratuita y familiar, donde la diversidad no solo se reconoce, sino que se celebra con alegría, danza, sabores y solidaridad.
La cita es de 11:00 a 14:00 horas en el patio del 500 County Center, en pleno centro cívico. Lo que promete no ser solo un evento informativo, sino una fiesta comunitaria que mezcla servicios esenciales con expresiones artísticas de culturas que, día a día, construyen el alma del condado.
Organizada por el Condado de San Mateo, la feria reunirá a más de 30 organizaciones comunitarias, agencias públicas y grupos culturales. ¿Qué habrá? De todo: desde asistencia para vivienda, orientación legal y programas de salud, hasta cuidado para personas mayores y oportunidades para la juventud.
Es una invitación abierta para inmigrantes nuevos y establecidos, familias trabajadoras, jóvenes curiosos y cualquier persona que quiera conocer más sobre los recursos disponibles en su comunidad.
Entre los participantes estarán organizaciones clave como El Concilio del Condado de San Mateo, Puente de la Costa Sur, Peninsula Family Service, Legal Aid Society / Programa Libre, y equipos del gobierno local como la Oficina de Asuntos Comunitarios, Gestión de Emergencias y Normas Laborales.
Además de servicios útiles, la feria será un escaparate de riqueza cultural. El grupo RAHITI: Hālau Hula O Keli’ikoanuiokeao presentará danzas tradicionales polinesias cargadas de historia y belleza, mientras que el colectivo artístico FAGOGO nos sumergirá en relatos del Pacífico contados a través de movimiento, música y DJ en vivo.
Y como toda celebración merece buen sabor, habrá food trucks con delicias gastronómicas y helados para refrescar la tarde.
En medio de debates nacionales sobre migración y justicia, esta feria no es solo una reunión, es una afirmación. Una declaración de que, en el condado de San Mateo, la diversidad es fortaleza y la comunidad es el camino. Que ser inmigrante no es motivo de exclusión, sino de orgullo.
Más que una feria, es una muestra viva del tejido humano que da vida a California: trabajadores, madres, estudiantes, abuelos, dreamers… todos bienvenidos, todos necesarios.
El auditor de la policía de San José quiere revisar todos los casos de uso de la fuerza, un nivel de supervisión ya establecido para las fuerzas del orden del condado.
El auditor policial independiente de San José quiere revisar todos los casos de uso de la fuerza, un nivel de supervisión ya establecido para las fuerzas del orden del condado. Sin embargo, la idea enfrenta resistencia por parte de la policía y los concejales de la ciudad.
De un total de 400 incidentes en los que la policía de San José usó armas o agredió a personas, 13 resultaron en lesiones corporales graves en 2024, según un nuevo informe del Auditor Independiente de la Policía (IPA), Eddie Aubrey.
Este es el primer año que su oficina ha podido revisar estos casos a fondo tras obtener una mayor autoridad de supervisión tras la aprobación de la Medida G por parte de los votantes en 2020.
De ahora en adelante, Aubrey quiere revisar todos los incidentes en los que la policía usó fuerza contra alguien, independientemente de si hubo civiles heridos o no. Sin embargo, el Ayuntamiento de San José y el departamento de policía afirmaron que sería demasiado costoso y abriría cientos de nuevos casos a revisión.
El informe de la IPA indicó que los 13 incidentes se ajustaron a los límites del uso razonable de la fuerza, a pesar de la preocupación por la alta tasa de lesiones causadas por perros policías y los frecuentes golpes policiales en partes sensibles del cuerpo. También indicó que la escasez de personal dificultó la profundidad de estas revisiones y aseguró un informe más detallado a finales de este año.
La policía y los concejales de San José afirman que el modelo actual de la oficina de la IPA equilibra la rendición de cuentas con la eficiencia. Advierten que la idea de ampliar el alcance a usos menores de la fuerza desviaría la atención de incidentes más graves y generaría nuevas tensiones en un presupuesto ya ajustado.
También se oponen a la recomendación de Aubrey de tener el mismo nivel de acceso a las investigaciones de tiroteos en los que participan agentes que la división de Asuntos Internos del departamento.
“El sistema actual de supervisión de San José logra este equilibrio al brindar a la oficina de la IPA acceso oportuno a incidentes graves y garantizar que las quejas de la ciudadanía, independientemente de su gravedad, se revisen a fondo”, se lee en un memorando en respuesta al informe del alcalde Matt Mahan y otros tres concejales. “Compartimos las preocupaciones planteadas por el jefe Paul Joseph y la Oficina del Administrador Municipal de que las Recomendaciones de la OPIA (…) presentarían riesgos operativos y de investigación, e impondrían importantes impactos fiscales y de personal”.
La oficina de Mahan se negó a hacer comentarios más allá del memorando.
Pero los defensores dicen que ampliar el alcance sugerido por el auditor mejoraría la transparencia y la confianza de la comunidad, y pondría la autoridad de la oficina en línea con la oficina que monitorea al Sheriff del Condado de Santa Clara.
