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Este sábado 6 de abril de 2024 en Por la Libre, Radio Comunitaria Rodante de Península 360 Press, Manuel Ortiz transmitió desde El Salvador, lugar donde el Régimen de Excepción, de acuerdo con expertos, se ha convertido en un instrumento de criminalización de personas vinculadas a las organizaciones de la sociedad civil.
Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), consideró que el país vive una regresión en términos de derechos humanos, al tiempo que no se garantiza el cumplimento de los procesos, por el hecho de que el poder está concentrado en una sola persona, el presidente Nayib Bukele.
Actualmente, se ha instrumentalizado de manera inadecuada el Régimen de Excepción, no solo para pandillas sino también con líderes comunitarios y otros defensores de los Derechos Humanos.
“Por más que tengamos todos los elementos que señalen que la persona no tiene vinculación, yo no le puedo garantizar que su familia va a estar libre, no le puedo garantizar que siguiendo el debido proceso y las normas que existen, la persona va a salir, todo es arbitrario”, subrayó Santos.
Según el 2º Informe anual sobre Violaciones a Derechos Humanos ocurridas en el marco del régimen de excepción en El Salvador, se han documentado casos preocupantes donde el régimen puede ser utilizado para criminalizar la labor de periodistas, personas defensoras y líderes comunitarios, documentando casos donde podrían llevar acabo la instrumentalización del sistema de justicia para generar miedo y callar voces, lo que lleva a una desarticulación de toda la labor comunitaria que se lleva a cabo en el país.
De acuerdo a los casos documentados, al menos 34 personas defensoras de Derechos Humanos han sido detenidas en el marco del régimen y, de estos, 23 casos corresponden a mujeres.
Rina Montti, directora de Investigación en Derechos Humanos de la organización Cristosal, comentó que el Régimen de Excepción, legalmente hablando, es una medida temporal que se tiene que tomar para poder atacar un problema determinado, en un periodo preciso.
Un Régimen de Excepción de 2 años, después de haberse implementado con tantos detenidos de manera arbitraria, se vuelve un arma para las comunidades, aseguró Rina Montti, y agregó que la medida que es un arma que se está llevando a cabo para controlar a la población.
“Hemos tenido casos de policías que han capturado a las nuevas parejas de sus ex parejas, hemos tenido policías que han hecho capturas a nivel personal, al final son venganzas con familiares, con exparejas o como servicios a terceras personas”, puntualizó Montti.
Ante ello, los expertos consideraron que el Régimen de Excepción se salido de control, un caso claro es el del líder comunitario Santos Alfaro, que curiosamente sucedió en una de las áreas del país donde los indicadores de violencia han sido sumamente bajos, lo que pareciera sin sentido, dejando en duda el motivo real de su detención.
Samuel Ramírez, coordinador del Movimiento de Víctimas del Régimen, MOVIR, explicó que las violaciones de los Derechos Humanos es el pan de todos los días en El Salvador, ya que se tienen capturas arbitrarias, persecuciones, cercos militares que persiguen a la gente y, sobre todo, a jóvenes.
“Han liberado 7 mil personas que supuestamente eran inocentes, personas que son seres humanos con derechos a tener una vida libre y, entonces ¿qué pasa con la gente que estuvo presa 1 año o más? ¿quién va a reparar esos daños?”, comentó Ramírez.
Además, precisó que en el caso de Santos Alfaro, mucha gente sabe que era una persona de bien y dedicado al deporte, un hombre al que le pusieron el pie.
José Santos Alfaro Ayala, reconocido líder comunitario y cofundador de la Fundación Tamarindo, que realiza obras sociales en el cantón Guarjila y alrededores, fue capturado por elementos policiales y detenido por supuestamente estar involucrado con pandillas, bajo el Régimen de Excepción.
Para conocer más sobre el tema, escucha el programa completo de Por la Libre de este 6 de abril de 2024, dando clic aquí.
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