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El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para poner fin a beneficios federales que apoyaran a inmigrantes indocumentados en el país, ello como parte de sus medidas contra este grupo de la población, pese a que contribuyen con más de 96 billones de dólares al año en impuestos. 

La orden exige a los departamentos y agencias federales identificar todos los programas financiados por el gobierno federal que actualmente brindan beneficios financieros a inmigrantes indocumentados y tomar medidas correctivas.

A través de una hoja informativa, La Casa Banca detalla que los fondos federales destinados a estados y localidades no se utilizarán para apoyar políticas de “santuario” ni ayudar a la inmigración ilegal.

A su vez, exige mejoras en la verificación de elegibilidad para evitar que los beneficios lleguen a personas que se encuentran “ilegalmente” en Estados Unidos.

Y es que, detalla, “Los contribuyentes están pagando la factura de la inmigración ilegal: Con esta Orden Ejecutiva, el presidente Trump garantiza que los recursos de los contribuyentes se utilicen para proteger los intereses de los ciudadanos estadounidenses, no de los inmigrantes ilegales”.

Sin embrago, un informe reciente del Instituto sobre Tributación y Política Económica (ITEP, por sus siglas en inglés) muestra que los inmigrantes indocumentados pagaron 96.7 billones de dólares en impuestos federales, estatales y locales en Estados Unidos en 2022.

Los inmigrantes indocumentados, precisa, pagaron impuestos federales, estatales y locales por 8 mil 889 por persona en 2022. En otras palabras, por cada millón de inmigrantes indocumentados que residen en el país, los servicios públicos reciben 8.9 mil millones en ingresos fiscales adicionales.

En ese sentido, destaca que más de un tercio de los impuestos que pagan los inmigrantes indocumentados se destinan a impuestos sobre la nómina destinados a financiar programas a los que estos trabajadores no pueden acceder. 

Estos inmigrantes pagaron 25.7 mil millones de dólares en impuestos de la Seguridad Social, 6.4 mil millones de dólares en impuestos de Medicare y 1.8 mil millones de dólares en impuestos del seguro de desempleo en 2022.

A nivel estatal y local, un poco menos de la mitad (46 por ciento, o 15.1 mil millones de dólares) de los pagos de impuestos que hacen los inmigrantes indocumentados se realizan a través de impuestos sobre las ventas y los impuestos especiales que gravan sus compras. 

La mayoría de los demás pagos se realizan a través de impuestos sobre la propiedad, como los que se aplican a los propietarios e inquilinos (31 por ciento, o 10.4 mil millones de dólares), o a través de impuestos sobre la renta personal y empresarial (21 por ciento, o 7 mil millones de dólares).

Seis estados recaudaron más de mil millones de dólares cada uno en ingresos fiscales provenientes de los inmigrantes indocumentados que viven dentro de sus fronteras: California (8,500 millones de dólares), Texas (4,900 millones de dólares), Nueva York (3,100 millones de dólares), Florida (mil 800 millones de dólares), Illinois (mil 500 millones de dólares) y Nueva Jersey (mil 300 millones de dólares).

En una gran mayoría de estados (40), los inmigrantes indocumentados pagan tasas impositivas estatales y locales más altas que el 1 por ciento más rico de los hogares que viven dentro de sus fronteras, resalta el estudio de la organización.

El informe del ITEP también encontró que, si a los inmigrantes indocumentados se le otorgara acceso a la autorización de trabajo, sus contribuciones fiscales aumentarían, tanto porque sus salarios crecerían como porque sus tasas de cumplimiento tributario subirían. 

En un escenario en el que se les otorgara autorización de trabajo a todos los inmigrantes indocumentados actuales, sus contribuciones fiscales aumentarían en 40 mil 200 millones de dólares por año, hasta alcanzar los 136 mil 900 millones de dólares. La mayor parte de los nuevos ingresos recaudados en este escenario (33,100 millones de dólares) irían al gobierno federal, mientras que el resto (7 mil 100 millones de dólares) irían a los estados y localidades.

De acuerdo con la nueva ordenanza de Trump, se están desviando dólares y servicios esenciales de los ciudadanos estadounidenses, mientras que los presupuestos estatales y locales se ven cada vez más limitados.

La hoja informativa destaca que, Según el Centro de Estudios de Inmigración (CIS), brindar asistencia social a un millón de inmigrantes ilegales podría costar a los contribuyentes estadounidenses 3 mil millones de dólares adicionales al año.

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Autoridades de la ciudad de Huntington Seashore, California, arrestaron este miércoles al exjugador de la NFL Chris Kluwe luego de llamar a la iniciativa MAGA de Donald Trump un movimiento nazi durante una reunión del ayuntamiento de la ciudad.