“Podemos observar lo que queramos en cuanto al uso de la fuerza. Es importante analizar los usos de fuerza de bajo nivel, aunque las consecuencias no sean tan graves en cuanto a lesiones”, declaró Michael Gennaco, director de la Oficina de Monitoreo Correccional y de Aplicación de la Ley (OCLEM) del Condado de Santa Clara, a San José Spotlight. “Incluso en esos casos, si se hubiera podido desescalar la situación y se hubiera utilizado eficazmente, tal vez no hubiera sido necesario intervenir directamente”.
El presidente de la NAACP de San José/Silicon Valley, Sean Allen, suele discrepar con la oficina de Gennaco sobre la supervisión del sheriff. Pero la propuesta de ampliar la oficina de supervisión policial de San José los pone de acuerdo.
“Puede que esto incomode a la policía, pero la realidad es que el auditor independiente debe proporcionar una precisión independiente. La policía no puede vigilarse a sí misma. No podemos confiar en que lo hagan. Los auditores deben tener acceso a todo”, declaró Allen, sargento retirado de la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Clara, a San José Spotlight.
Cambio de guardia
Aubrey asumió el cargo en abril de 2024 durante una época turbulenta. Reemplazó a Shivaun Nurre, cuyos cinco años como principal organismo de control de la ciudad finalizaron en 2023 tras una discusión en estado de ebriedad con agentes de policía en un festival público. Apenas unos meses después de la salida de Nurre, el asistente del IPA de San José renunció, dejando una carta mordaz en la que criticaba a la ciudad por ignorar la oficina del IPA y sus recomendaciones.
El informe de Aubrey estudió una variedad de componentes de la responsabilidad policial.
Los incidentes de uso de la fuerza que resultan en lesiones corporales graves, así como las quejas de ciudadanos sobre el uso de la fuerza, han disminuido cada año desde 2021, según el informe de la IPA. Sin embargo, los tiroteos con agentes involucrados han aumentado. Las mordeduras de perros policía, con la excepción de 2024, se han convertido en la principal causa de lesiones corporales en civiles, a pesar de que el uso de perros policía ha disminuido cada año desde 2021, según el informe.
Las denuncias formales por mala conducta afectaron a casi 300 agentes en 2024, lo que representa un aumento del 16.5 por ciento con respecto a 2023. Alrededor del 29 por ciento de los agentes recibió al menos una denuncia de un miembro de la comunidad. Los tipos de denuncia más comunes fueron violaciones de procedimiento (33 por ciento), violaciones de la Cuarta Enmienda (27 por ciento), “descortesía” (16 por ciento) y actuación policial sesgada (15 por ciento), según el informe.
Más de 260 denuncias por mala conducta provinieron de la comunidad, y 41 adicionales fueron presentadas por el propio departamento. El departamento admitió 26 de las denuncias presentadas contra agentes y 34 de las denuncias de la comunidad.
La mayoría de las denuncias se presentaron contra agentes durante sus primeros cuatro años de servicio. Varios agentes con al menos 16 años de experiencia recibieron cinco o más denuncias cada uno en 2024. Un solo agente con al menos 16 años de experiencia recibió siete denuncias.
El departamento de policía solo estuvo en desacuerdo con tres de las 12 recomendaciones de la IPA para cambios de políticas, incluida la revisión ampliada del uso de la fuerza, obtener el mismo nivel de acceso que Asuntos Internos y mejorar las políticas en torno al uso de los vehículos del departamento fuera de servicio.
Allen dijo que le gustaría ver que la oficina de Aubrey desglosara las quejas civiles por demografía racial.
“Y cuando las quejas son fundadas, también es necesario mostrar la demografía racial que hay detrás de ellas”, dijo Allen.
*El gobernador de California llama a los ciudadanos a defender la democracia y no permitir que Trump la destruya.
El gobernador de California, Gavin Newsom, lanzó una dura crítica contra el presidente Donald Trump por lo que considera autoritarismo y militarización en California.
El gobernador de California, Gavin Newsom, lanzó una dura crítica contra el presidente Donald Trump por lo que considera un avance autoritario en Estados Unidos, señalando específicamente las redadas migratorias indiscriminadas, la militarización de las calles y el uso indebido de la Guardia Nacional en California.
En un artículo de opinión titulado “La democracia en una encrucijada”, publicado esta semana, Newsom advirtió que los abusos cometidos por el gobierno federal no solo amenazan a las comunidades inmigrantes, sino que representan un peligro para todo el país.
“Si cualquiera de nosotros puede ser secuestrado de las calles sin orden judicial, basándose únicamente en sospechas o el color de la piel, entonces ninguno de nosotros está a salvo”, expresó.
El gobernador denunció que, en las últimas semanas, agentes federales de inmigración han realizado redadas masivas en el sur de California, deteniendo a personas sin antecedentes penales ni órdenes de arresto, incluyendo a mujeres embarazadas y niños. Además, apuntó que ciudadanos estadounidenses también han sido hostigados y detenidos sin justificación legal.
Newsom acusó al presidente Trump de requisar ilegalmente a 4 mil miembros de la Guardia Nacional de California sin solicitud del estado, y de desplegar a más de 700 infantes de marina entrenados para el combate en el extranjero en las calles de Los Ángeles.
