Por MANUEL ORTIZ ESCÁMEZ / Ethnic Media Services
REDWOOD CITY, CA – Isabel Pérez y su esposo perdieron los dos trabajos que cada uno tenía en restaurantes de San Francisco debido a la pandemia por Covid-19. Deben tres meses de alquiler y, si la moratoria de desalojos que termina el 30 de agosto en el condado de San Mateo no se extiende, se quedarán en la calle junto con su hijo de diez años.
Alrededor de 6 mil 900 personas en el acaudalado asentamiento de la Península de San Francisco están en peligro de perder sus casas a finales de este mes. El 21 de agosto, aproximadamente 100 personas, entre inquilinos y activistas, se manifestaron en el patio del Centro del Condado de San Mateo, situado en Redwood City, para pedir a los supervisores del condado de San Mateo una prórroga de la moratoria de los desalojos.
Nazanin Salehi, abogada del Programa de Vivienda de Servicios Legales Comunitarios en East Palo Alto, dijo que la gente de color se enfrenta desproporcionadamente al desalojo en el Condado de San Mateo. Más de 4.100 hogares con niños padecen el desalojo, dijo, añadiendo que los niños también perderán sus escuelas una vez desalojados ya que las escuelas del condado de San Mateo se dedican principalmente a la enseñanza a distancia durante la pandemia.
El alquiler promedio de un apartamento de una habitación en el condado es de 2 mil 700 dólares. «La gente se enfrenta a una deuda de entre 10 y 20.000 dólares en concepto de alquiler», señaló.
Salehi y los activistas locales por la justicia en la vivienda están abogando por un modelo en el que el Condado de San Mateo pague hasta el 75 por ciento de la deuda del inquilino directamente al propietario, para evitar el desalojo. El 4 de agosto, en su última reunión oficial, los supervisores del condado de San Mateo negaron una extensión de la actual moratoria de desalojos que comenzó el 25 de marzo y termina el 30 de agosto de este año.
«Nuestros supervisores han decidido que es más importante que los propietarios continúen ganando dinero y desalojen a los trabajadores de sus casas que las familias permanezcan en hogares seguros», dijo Jason Tarricone, director del programa de vivienda de los Servicios Legales Comunitarios de East Palo Alto, uno de los organizadores de la protesta.
En todo el estado de California, aproximadamente 4 millones de personas pudieran estar en peligro de perder sus hogares el 2 de septiembre, cuando se levante una moratoria estatal, emitida por el Concejo Judicial de California el 6 de abril. El Concejo Judicial declaró a principios de este mes que no extenderá la moratoria, y espera que la Legislatura del estado tome medidas.
Pero el plazo de acción es corto: la Legislatura levanta la sesión el 31 de agosto.
La ley AB 1436, que se ha abierto camino en la Asamblea estatal, ofrecería un subsidio de desalojo a los inquilinos del estado. Según las disposiciones del proyecto de ley, los propietarios pueden usar varios métodos para extraer el alquiler adeudado a sus inquilinos, pero no pueden desalojarlos.
El AB 1436 alienta a los propietarios e inquilinos a elaborar un sistema para los alquileres atrasados, sin cargos por pagos atrasados. También ordena la eliminar las consecuencias negativas, como la notificación de desalojo que aparece en el informe de crédito del inquilino.
Nisha Vyas, abogada principal del Western Center on Law and Poverty, dijo que es crucial que la Legislatura del estado apruebe el proyecto de ley antes de que la sesión termine el 31 de agosto. «La crisis de la vivienda en California estaba en curso mucho antes de la pandemia».
«Nos enfrentamos a un cambio social trascendental. Tenemos que frenar esto ahora», dijo.
Jennifer Kwart, directora de comunicación del asambleísta David Chiu, principal promotor de la ley AB 1436, dijo que el proyecto está atascado en el Comité de Reglas del Senado, un espacio en el que los partidarios de los inquilinos y los propietarios exponen sus puntos de vista para una mejor versión del proyecto.
“Los propietarios se oponen con vehemencia al proyecto de ley. A los inquilinos les gustaría que fuera más lejos,” dijo Kwart, expresando su optimismo de que una versión del proyecto sea aprobada antes de que la Legislatura levante la sesión.
Está bastante claro que hay que hacer algo. Le dijimos a la gente que se quedara en casa, y a los negocios que cerraran. Millones de personas perdieron sus trabajos y no pueden pagar el alquiler no por culpa suya”.
“La consecuencia de desalojar a tantas personas tendrá un profundo impacto”, dijo Kwart, citando un alarmante aumento en el número de personas sin hogar, el aumento de la propagación de COVID, y una disminución general de la economía de California.
“Esto podría ser catastrófico para nuestro estado”, añadió.
“Lo que estamos experimentando es grave, muy injusto y preocupante”, dijo Adriana Guzmán, una activista del condado de San Mateo, en una entrevista con EMS.
Según Guzmán, la negativa de los supervisores a extender la moratoria está causando que algunos propietarios presionen a los inquilinos. “Ayer recibí una llamada de una anciana desesperada porque su arrendador la hostiga tanto que le dijo que le pagara ahora o que se fuera, pero el propietario está actuando de forma inapropiada porque la moratoria sigue vigente”.
Guzmán cuenta que mientras estaba al teléfono con la mujer que había sido hostigada por su casero, ésta se sintiómal por el alto nivel de estrés que estaba sintiendo, y su esposo tuvo que llevarla al médico de emergencia.
“Muchas personas como esta familia están pasando por un estrés innecesario. Los más afectados por la próxima crisis de desalojo son los ancianos y los niños, ya que son los más vulnerables. Por eso pedimos a los supervisores considerar que el apoyar a las familias es lo mejor para todo el condado”.
“Los supervisores tienen el poder de detener estos desalojos y salvar los hogares de las personas”, dijo Gabriel Manrique, miembro de El Comité y Luna. “Deben extender la moratoria hasta el final del estado de emergencia, aprobar una política para hacer que la deuda de los inquilinos durante la pandemia de COVID -19 no sea causa de desalojo, y asignar más fondos a la ayuda para el alquiler de los inquilinos y el subsidio hipotecario para los pequeños propietarios”.
Con el reporte adicional de Sunita Sohrabji/EMS Editor Contribuyente
