El fiscal general de California, Rob Bonta, anunció este lunes que un total de 55 fiscales generales de todo Estados Unidos han firmado un acuerdo histórico por 7.4 mil millones e dólares con Purdue Pharma LP y sus propietarios, la familia Sackler, por su papel en el desencadenamiento y agravamiento de la crisis nacional de opioides.
El acuerdo, que está sujeto a la aprobación de un tribunal de quiebras, pone fin al control de la familia Sackler sobre Purdue Pharma y prohíbe su participación en la venta de opioides en el país. Además, representa el mayor acuerdo hasta la fecha con individuos considerados responsables directos de la epidemia de opioides en Estados Unidos.
“Las empresas y personas que alimentaron esta crisis deben rendir cuentas”, declaró el fiscal general Rob Bonta. “Con el anuncio de hoy, el Departamento de Justicia de California continúa brindando resultados para nuestras comunidades”.
Bajo los términos del acuerdo, California recibirá hasta 440 millones de dólares en los próximos 15 años, fondos que se destinarán al tratamiento, prevención y recuperación de adicciones en comunidades afectadas. La mayor parte del dinero será distribuido durante los primeros tres años.
Los Sackler pagarán mil 500 millones de dólares y Purdue aportará 900 millones de dólares en el primer tramo, seguidos de pagos adicionales de 500 millones en el primer y segundo año, y 400 millones en el tercero.
“Al responsabilizar a Purdue Pharma y a la familia Sackler… estamos proporcionando fondos muy necesarios para quienes han sido afectados por esta crisis”, agregó Bonta.
Un paso hacia la rendición de cuentas
Durante años, Purdue Pharma, bajo el liderazgo de los Sackler, promovió agresivamente la venta de opioides como el OxyContin, minimizando sus riesgos y alimentando una dependencia generalizada que devastó comunidades en todo el país. La compañía ahora estará bajo el control de un nuevo consejo de administración supervisado por representantes estatales y otros acreedores, y no podrá ejercer presión política ni comercializar opioides en el futuro.
Finalizado el período de firma estatal, el acuerdo será presentado para su aprobación por gobiernos locales en todo el país. La adhesión de estas entidades dependerá de la resolución de procedimientos judiciales en curso relacionados con la quiebra de Purdue.
Una audiencia sobre el tema ha sido programada para los próximos días.
Con este acuerdo, California suma un total de 4.6 mil millones de dólares en compromisos financieros obtenidos mediante acuerdos con empresas e individuos vinculados a la crisis de opioides. Este avance se da en coordinación con una amplia coalición nacional de fiscales generales, incluyendo representantes de territorios como Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes.
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