“No queremos que nuestras calles sean militarizadas por nuestras propias Fuerzas Armadas. Esto no es seguridad pública, es tiranía”, afirmó el gobernador.
También criticó lo que describió como una estrategia de miedo y división impulsada por la Casa Blanca, señalando que “Trump y sus leales se nutren de la división porque les permite consolidar el poder y ejercer un control aún mayor”.
En respuesta a estas acciones, California ha presentado 26 demandas contra la administración Trump. Una de ellas resultó en una orden judicial que frena temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en el estado.
Newsom hizo un llamado a la ciudadanía a ejercer su poder y alzar la voz frente al autoritarismo. Y fue contundente: “No podemos permitir que Donald Trump destruya nuestra democracia. No podemos rendirnos ante él. No dejemos que gane.”
“El artículo no trata solo de California o de Los Ángeles. Se trata de todos nosotros, se trata de usted”, subrayó el mandatario estatal, insistiendo en que la única defensa contra la erosión de las instituciones democráticas es la acción colectiva del pueblo.
Cualquiera que piense que una biblioteca filatélica está llena de sellos cuidadosamente guardados dentro de pequeños sobres, estaría equivocado.
La Biblioteca Filatélica Occidental, ubicada en un barrio industrial de Redwood City, no es el lugar ideal para buscar sellos. Sin embargo, es el lugar ideal para investigadores que desean encontrar libros y monografías sobre sellos. También es un lugar ideal para disfrutar de exposiciones postales relacionadas con los sellos: un antiguo buzón, una máquina de sellos y una colección de estuches plateados para guardar sellos. La filatelia se refiere al estudio, la colección y la apreciación de los sellos postales y la historia postal.
Tres miembros de la biblioteca estuvieron en el edificio de 3.000 pies cuadrados un sábado reciente, explicando cómo alberga una de las bibliotecas filatélicas más grandes de Estados Unidos, con más de 16 mil libros y monografías sobre sellos.
Los visitantes pueden examinar la selección de libros de la biblioteca esotérica, con títulos como “Historia postal de las fuerzas imperiales australianas 1914-1918”, o dirigirse a revistas encuadernadas con títulos como “Noticias de la filatelia húngara”.
Joe Coleman, de 72 años, residente de Portola Valley y miembro de la biblioteca, comentó que aquí pudo aprender más sobre las estampillas del pequeño país de Liechtenstein. Coleman, jubilado tras una carrera en finanzas, tiene una colección de más de medio millón de estampillas, que, según él, ocupan una habitación entera de su casa.
La biblioteca cuenta con un sistema informático que permite consultar información sobre su colección, pero el sistema no está en línea, explicó Coleman. Quienes buscan sellos deben visitarlo en persona.
La biblioteca filatélica se fundó en 1969 y estuvo ubicada durante muchos años en la Biblioteca Pública de Sunnyvale, en el condado de Santa Clara. El edificio actual, propiedad de la biblioteca sin fines de lucro, ha sido su sede durante los últimos 11 años. La biblioteca cuenta con unos 200 miembros y está abierta al público.
Las tiendas de sellos han desaparecido prácticamente del panorama minorista en los últimos años, y muchos coleccionistas ahora compran sellos en línea. Sin embargo, a juzgar por la colección de folletos, revistas y anuncios de exposiciones filatélicas actuales de la biblioteca, coleccionar sellos sigue siendo un pasatiempo viable.
“Coleccionar sellos es como trabajar en un rompecabezas”, dijo Coleman, “pero nunca se termina”.
Se invita a investigadores, estudiantes y clubes filatélicos a visitar la biblioteca, aunque los miembros de la biblioteca fueron los únicos que estuvieron allí en una visita reciente.
Eduardo Martino, de 67 años, residente de San Carlos, Coleman, y Jim Giacomazzi, de 83, revisaban colecciones de sellos y libros donados recientemente. Los sellos más valiosos se venden en eventos de recaudación de fondos para apoyar las operaciones de la biblioteca.
Un padre animó a Giacomazzi a comenzar a coleccionar sellos cuando era niño.
“Empecé en 1948, porque no teníamos televisión”, dijo. “Le dije a mamá: ‘Me aburro'”.
Pero ahora, dijo, “tendemos a ser una organización más antigua”. Especuló que coleccionar sellos no atrae a las generaciones que pueden entretenerse con sus teléfonos.
La colección de sellos atrae a muchas personas que trabajan con números en sus carreras, como ingeniería y finanzas, dijo Coleman.
Martino dijo que los beneficios de coleccionar sellos incluyen aprender sobre historia, arte, ciencia y geografía.
Coleman enumeró dos formas en que el coleccionismo de sellos continúa atrayendo a coleccionistas más jóvenes: los maestros de escuela, que transmiten su interés por la filatelia a sus estudiantes, y Scouting America, que ofrece una insignia de mérito en el coleccionismo de sellos.
Algunos coleccionistas de sellos pertenecen a clubes y asisten a reuniones y exposiciones para exhibir y vender sellos. La biblioteca exhibe folletos de clubes filatélicos locales de Fremont, San José, Novato, Alameda y Sacramento.