“MAGA es explícitamente un movimiento nazi”, dijo el ex jugador de los Vikings, provocando aplausos entre los asistentes. “Puede que hayan reemplazado una esvástica por un sombrero rojo, pero eso es lo que es”.

Y es que, el ex jugador de Vikings fue esposado después de protestar por la propuesta de instalación de una placa en la biblioteca local que dice “Magic (Mágico)”, “Alluring (Atractivo)”, “Galvanizing (Motivante)” y “Adventurous (Aventurero)”, cuyas primeras letras forman la palabra “MAGA” que significa “Make America Great Again” (Hacer a Estados Unidos grande otra vez).

La placa propuesta continuaba con una referencia más explícita: “¡A través de la esperanza y el cambio, nuestra nación ha vuelto a reconstruirse para mejor, a la era dorada de Hacer a Estados Unidos Grande Otra Vez!”.

A Kluwe, quien ha vivido 15 años en la zona, dijo durante la reunión del ayuntamiento que él al igual que todos, estaban a favor de una placa en la biblioteca, pero en contra de que eta contenga el acróstico de MAGA.

“Como la comunidad dejó en claro en la reunión de la Comisión de la Biblioteca el martes pasado, todos están a favor de una placa para celebrar la biblioteca, pero la gran y vasta mayoría está en contra de incluir un acróstico de MAGA, ¿de acuerdo?”, dijo Kluwe.

“Lamentablemente, está claro que este consejo no escucha, así que voy a tomarme mi tiempo para explicar lo que MAGA ha representado durante las últimas tres semanas”, agregó.

“MAGA significa tratar de borrar a las personas trans de la existencia. MAGA significa re-segregación y racismo. Maga significa censura y prohibiciones de libros”, apuntó Kluwe.

El exjugador de la NFL destacó en su discurso que MAGA, significa, entre otras cosas, el despido de personal indispensable y de veteranos militares, además de recortes a fondos a la educación, incluso para niños discapacitados.

“MAGA es profundamente corrupto, inconfundiblemente antidemocrático y, lo más importante, MAGA es explícitamente un movimiento nazi. Es posible que haya reemplazado una esvástica con un sombrero rojo, pero eso es lo que es”, dijo Kluwe, provocando aplausos de los residentes que también acudieron.

Tras ello, dijo que ahora participaría en la “antigua tradición estadounidense de desobediencia civil pacífica” y dio unos pasos hacia el frente de la sala donde estaban sentados los miembros del concejo, por lo que agentes policiacos entraron corriendo para arrestarlo.

Luego de la acción, uno de los concejales anunció un receso de cinco minutos.

Kluwe no se resistió al arresto y fue liberado después de cuatro horas. El Departamento de Policía de Huntington Beach emitió entre otros cargos, “disturbios”, por lo que podría ser acreedor a multa o seis meses de cárcel.

Después del incidente y al regresar a la sesión, la placa fue aprobada por unanimidad.

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El condado de Santa Clara, junto con San Francisco y una coalición de jurisdicciones locales de todo el país, presentaron una demanda contra la Administración Trump por las órdenes ejecutivas y las acciones de la administración federal que dañan ilegalmente a las jurisdicciones que tienen las llamadas políticas de “santuario”.

Y es que, dijeron, estas prohíben el uso de recursos locales para ayudar a los funcionarios federales de inmigración a llevar a cabo la aplicación de la ley de inmigración civil. 

En un comunicado conjunto, destacaron que las políticas locales de no cooperación enfocan los recursos locales en prioridades locales, como brindar servicios a poblaciones vulnerables y llevar a cabo actividades tradicionales de aplicación de la ley para proteger la seguridad pública local. 

Asimismo, señalaron que estas prohíben que el gobierno federal se apropie de los recursos del gobierno local para llevar a cabo la aplicación de la ley de inmigración civil, que es una responsabilidad federal. 

En ese sentido, apuntaron que los tribunales han confirmado repetidamente el derecho constitucional de los gobiernos locales a elegir una política de no cooperación, por lo que estas políticas de ninguna manera impiden que el gobierno federal use sus propios recursos para hacer cumplir las leyes federales de inmigración.

“El gobierno federal no tiene la autoridad legal para obligar a las jurisdicciones locales a usar sus propios recursos para servir a las prioridades de inmigración del gobierno federal”, dijo el abogado del condado de Santa Clara, Tony LoPresti. 

“La administración Trump no tiene derecho a apoderarse de nuestros recursos locales y reclutar efectivamente a nuestros propios agentes de la ley para que sean agentes federales de control de inmigración”, agregó. 

