Pamela Cruz. Península 360 Press [P360P]
El Índice de Percepción de la Corrupción –CPI, por sus siglas en ingles–, publicado este jueves por la organización civil Transparencia Internacional, reveló que la corrupción está socavando los sistemas sanitarios y contribuyendo al retroceso democrático en plena pandemia de COVID-19.
Este índice reveló que aquellos países con buenas puntuaciones invierten más en sanidad, tienen más capacidad de proporcionar cobertura sanitaria universal y son menos propensos a vulnerar las normas e instituciones democráticas o el estado de derecho.
«COVID-19 no es solo una crisis sanitaria y económica: es una crisis de corrupción. Y no la estamos superando.
Hasta donde alcanza la memoria, ningún año ha puesto a prueba a los gobiernos como el que ha pasado, y aquellos que tienen los niveles más altos de corrupción han demostrado menor capacidad para afrontar el reto. Pero incluso los países que ocupan los primeros puestos del índice tienen la obligación urgente de reconocer su papel en perpetuar la corrupción dentro y fuera de sus países»
Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional.
La edición 2020 del Índice de Percepción de la Corrupción clasifica 180 países y territorios según el nivel de percepción de la corrupción en su sector público, ello con base en trece evaluaciones y encuestas a expertos y empresarios.
En el listado que utiliza una escala de cero –corrupción elevada– a cien –corrupción inexistente–, los países mejores calificados fueron Dinamarca y Nueva Zelanda, con 88 puntos cada uno.
Sin embargo, el extremo opuesto lo obtuvieron Siria con 14 puntos y Somalia y Sudán del Sur con 12 puntos cada uno.
El índice mostró cambios significativos con respecto a años previos, pues, desde 2012, el primer año incluido en las comparativas según la metodología actual del índice, 26 países han mejorado significativamente sus puntuaciones, entre ellos Ecuador –39–, Grecia –50–, Guyana –41–, Birmania –28– y Corea del Sur –61–.
Por el contrario, quienes disminuyeron notablemente en su desempeño Anti-corrupción, fueron Bosnia- Herzegovina –35–, Guatemala –25–, Líbano –25–, Malaui –30–, Malta –53– y Polonia –56–.
El documento destaca que cerca de la mitad de los países llevan casi una década estancados en la misma posición dentro del índice, lo que sugiere que los esfuerzos de sus gobiernos para llegar a las causas primarias de la corrupción se han paralizado. Mientras que más de dos tercios tienen una puntuación por debajo de 50.
Se suma la pandemia por COVID-19
La corrupción constituye una gravísima amenaza a la vida y al sustento de los ciudadanos, especialmente cuando se combina con una emergencia sanitaria, y existe una correlación entre la ausencia de corrupción en el sector público de un país y un mayor gasto en sanidad.
Por ejemplo, Uruguay, que ha obtenido la puntuación más alta de América Latina –71–, realiza una fuerte inversión en sanidad y cuenta con un buen sistema de seguimiento epidemiológico que ha sido de gran ayuda a la hora de afrontar el COVID-19 y otras enfermedades infecciosas, como la fiebre amarilla y el zika, precisa el informe.
Sin embargo, en el otro extremo de la escala, Bangladés sólo obtiene 26 puntos y su inversión en sanidad es mínima, mientras que la corrupción prospera durante la pandemia, con casos que van desde los sobornos en las clínicas a la malversación de los fondos de ayuda.
La corrupción también es generalizada en la contratación de material sanitario, pues los países con los niveles más altos de corrupción también tienden a ser los más propensos a sufrir atropellos del estado de derecho y las instituciones democráticas durante la crisis de la COVID-19.
Uno de los países con ese tipo de problemas es Filipinas –34–, donde la actuación del gobierno frente a la pandemia se ha caracterizado por los ataques a los derechos humanos y a la libertad de prensa.
EE. UU.
EE. UU. mantiene su tendencia descendente con 67 puntos, su peor puntuación desde 2012. Pues de acuerdo con la organización global que lucha contra la corrupción desde hace más de 25 años, aparte de los presuntos conflictos de interés y abusos de autoridad existentes al más alto nivel, en 2020 han saltado las alarmas por la débil supervisión del billón de dólares destinado a la lucha contra el COVID-19, en un país con una larga historia de normas democráticas que promueven la rendición de cuentas por el gobierno.
Los estudios realizados por el programa Sanidad Global de Transparencia Internacional en el pasado, descubrieron que la corrupción priva al sector sanitario global de 500 mil millones de dólares al año.