La Biblioteca Filatélica Occidental se encuentra en 3004 Spring St., Redwood City. Abre los sábados por la mañana y otros días de la semana. La membresía cuesta 25 dólares al año, pero la biblioteca está abierta al público. Para más información, visite fwpl.org.
Debido al papel de Purdue Pharma LP y sus propietarios, la familia Sackler, en el desencadenamiento y agravamiento de la crisis de opioides, el fiscal general de California, Rob Bonta, anunció este lunes que un total de 55 fiscales generales de todo Estados Unidos han firmado un acuerdo histórico por 7.4 mil millones de dólares.
El fiscal general de California, Rob Bonta, anunció este lunes que un total de 55 fiscales generales de todo Estados Unidos han firmado un acuerdo histórico por 7.4 mil millones e dólares con Purdue Pharma LP y sus propietarios, la familia Sackler, por su papel en el desencadenamiento y agravamiento de la crisis nacional de opioides.
El acuerdo, que está sujeto a la aprobación de un tribunal de quiebras, pone fin al control de la familia Sackler sobre Purdue Pharma y prohíbe su participación en la venta de opioides en el país. Además, representa el mayor acuerdo hasta la fecha con individuos considerados responsables directos de la epidemia de opioides en Estados Unidos.
“Las empresas y personas que alimentaron esta crisis deben rendir cuentas”, declaró el fiscal general Rob Bonta. “Con el anuncio de hoy, el Departamento de Justicia de California continúa brindando resultados para nuestras comunidades”.
Bajo los términos del acuerdo, California recibirá hasta 440 millones de dólares en los próximos 15 años, fondos que se destinarán al tratamiento, prevención y recuperación de adicciones en comunidades afectadas. La mayor parte del dinero será distribuido durante los primeros tres años.
Los Sackler pagarán mil 500 millones de dólares y Purdue aportará 900 millones de dólares en el primer tramo, seguidos de pagos adicionales de 500 millones en el primer y segundo año, y 400 millones en el tercero.
“Al responsabilizar a Purdue Pharma y a la familia Sackler… estamos proporcionando fondos muy necesarios para quienes han sido afectados por esta crisis”, agregó Bonta.
Un paso hacia la rendición de cuentas
Durante años, Purdue Pharma, bajo el liderazgo de los Sackler, promovió agresivamente la venta de opioides como el OxyContin, minimizando sus riesgos y alimentando una dependencia generalizada que devastó comunidades en todo el país. La compañía ahora estará bajo el control de un nuevo consejo de administración supervisado por representantes estatales y otros acreedores, y no podrá ejercer presión política ni comercializar opioides en el futuro.
Finalizado el período de firma estatal, el acuerdo será presentado para su aprobación por gobiernos locales en todo el país. La adhesión de estas entidades dependerá de la resolución de procedimientos judiciales en curso relacionados con la quiebra de Purdue.
Una audiencia sobre el tema ha sido programada para los próximos días.
Con este acuerdo, California suma un total de 4.6 mil millones de dólares en compromisos financieros obtenidos mediante acuerdos con empresas e individuos vinculados a la crisis de opioides. Este avance se da en coordinación con una amplia coalición nacional de fiscales generales, incluyendo representantes de territorios como Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes.
El gobernador Gavin Newsom, informó que el presidente Donald Trump, está recortando el financiamiento de la seguridad pública en California.
El gobernador de California, Gavin Newsom, informó que el presidente Donald Trump, está recortando el financiamiento de la seguridad pública, al eliminar miles de millones de dólares de programas que ayudan a los departamentos de policía, combaten el terrorismo, previenen la violencia armada y protegen a las mujeres y los niños de la violencia doméstica.
Todo ello, dijo, mientras aumenta la deuda de la nación para pagar la militarización de Los Ángeles y su fiesta de cumpleaños impulsada por el ego.
“Trump no respeta el Estado de derecho ni a los contribuyentes. Usa a nuestros militares —nuestros héroes— como sus propias piezas de ajedrez y está manipulando la situación contra nuestras propias fuerzas del orden estatales y locales. Ya basta”, dijo Newsom en un comunicado.
El líder estatal refirió que el presidente Trump propone recortar el financiamiento de la seguridad pública en todo el país, poniendo en riesgo la seguridad y las vidas de todos los estadounidenses.
Aseguró que, en un momento en el que los delitos violentos están disminuyendo, el llamado “Gran y Hermoso Proyecto de Ley” de Trump amenaza con borrar avances sustanciales en materia de seguridad pública, en un momento en el que se necesita exactamente lo contrario.
Y es que, entre los recortes de financiación propuestos por el presidente están el eliminar mil millones de dólares de los departamentos de policía para reducir los delitos violentos, los delitos de odio y los delitos contra las mujeres.
Asimismo, 646 millones de dólares de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para la prevención de la violencia y el terrorismo; 545 millones de dólares del Buró Federal de Investigaciones (FBI), reduciendo su fuerza laboral en más de 2 mil personas y su capacidad para mantener a los criminales fuera de las calles; y 491 millones de dólares de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), lo que hace que nuestra infraestructura cibernética y física sea más vulnerable a los ataques.
