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Este sábado 6 de abril de 2024 en Por la Libre, Radio Comunitaria Rodante de Península 360 Press, Manuel Ortiz transmitió desde El Salvador, lugar donde el Régimen de Excepción, de acuerdo con expertos, se ha convertido en un instrumento de criminalización de personas vinculadas a las organizaciones de la sociedad civil. 

Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), consideró que el país vive una regresión en términos de derechos humanos, al tiempo que no se garantiza el cumplimento de los procesos, por el hecho de que el poder está concentrado en una sola persona, el presidente Nayib Bukele.

Actualmente, se ha instrumentalizado de manera inadecuada el Régimen de Excepción, no solo para pandillas sino también con líderes comunitarios y otros defensores de los Derechos Humanos.

“Por más que tengamos todos los elementos que señalen que la persona no tiene vinculación, yo no le puedo garantizar que su familia va a estar libre, no le puedo garantizar que siguiendo el debido proceso y las normas que existen, la persona va a salir, todo es arbitrario”, subrayó Santos.

Según el  2º Informe anual sobre Violaciones a Derechos Humanos ocurridas en el marco del régimen de excepción en El Salvador, se han documentado casos preocupantes donde el régimen puede ser utilizado para criminalizar la labor de periodistas, personas defensoras y  líderes comunitarios, documentando casos donde podrían llevar acabo la instrumentalización del sistema de justicia para generar miedo y callar voces, lo que lleva a una desarticulación de toda la labor comunitaria que se lleva a cabo en el país.

De acuerdo a los casos documentados, al menos 34 personas defensoras de Derechos Humanos han sido detenidas en el marco del régimen y, de estos, 23 casos corresponden a mujeres.

Rina Montti, directora de Investigación en Derechos Humanos de la organización Cristosal, comentó que el Régimen de Excepción, legalmente hablando, es una medida temporal que se tiene que tomar para poder atacar un problema determinado, en un periodo preciso.

Un Régimen de Excepción de 2 años, después de haberse implementado con tantos detenidos de manera arbitraria, se vuelve un arma para las comunidades, aseguró Rina Montti, y agregó que la medida que es un arma que se está llevando a cabo para controlar a la población.

“Hemos tenido casos de policías que han capturado a las nuevas parejas de sus ex parejas, hemos tenido policías que han hecho capturas a nivel personal, al final son venganzas con familiares, con exparejas o como servicios a terceras personas”, puntualizó Montti.

Ante ello, los expertos consideraron que el Régimen de Excepción se salido de control, un caso claro es el del líder comunitario Santos Alfaro, que curiosamente sucedió en una de las áreas del país donde los indicadores de violencia han sido sumamente bajos, lo que pareciera sin sentido, dejando en duda el motivo real de su detención. 

Samuel Ramírez, coordinador del Movimiento de Víctimas del Régimen, MOVIR, explicó que las violaciones de los Derechos Humanos es el pan de todos los días en El Salvador, ya que se tienen capturas arbitrarias, persecuciones, cercos militares que persiguen a la gente y, sobre todo, a jóvenes.

“Han liberado 7 mil personas que supuestamente eran inocentes, personas que son seres humanos con derechos a tener una vida libre y, entonces ¿qué pasa con la gente que estuvo presa 1 año o más? ¿quién va a reparar esos daños?”, comentó Ramírez.

Además, precisó que en el caso de Santos Alfaro, mucha gente sabe que era una persona de bien y dedicado al deporte, un hombre al que le pusieron el pie.

José Santos Alfaro Ayala, reconocido líder comunitario y cofundador de la Fundación Tamarindo, que realiza obras sociales en el cantón Guarjila y alrededores, fue capturado por elementos policiales y detenido por supuestamente estar involucrado con pandillas, bajo el Régimen de Excepción. 

Para conocer más sobre el tema, escucha el programa completo de Por la Libre de este 6 de abril de 2024, dando clic aquí.

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*Organizaciones de la sociedad civil registran 6 mil 305 denuncias de violaciones de derechos humanos durante los dos años del Régimen de Excepción en El salvador. 

