En 2019 había 8 mil 715 miembros de las Fuerzas Armadas en tareas migratorias en las fronteras norte y sur de México. Para abril de este año la cifra llegó a más de 28 mil 500.
Es decir, que en este país la política migratoria se resume a un muro militar.
De acuerdo con el informe «Bajo la bota», México ha optado por una política migratoria que carece de enfoque de derechos humanos.
El uso sistemático de la Guardia Nacional -cada vez más militarizada- como aparato de control, contención y disuasión migratoria solo ha aumentado el número de detenciones arbitrarias, discriminación, violencia contra las mujeres, uso excesivo de la fuerza y omisiones que han llevado a la pérdida de vidas, la mayoría de las cuales han quedado en la impunidad.
Por si fuera poco, en este sexenio -así como ha sucedido en todos los anteriores desde Vicente Fox- no se ha podido construir una política migratoria propia, sino que hemos permitido que las determinen las exigencias de Estados Unidos.
De acuerdo con los expertos, la participación de elementos militares en funciones de vigilancia y revisión migratoria en aeropuertos y otras zonas de control migratorio representa una amenaza para los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes migrantes.
Sobre todo, porque les orilla a viajar por rutas clandestinas para evitar los puestos de control militar y como consecuencia se convierten en un blanco fácil para las organizaciones del crimen organizado.
En el reporte, elaborado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho se precisa que esta estrategia militarizada no funciona, pues lo único que consigue es devolver los procesos migratorios a las sombras y favorecer el tráfico de personas.
Y bien sabemos lo que esas terribles prácticas incluyen.
Lo acabamos de ver en el desolador caso de los más de 50 migrantes que murieron dentro del remolque de un camión en San Antonio, Texas.
Pero ese no fue ni cerca del único caso.
Unos meses antes el macabro hallazgo, la patrulla fronteriza había detenido a otro tráiler que transportaba 145 personas en las peores condiciones, hacinados en la caja de un tráiler, sin agua y sin ventilación.
Ese camión, circuló por la misma carretera estatal que fue encontrado el otro, la misma carretera que atraviesa Texas de sur a norte y pasó por todos los controles de seguridad previos.
Lo peor es que algunos de los riesgos a los que se enfrentan las personas migrantes comienzan mucho antes de llegar ahí.
Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Amparo en Revisión 275/2019, resolvió que las revisiones migratorias en lugares distintos a las zonas de ingreso y salida del país son inconstitucionales, sin embargo, un reporte de Pie de Página detalla que esto no solo no se cumple si no que cientos de detenciones arbitrarias se efectúan sin presencia de personal del Instituto Nacional de Migración ‒INM‒, a pesar de que la Ley de Migración señala que la Guardia Nacional únicamente puede actuar en auxilio de la autoridad migratoria, no en sustitución de ésta.
Por si fuera poco, la mayoría de esas detenciones se basan casi siempre en las características físicas de las personas, convirtiendo a las personas indígenas y afrodescendientes en las principales víctimas de estas violaciones de derechos humanos.
Y es que ceder el control de labores que incluyen la inspección de personas y sus equipajes a elementos que no cuentan siquiera con capacitación policial y tampoco nociones básicas sobre violencia de género es, por donde se le vea, una muy mala idea.
Migrar no es un delito, sino un derecho y a partir de esa premisa es que se debería decidir cómo se construye la política migratoria en un país y cómo se trata a las personas que ingresan a nuestro territorio… y definitivamente no es con la bota de un militar en el pie.
Carolina Hernández Solis. Durante más de 20 años he trabajado como periodista en México.
Inicié como reportera de deportes, en Grupo Reforma.
Después, cubrí las noticias locales, políticas y de comunidad en Sinaloa y en Tamaulipas, entidades con gran actividad del narcotráfico.
Ví morir a compañeras y compañeros solo por ejercer su profesión.
Después trabajé como Editora en Jefe en Reporte Indigo y como Gerente Editorial en Código Magenta, en Nuevo León.
Hace apenas dos años dejé la estructura laboral tradicional para emprender como periodista independiente, así, produje la videocolumna Yo qué voy a saber con la que busqué siempre abrir el diálogo sobre temas de los que generalmente no nos gusta hablar y aterrizarlos sin tanto rollo.
Actualmente tengo un podcast que se llama Sin Esdrújulas y participo con una videocolumna en Latinus y otra en Ruido en la Red.
Soy docente en la Universidad del Golfo de California en donde imparto clases de periodismo.
Participo activamente en redes sociales porque estoy convencida hay poner los temas importantes sobre la mesa, sin filtros, accesibles para todes, sin sutilezas, y desde una perspectiva simple que logre mover las conciencias.
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