De igual manera, precisó, se recortarán 468 millones de dólares de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), lo que reduce en gran medida su capacidad para acabar con el tráfico de armas de fuego y reducir la violencia armada; y 212 millones de dólares de la Administración de Control de Drogas (DEA), lo que reduce en gran medida su capacidad para ayudar a la policía estatal y local y debilita los esfuerzos para combatir el tráfico internacional de drogas que afecta a los Estados Unidos.
Al igual que la eliminación de 107 millones de dólares de la Oficina de Seguridad Pública y Justicia de Asuntos Indígenas (BIA), lo que agrava la actual falta de personal y hace que las comunidades tribales sean menos seguras.
Newsom recordó que, a medida que el gobierno federal aumenta el déficit pendiente, los contribuyentes pagan el despliegue de militarización de 134 millones de dólares en Los Ángeles, donde Trump tomó ilegalmente el control de las unidades estatales de la Guardia Nacional.
Trump federalizó a 4 mil soldados de la Guardia Nacional y desplegó a 700 marines para usarlos como peones en Los Ángeles. “Ahora hay más tropas estadounidenses desplegadas en Los Ángeles que en Irak y Siria juntos”.
Trump está aumentando la deuda nacional
De acuerdo con el gobierno de California, la propuesta presupuestaria de Trump endeudaría aún más al país, pues si bien propone recortar los fondos para la seguridad pública, propone recortes fiscales aún más drásticos para los ricos, lo que agudizaría aún más las cuentas en números rojos del gobierno federal.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su propuesta añadiría 2.4 billones de dólares al déficit, incluso sin considerar los intereses.
El uso de criptomonedas en Estados Unidos se ha hecho más común entre las personas como una alternativa para invertir o realizar transacciones rutinarias sin trámites bancarios, sin embargo existe el riesgo de estafas.
El uso de la moneda digital en Estados Unidos se ha vuelto más común entre las personas como una alternativa de ganar dinero, realizar compras, invertir o realizar transacciones rutinarias sin trámites bancarios, sin embargo, existen varios riesgos, como las estafas y la volatilidad extrema que se traduce en pérdidas económicas constantes.
El uso de las criptomonedas podría empoderar a las comunidades minoritarias que se encuentran desatendidas por los bancos comunes, ofreciendo nuevas vías de inclusión financiera y autonomía económica, indicaron expertos durante una sesión informativa realizada por American Community Media (ACoM).
Desde el lanzamiento del Bitcoin en 2009, las criptomonedas han sido reconocidas como una nueva forma de romper fronteras para la creación de riqueza y el intercambio de valor fuera del sistema financiero tradicional bancario.
Las criptomonedas son un tipo de moneda digital que solo existe electrónicamente, se adquiere a través de aplicaciones móviles, la computadora o un cajero automático de criptomonedas; entre las más conocidas se encuentra el Bitcoin y Ether, pero existen otras.
Tyrone Ross, consejero delegado y cofundador de Turnqey Labs y director de 401 Financial, explicó que la criptomoneda permite transacciones económicas sin necesidad de compartir datos personales, ni procesos tediosos de los bancos, “no se necesita un banco y se puede usar en cualquier momento”.
“Tiene la capacidad de enviar un valor a cualquier parte del mundo, en cualquier momento a cualquier persona, sin la aprobación o falta de intervención de un tercero”, comentó Ross.
Una gran ventaja es que no es necesario abrir una cuenta bancaria, pues no todos tienen el acceso a los bancos, por eso, el uso de la criptomoneda hace que la infraestucutra financiera sea más directa y accesible para todos, agregó el especialista en economía.
Cantrell Dumas, director de Better Markets, mostró su preocupación ante los riesgos en el uso de las criptomonedas, pues en 2023, alrededor del 7 por ciento de los adultos estadounidenses declararon utilizar criptomonedas y solo el uno por ciento declaró utilizarlo en compras, esto quiere decir que está funcionando de forma activa y siendo usada en actividades cotidianas.
“Uno de los riesgos de la criptomoneda es la volatilidad. Los precios de las criptomonedas han demostrado cambios dramáticos, suben y bajan los dígitos en plazos cortos, por lo que, para los inversionistas con poco y nada de reservas, da lugar a pérdidas significativas”, expresó Dumas.
Otro motivo de preocupación son los fraudes y las estafas pues, tan solo en el 2023, estos delitos relacionados con las criptomonedas provocaron más de 5.6 mil millones de dólares de pérdidas a los consumidores, las cuales aumentaron significativamente en 2024 a 9.3 mil millones de dólares, con más de 140 mil denuncias presentadas.
La mayoría de estas estafas fueron realizadas en aplicaciones móviles, sobresaliendo las de inversión por contacto a través de redes sociales; al ser transacciones difíciles de rastrear e irreversibles, es sencillo caer en un robo por estafa, indicó Dumas.
Por su parte, Elizabeth Kwok, directora gerente de FTI Consulting, explicó que la criptomoneda no se encuentra moderada ni respaldada por alguna agencia gubernamental, lo que permite caer en estafas de manera sencilla. Normalmente, un extraño te contacta para invitarte a una inversión o compra que solo acepte pago a través del uso de criptomonedas.