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Este 4 de abril, en el 2° Informe Anual Sobre Violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante los dos años de régimen de excepción en El Salvador, celebrado en el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), las organizaciones de la sociedad civil registran 6 mil 305 denuncias de violaciones de derechos humanos, recibidas entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de marzo de 2024. 

Dichas violaciones, representan la sistematización de los casos y hechos atenidos por las organizaciones:  AMATE (52), Azul Originario (354), CRISTOSAL (3 mil 786), FESPAD (383), el Idhuca (mil 293), la Red Salvadoreña de Defensoras (50), y el SSPAS (387).

A partir de las denuncias registradas, dichas organizaciones civiles declaran que las reformas al derecho penal no protegen los derechos de los humanos, sino que legalizan el indebido proceso de inocencia para procesar a personas de forma judicial. 

Estas reformas, ponen a las personas en intervención, de ser inocentes no hay una restauración propuesta por parte del Estado.  Esto resulta de una realización procesual que no permite reconocer las responsabilidades individuales previas a una acusación colectiva, además de que la calidad y la revisión de procesos probatorios son deficientes, y los jueces desisten de la prueba que pone en juicio la justica de las personas. 

A esto se agrega, la reforma a la Ley Espacial contra el crimen organizado con la que se hace uso de la tecnología para el juicio de la persona, pone en riesgo a autenticidad de la información. 

Entre los hechos con mayores denuncias se encuentran 5 mil 931 cosos de detenciones arbitrarias o ilegales; 5 mil 470 casos de violaciones al debido proceso; mil 779 allanamientos de morada; 814 tratos crueles, inhumanos o degradantes y 304 casos de hostigamiento. 

De la misma forma, el desplazamiento forzado interno corresponde al de 598 mujeres denunciado, siendo en su mayoría acompañadas con infantes y adolescentes. El 80 por ciento de mujeres han presentado denuncias por ser víctimas de violación de los derechos humanos por parte de agentes de seguridad del Estado.

A estos hechos se suman el registro de desaparición forzada, confinamiento, discriminación por orientación sexual, identidad y/o expresión de género, acoso sexual, abuso y violaciones sexuales.

En las denuncias registradas por las Organizaciones Civiles, las personas con mayor afectación son los jóvenes que tienen entre 19 y 30 años de edad, de los cuales corresponden 3 mil 293 registros, equivalentes a 52.23 por ciento del total de denuncias. A estos le siguen personas de 31 a 59 años de edad con 2 mil 167 casos de víctimas, siendo 34.37 por ciento del total de denuncias. 

La Fuerza Armada tiene 440 denuncias en su contra, lo que representa 7 por ciento de las denuncias, sumando la Policía Nacional Civil (PNC), con 4 mil 701 denuncias, equivalente al 75 por ciento del total, lo cual corresponde a 90 por ciento de los casos de violaciones a derechos humanos ejecutados por las instancias del Estado. 

De acuerdo con los testimonios de víctimas y monitoreo de las organizaciones, entre el 27 de marzo de 2022 y el 29 de febrero de 2024, se han registrado 244 muertes de personas bajo custodia del Estado durante el régimen de excepción, así como un aproximado de 109 mil 519 personas adultas privadas de libertad, para una capacidad de 67 mil 280 personas, con una tasa de mil 728 personas privadas de libertad por cada 100 mil habitantes. Esto posiciona a El Salvador con el mayor número de personas en la cárcel a nivel mundial. 

A pesar de que se dio la derogatoria de la Ley Mordaza que prohibía un tipo de alusión a las pandillas y se mire en ventaja, “creemos, importante señalar no responde realmente a la protección en el tema de libertad de expresión, sino responde a diversos tipos de presiones que se están realizando que derivo la derogatoria de esta ley.  Lamentablemente estas medidas no están siendo progresivas, sino regresivas”, aseguró Gabriela Santos, miembro del Idhuca. 

Lo que surgió como una medida para “restablecer el orden” por la Asamblea Legislativa, a petición del Órgano Ejecutivo, a partir de la emisión de 24 decretos legislativos sucesivos, “es solo una burbuja, no se está curando la enfermedad”, declararon representantes de las organizaciones.  