Desde que asumió el cargo el 20 de enero, el presidente Donald Trump y su administración han intentado congelar la financiación federal a los estados y gobiernos locales con políticas de no cooperación, y han intentado apoderarse de los recursos locales y de los agentes de la ley para que asuman el papel de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Las órdenes caóticas de retener fondos federales aprobados por el Congreso para ciudades y condados no solo son ilegales, sino que dañarán la seguridad pública y la salud de todos, incluidos los 2 millones de personas aquí mismo en el condado de Santa Clara”, señaló el presidente de la junta del condado de Santa Clara, Otto Lee.

Cabe destacar que la Orden Ejecutiva 14159, titulada “Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión”, ordena a las agencias federales que corten ilegalmente la financiación federal a las jurisdicciones que no utilicen recursos locales para ayudar en la aplicación de las leyes de inmigración. 

Ante ello, expusieron que la administración federal ha ido aún más lejos con las amenazas de procesamiento. Dos memorandos del Departamento de Justicia de los EE. UU. (USDOJ) enviados el 22 de enero y el 5 de febrero han ordenado al personal del USDOJ que investigue y procese civil y penalmente a los funcionarios estatales y locales en jurisdicciones que no ayuden activamente en la aplicación de las leyes de inmigración. 

Hace unos días, el USDOJ presentó una demanda contra la ciudad de Chicago y el estado de Illinois impugnando sus leyes de no cooperación, lo que hace realidad el procesamiento de los funcionarios estatales y locales por seguir sus leyes locales.

“Las órdenes que vienen de esta administración federal son amenazas flagrantes e inconstitucionales contra los gobiernos estatales y locales en todo el país”, destacó el ejecutivo del condado de Santa Clara, James R. Williams.

Agregó que “Este es el siguiente capítulo del mismo manual que se utilizó hace ocho años. El condado litigó contra los esfuerzos inconstitucionales de la administración Trump en 2017 y prevaleció en la corte; lo haremos nuevamente hoy”.

En conferencia de prensa, la supervisora ​​Betty Duong dijo que el condado de Santa Clara “siempre ha sido una comunidad acogedora”, desde la década de 1970, cuando sus padres llegaron como refugiados de la guerra de Vietnam como parte del Programa de Reubicación de Refugiados del condado.

“Estoy muy orgullosa de que el condado de Santa Clara siga siendo un líder en la lucha contra las acciones desmesuradas de la administración Trump, en particular las que dañan a nuestras comunidades inmigrantes”, subrayó Duong.

Durante la primera administración Trump, el condado de Santa Clara y San Francisco demandaron al gobierno federal después de que la administración federal intentara retener fondos federales del condado con base en sus políticas de no cooperación. 

En ese asunto y en casos posteriores, los tribunales federales de distrito y el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos dictaminaron que las condiciones que la administración Trump intentó imponer a la financiación federal eran inconstitucionales y que las políticas del condado cumplían con las leyes federales.

“Este es un mensaje claro de que nos mantendremos firmes como lo hemos hecho antes, en solidaridad con nuestras comunidades inmigrantes, para enfrentar las tácticas de intimidación y acoso de la Administración Trump para retener fondos federales para servicios críticos del Condado”, aseguró la vicepresidenta de la Junta, Sylvia Arenas. 

“Nuestra región y nuestro país se construyeron sobre las espaldas de los inmigrantes, y debemos tener el coraje de seguir manteniéndonos firmes. Seguiremos unidos y defenderemos la justicia, si eso significa no cooperar con las deportaciones masivas que tienen como objetivo separar a nuestras familias”, puntualizó.

La supervisora ​​Susan Ellenberg dijo que atacar a los inmigrantes no hace nada para mejorar la seguridad pública.

“Tiene un efecto paralizante en la comunidad, haciendo que las personas teman denunciar delitos u obtener la atención médica necesaria y otros servicios del condado”, dijo Ellenberg. “Hace que los niños tengan miedo de ir a la escuela, la biblioteca o el patio de recreo. No queremos que los residentes del condado de Santa Clara, ni de ningún otro lugar de la nación, se vean obligados a vivir con ese tipo de miedo”.

Liderada por el condado de Santa Clara y la ciudad y el condado de San Francisco, la demanda también fue presentada por la ciudad de Portland, Oregon; la ciudad de New Haven, Connecticut; y el condado de King, Washington. El asunto se presentará en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California.

“El condado sirve para ayudar a todos los residentes sin tener en cuenta el estado migratorio y sin recopilar información sobre el estado migratorio”, detalló la supervisora ​​Margaret Abe-Koga. 

“Nuestros agentes del orden público no ayudan, y no deberían ayudar, en las redadas de inmigración. Simplemente no es el trabajo de los gobiernos locales, y esta demanda coloca al condado de Santa Clara a la vanguardia del esfuerzo para resistir el impulso de la administración Trump para obligar ilegalmente a las jurisdicciones a cumplir sus órdenes”, abundó.

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