Otra forma común es recibir una llamada de algún familiar que se encuentra en problemas, suelen pedir ayuda de manera urgente y proporcionan la manera de recibir dinero para utilizar la criptomoneda.
Zeke Faux, periodista de investigación de Bloomberg News, explicó que el presidente Donald Trump no estaba de acuerdo con el Bitcoin, sin embargo, cambió de opinión cuando un grupo de expertos de esta moneda realizaron una donación masiva para él.
“Fueron 20 millones de dólares para la campaña de Trump, con lo que cambió de parecer, después Trump respaldó el Bitcoin, dijo que él y su familia iban a entrar en el negocio y ahora ellos tienen más empresas de criptomonedas de lo que la gente sabe”, indicó el periodista.
Faux agregó que, “los Trump ganaron como 300 millones de dólares en cargos de esa moneda y desde entonces lanzaron otras empresas. Esto es un conflicto de intereses, pues la administración de Trump regula las reglas y eso tiene efecto en sus negocios familiares”.
Decenas de miles de manifestantes salieron a las calles en ciudades de toda el Área de la Bahía el sábado, incluyendo San Francisco, como parte de las protestas nacionales “No Kings” contra acciones tomadas por la administración de Donald Trump. Foto: Rachel Ziegler / P360
Por Thomas Hughes. Bay City News. Península 360 Press.
Decenas de miles de manifestantes salieron a las calles en ciudades de toda el Área de la Bahía el sábado, incluyendo San Francisco, como parte de las protestas nacionales “No Kings” contra acciones tomadas por la administración de Donald Trump, incluyendo redadas migratorias en lugares de trabajo, tribunales y escuelas, así como su expansión del poder ejecutivo en varias áreas.
Una coalición de organizaciones de base, sindicatos, grupos legales y organizaciones sin fines de lucro bajo el lema “No Kings” informó que las protestas se realizaron en 2 mil 100 ciudades y comunidades, y que atrajeron a unos 5 millones de participantes. Foto: Rachel Ziegler / P360
Una coalición de organizaciones de base, sindicatos, grupos legales y organizaciones sin fines de lucro bajo el lema “No Kings” informó que las protestas se realizaron en 2 mil 100 ciudades y comunidades, y que atrajeron a unos 5 millones de participantes, aunque las cifras aún estaban en proceso de confirmación la tarde del sábado, ya que algunas manifestaciones continuaban y los números no habían sido verificados.
Los manifestantes se reunieron en espacios públicos en San Francisco, Oakland, Berkeley, Sonoma y varias otras comunidades, oponiéndose a las acciones del gobierno federal que calificaron como autoritarias y antidemocráticas.
Los manifestantes se reunieron en espacios públicos en San Francisco, Oakland, Berkeley, Sonoma y varias otras comunidades. Foto: Rachel Ziegler / P360
Portando carteles, los manifestantes alzaron la voz contra medidas tomadas por Trump, incluyendo docenas de órdenes ejecutivas emitidas desde que asumió la presidencia, redadas y detenciones ilegales por parte de autoridades migratorias federales, ataques al poder judicial federal, intentos de castigar a firmas legales e instituciones de educación superior, y amenazas o acciones contra funcionarios locales.
Las protestas coincidieron con tres fechas simbólicas: el Día de la Bandera, el 250 aniversario de la fundación del Ejército de EE. UU., y el cumpleaños del propio Trump, quien organizó un desfile militar en Washington, D.C. para conmemorar la fecha.
La expansión del poder ejecutivo también ocurre un año después de que la Corte Suprema de EE. UU. dictaminara que los presidentes tienen amplia inmunidad ante procesos judiciales por actos oficiales cometidos en funciones.
Portando carteles, los manifestantes alzaron la voz contra medidas tomadas por Trump, incluyendo docenas de órdenes ejecutivas emitidas desde que asumió la presidencia, redadas y detenciones ilegales por parte de autoridades migratorias federales. Foto: Rachel Ziegler / P360
Las acciones del presidente han ido desde desafiar normas políticas hasta violar leyes federales, lo cual ha generado cientos de demandas por parte de grupos de derechos civiles y personas directamente afectadas por la administración, incluyendo abogados, inmigrantes legales, la Universidad de Harvard, miembros transgénero del ejército y otros.
El Departamento de Manejo de Emergencias de San Francisco estimó que decenas de miles de personas se congregaron en el Civic Center el sábado hacia las 13:00 horas. Un vocero del departamento señaló que la protesta fue mayormente pacífica, con “incidentes limitados de violencia y vandalismo” y sin lesiones graves. Para las 15:30 horas, la manifestación ya estaba concluyendo.
Un vocero del departamento señaló que la protesta fue mayormente pacífica, con “incidentes limitados de violencia y vandalismo” y sin lesiones graves. Foto: Rachel Ziegler / P360
Las actividades del día fueron organizadas por los grupos Indivisible SF y 50501, y comenzaron con una concentración en Sunset Dunes Park de Ocean Beach, donde los asistentes formaron un “letrero humano”.