Con base en las cifras registradas, las organizaciones civiles hicieron un llamado al Estado para atender el marco de transición y ejecución del Sistema Penal. Para ello proponen seis recomendaciones:

• La derogación del régimen de excepción y las reformas regresivas de materia penal y procesual a las personas durante el periodo debido a la escaza herramienta para sostener estas medidas
• Implementación urgente de acciones para acelerar los procesos judiciales pendientes, así como la priorización de medidas alternativas a la detención, cumplimiento con obligaciones constitucionales de rehabilitación de personas privadas de libertad.
• Establecer procesos de reparación a nivel de salud, física, mental y económicas para personas detenidas injustamente. 
• Garantizar la protección de los derechos de las personas detenidas, incluyendo el respeto y salvaguarda de la orientación sexual e identidad de género de las personas LGBTIQ+.
• Compromiso con el debido proceso y rendición de cuentas en casos de muertes de personas bajo custodia
• Implementación política integrales que abordan las causas estructurales de la violencia y la desigualdad desde una perspectiva de derecho humanos.

Estas propuestas surgen bajo el entiendo que “Existe una percepción diferenciada a la violencia del país, sin embargo, se reconoce que esta situación no va ser sostenible en la medida que no se ataquen las causas estructurales que generan la violencia, lo que es en buena medida la desigualdad económica que existe en El Salvador”, afirmó Gonzalo Montano, miembro de AMANTE. 

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World Central Kitchen (WCK), organización sin fines de lucro que provee ayuda alimentaria y asistencia en desastres en comunidades devastadas, confirmó y lamentó la muerte de siete miembros de su equipo en un ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Gaza.

A través de un comunicado, la ONG informó que el equipo de WCK viajaba en una zona desconflictuada en dos vehículos blindados con el logotipo de WCK y un vehículo de piel suave.

Sin embargo, dijo, y a pesar de haber coordinado sus movimientos con las FDI, el convoy fue alcanzado cuando salía del almacén de Deir al-Balah, donde el equipo había descargado más de 100 toneladas de ayuda alimentaria humanitaria llevada a Gaza por la ruta marítima.

“Esto no es sólo un ataque contra el WCK, es un ataque contra las organizaciones humanitarias que se presentan en la más calamitosa de las situaciones, donde los alimentos se utilizan como arma de guerra. Esto es imperdonable”, declaró la directora general de World Central Kitchen, Erin Gore.

Los siete asesinados proceden de Australia, Polonia, Reino Unido, un ciudadano con doble nacionalidad estadounidense y canadiense, y Palestina.

“Estoy desconsolada y horrorizada de que nosotros -la World Central Kitchen y el mundo- hayamos perdido hoy hermosas vidas a causa de un ataque selectivo de las FDI. El amor que sentían por dar de comer a la gente, la determinación que encarnaban para demostrar que la humanidad se eleva por encima de todo y el impacto que causaron en innumerables vidas serán recordados y apreciados para siempre”, subrayó Erin Gore.

Ante lo ocurrido, World Central Kitchen informó también que está pausando inmediatamente sus operaciones en la región, y que pronto tomará decisiones sobre el futuro de su trabajo.

Tras lo sucedido, el portavoz de las FDI, el contralmte. Daniel Hagari, señaló en un video que “como un ejército profesional comprometido con el derecho internacional, estamos comprometidos a examinar nuestras operaciones de manera exhaustiva y transparente”.

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Refirió que ya se ha puesto en contacto con el fundador de WCK, el chef José Andrés, a quien expresó su más sentido pésame de las Fuerzas de Defensa de Israel a las familias y a toda la familia de World Central Kitchen, al igual que a naciones aliadas que han estado haciendo y continúan haciendo todo para ayudar a los necesitados. 

“Hemos estado revisando el incidente al más alto nivel para comprender las circunstancias de lo que sucedió y cómo sucedió. Abriremos una investigación para examinar más a fondo este grave incidente. Esto nos ayudará a reducir el riesgo de que un evento de este tipo vuelva a ocurrir. El incidente será investigado en el Mecanismo de Investigación y Evaluación de Hechos: un organismo independiente, profesional y experto”, dijo.

“Llegaremos al fondo de esto y compartiremos nuestros hallazgos de manera transparente”, subrayó.

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