Después, los manifestantes se reunieron en Mission Dolores Park, en el Distrito de la Misión, alrededor de las 11:30 horas, para luego marchar más de una milla hasta el Civic Center, donde una gran multitud se reunió para una manifestación frente al Ayuntamiento.
Las protestas coincidieron con tres fechas simbólicas: el Día de la Bandera, el 250 aniversario de la fundación del Ejército de EE. UU., y el cumpleaños del propio Trump. Foto: Rachel Ziegler / P360
Videos compartidos en redes sociales por el senador estatal Scott Wiener, demócrata de San Francisco, mostraron una multitud enorme marchando por la calle Dolores, algunos con banderas estadounidenses y muchos con carteles en contra del autoritarismo y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., y en apoyo a los inmigrantes y a la Constitución.
La administración ha desafiado la ley federal de diversas maneras, incluyendo, recientemente, al tomar el control de la Guardia Nacional de California en contra de la voluntad del gobernador Gavin Newsom. Foto: Rachel Ziegler / P360
La administración ha desafiado la ley federal de diversas maneras, incluyendo, recientemente, al tomar el control de la Guardia Nacional de California en contra de la voluntad del gobernador Gavin Newsom. Un juez federal dictaminó que la administración actuó ilegalmente y ordenó devolver el mando al gobernador. Sin embargo, un tribunal de apelaciones suspendió la decisión mientras avanza el caso, con una audiencia programada para el martes.
Trump también ha retenido y tratado de retener fondos destinados a programas estatales y federales que ya habían sido aprobados por el Congreso. Su administración ha arrestado, detenido y deportado a residentes legales y ciudadanos estadounidenses. Ha intentado eliminar datos de salud en línea, revocar la exención fiscal a la Universidad de Harvard, castigar a firmas legales por trabajar con clientes demócratas, entre otras acciones que violan leyes federales.
Trump también ha retenido y tratado de retener fondos destinados a programas estatales y federales que ya habían sido aprobados por el Congreso. Foto: Rachel Ziegler / P360
Además, su gobierno ha amenazado con encarcelar a líderes locales de ciudades santuario y ha arrestado a una jueza local en Milwaukee, al alcalde de Newark, Nueva Jersey, y a una congresista, intentando procesarlos por distintos casos relacionados con la aplicación de leyes migratorias. El senador Alex Padilla, demócrata de California, también fue derribado y esposado por agentes del FBI durante una conferencia de prensa del secretario del Departamento de Seguridad Nacional el jueves.
California demanda a Trump, luego de que el presidente firmara medidas que bloquean los mandatos para eliminar gradualmente los automóviles de gasolina.
El presidente Donald Trump firmó el jueves por la mañana tres medidas que bloquean los mandatos de California para eliminar gradualmente los automóviles de gasolina y reducir el consumo de camiones diésel. California respondió de inmediato con una demanda y se comprometió a seguir estableciendo estándares.
La medida de Trump y el Congreso supone un golpe sustancial a la agresiva transición del estado hacia los vehículos eléctricos y podría anular su autoridad de décadas para limpiar su contaminación del aire, que es la peor del país.
“Rescatamos oficialmente a la industria automotriz estadounidense de la destrucción al poner fin al mandato de vehículos eléctricos en California”, declaró Trump en la Casa Blanca. “Y nunca volverán”. Añadió que la eliminación gradual de los vehículos de cero emisiones en el estado “ha sido un desastre para este país”.
El mes pasado, el Congreso utilizó la Ley de Revisión del Congreso para revocar tres exenciones que la administración Biden otorgó a California para establecer normas que eliminaran gradualmente los automóviles de gasolina y los camiones diésel. La firma de Trump lo oficializa. La disputa entre California, la administración Trump y el Congreso pone de relieve la creciente división política en torno a los vehículos eléctricos y las políticas sobre contaminación atmosférica.
Muchos expertos legales, junto con la Oficina de Responsabilidad Gubernamental y el Parlamentario del Senado, dijeron que el Congreso no tiene autoridad para revocar las exenciones.
El fiscal general de California, Rob Bonta, presentó una demanda contra Trump y el administrador de la EPA, Lee Zeldin, argumentando que se trata de un uso ilegal de la ley de revisión.
El ataque frontal de Trump contra California continúa, y esta vez está destruyendo nuestro aire limpio y la competitividad global de Estados Unidos en el proceso. Estamos demandando para detener esta última acción ilegal de un presidente que es una subsidiaria propiedad al 100 % de grandes contaminadores, declaró el gobernador Gavin Newsom el jueves.
Otros diez estados que están haciendo cumplir las normas de emisiones de California se unieron a la demanda: Colorado, Delaware, Massachusetts, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington.
Newsom también emitió el jueves una orden ejecutiva que reafirma el compromiso del estado con la eliminación gradual de los vehículos de gasolina y diésel. Instruyó a la Junta de Recursos del Aire a elaborar un nuevo mandato para automóviles y camiones, ya sea para reforzar los mandatos existentes o reemplazarlos en caso de que pierdan en los tribunales.
El gobernador también ordenó a la junta de aire crear una lista pública de fabricantes de automóviles y camiones que cumplen con las normas de emisiones de California, así como de empresas que toman medidas tempranas para convertir sus flotas a camiones de cero emisiones, “independientemente del estado de dichas regulaciones según la ley federal”. Además, ordenó a las agencias estatales que, en un plazo de 60 días, determinen qué más se puede hacer para ayudar a los consumidores en la transición a los vehículos eléctricos, incluyendo la eliminación de obstáculos para la construcción de más estaciones de carga.
Debido a la alta contaminación del aire, el Congreso otorgó a California la facultad de establecer sus propios estándares vehiculares, más estrictos, en la Ley de Aire Limpio de 1967. Hasta ahora, el gobierno federal nunca ha bloqueado ninguna de las docenas de normas de California.
Según el mandato de California promulgado en 2022, el 35 por ciento de los automóviles nuevos modelo 2026 vendidos en el estado deben ser de cero emisiones, cifra que aumentará al 68 % en 2030 y al 100 por ciento en 2035. Se basa en décadas de endurecimiento de los estándares de emisiones para los automóviles vendidos en el estado.
El Congreso también bloqueó la norma Advanced Clean Trucks de 2020 de California, una medida sin precedentes que requiere que los fabricantes cumplan con los objetivos incrementados para camiones pesados y medianos de cero emisiones para el período 2024 a 2035. Una tercera votación revocó la exención para una regulación estatal de 2020 que reduce los óxidos de nitrógeno, un ingrediente clave del smog, emitidos por camiones y autobuses.
En un fallo considerado como un hito en la defensa del federalismo y los derechos civiles, un juez federal bloqueó la Militarización Impulsada por Trump en Los Ángeles. Foto: Facebook California National Guard
En un fallo considerado como un hito en la defensa del federalismo y los derechos civiles, un juez federal concedió hoy una orden judicial que bloquea la toma de control de la Guardia Nacional de California (CalGuard) por parte del presidente Donald Trump.
La medida también impide el despliegue no autorizado de fuerzas militares en el área metropolitana de Los Ángeles, en un contexto de protestas crecientes contra operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
La demanda, presentada por el gobernador Gavin Newsom y el fiscal general Rob Bonta, denuncia la “militarización ilegal” de la ciudad mediante la federalización de 2 mil efectivos de la Guardia Nacional y el despliegue de marines, sin el consentimiento del estado, en violación de la Constitución y de la autoridad del Título 10 del Presidente.
“Nuestro éxito de hoy en los tribunales es una victoria para todos los estadounidenses”, declaró el gobernador Newsom. “La decisión del presidente de usar a las fuerzas armadas contra sus propios ciudadanos amenazó nuestra democracia y nos acercó peligrosamente al autoritarismo. Seguiremos defendiendo nuestra democracia y los derechos de todos los estadounidenses. El país nos observa”.
La controversia estalló el 6 de junio, cuando comenzaron protestas locales contra las agresivas redadas de ICE en el sur de California. Al día siguiente, el presidente Trump emitió un memorando ordenando la movilización de tropas bajo la premisa de enfrentar una “forma de rebelión”, instruyendo al Departamento de Defensa a federalizar las milicias estatales.
La administración Newsom argumentó que esta acción representó un abuso de poder federal y una amenaza directa a la soberanía estatal, dado que no se consultó ni se obtuvo el consentimiento del gobernador para la federalización, tal como lo exige la ley.
El documento legal presentado ante la corte acusa al expresidente Trump, al entonces secretario de Defensa Pete Hegseth y al propio Departamento de Defensa de violar la Constitución de los EE. UU. y de excederse en el uso del Título 10, que regula la activación federal de la Guardia Nacional.
Además, se denuncia que los efectivos de CalGuard fueron utilizados para tareas de apoyo a ICE, incluyendo arrestos de civiles, lo que contradice el principio de que las fuerzas militares no deben involucrarse en actividades de aplicación de la ley interna sin autorización expresa del Congreso.
Lejos de calmar los ánimos, el despliegue militar impulsado por Trump agravó las tensiones sociales. Las protestas crecieron de 250 personas el sábado a más de tres mil el domingo, tras la llegada de las tropas.
La presencia militar fue interpretada como un acto de intimidación y provocó una respuesta masiva de la comunidad.
Las fuerzas del orden estatales y locales, con más de 800 agentes, se vieron obligadas a redoblar esfuerzos para contener la situación y “limpiar el desastre causado por el presidente Trump”, según expresó la oficina del gobernador. Mientras tanto, los soldados federales permanecen apostados frente a edificios federales, en espera de nuevas órdenes.
El equipo legal de California subrayó la contradicción de Trump, quien en 2020 prometió no federalizar la Guardia Nacional sin autorización estatal. Incluso su propio secretario de Seguridad Nacional advirtió entonces que una medida de ese tipo sería “un ataque directo a los derechos de los estados”.
El caso ha encendido el debate nacional sobre los límites del poder presidencial y el rol de los estados en tiempos de crisis interna. Aunque la orden judicial representa una victoria temporal para el estado de California, el proceso legal podría tener consecuencias duraderas para el equilibrio de poderes entre el gobierno federal y los estados.
