Tegucigalpa.- Honduras es una de las naciones más azotadas por la pobreza, violencia y cambio climático en Centro y Sudamérica; sin embargo, el país perteneciente al llamado «Triángulo Norte», tendrá la oportunidad de cambiar su futuro en términos democráticos y marcar tendencia en la región el próximo 28 de noviembre, cuando los hondureños acudan a depositar su más valioso derecho en las elecciones: el voto.
El groso de la población en Honduras espera que las elecciones de noviembre signifiquen un cambio genuino de gobierno y que, con ello, lleguen las oportunidades necesarias para que nadie más tenga que irse en busca de mejor fortuna, arriesgándose en uno de los corredores migratorios de mayor peligro en el continente.
Sin embargo, para los hondureños es complicado creer en las instituciones y en que su decisión será respetada, luego de que Juan Orlando Hernández Alvarado, el actual presidente, fuera reelecto en las elecciones de 2017, las cuales han sido calificadas de fraudulentas debido a registros de que el sistema reportó poco más de 600 caídas, dándole la victoria nuevamente.
Ante ello, cientos de pintas sobre muros de prácticamente todo Tegucigalpa repiten como un eco interminable «Fuera JOH», consigna que exige la salida de Hernández Alvarado, no solo porque es acusado por fiscales de Nueva York, EE. UU., por envíos de droga y malversación de fondos de la asistencia estadounidense, sino por haber sumergido al país en una vorágine de pobreza, desigualdad y falta de oportunidades.
De acuerdo con el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica ‒Celag‒, existe un promedio diario de entre 10 y 11 asesinatos en un país de aproximadamente 10 millones de habitantes, lo que da cuenta de la violencia que se vive en uno de los principales emisores de emigrantes a EE.UU., hecho que no se aleja de la política.
Así, la consejera Rixi Moncada, del Consejo Nacional Electoral ‒CNE‒, institución creada en 2019 y que estará a cargo por primera vez de estas elecciones, aseguró que la violencia política actual es resultado del golpe de estado que se agravó en 2013 y que continuó con dicho curso en las elecciones de 2017, donde al menos 22 jóvenes fueron asesinados con balas oficiales.
«Si hay violencia constatada desde las instituciones estatales, ese germen de violencia está claro que se magnifica a nivel del barrio, de la colonia, de la aldea o caserío. La violencia solo genera violencia, y no requiere investigaciones adicionales, es así a lo largo de la historia», puntualizó.
Por lo anterior, destacó que serán justo las elecciones de noviembre «las más importantes de la década» que viene en Honduras.
Precisó además que, para llegar a unas elecciones de cambio verdadero, el Consejo administra, organiza y garantiza poder llegar al día de los comicios con el material electoral en cada una las juntas receptoras de votos, pese a que las condiciones en el país son «bastante complejas».
Al ser cuestionada sobre si estas serán unas elecciones limpias, la consejera subrayó que «formalmente sí», ya que «el pleno de consejeros ha trabajado con cientos de obstáculos estos dos años y un mes, para tener un proceso electoral diferente al de 2013 y 2017».
Por su parte, el codirector de la organización sin fines de lucro Global Exchange, Marco Castillo, señaló que la sociedad hondureña ha vivido bajo asedio de la violencia estatal y del crimen organizado, así como en creciente pobreza, desde que se dio el golpe de estado en 2009, lo cual dio como resultado «gobiernos probadamente corruptos y con posibles vínculos con el crimen organizado que se resisten a permitir elecciones libres».
Ante ello, la sociedad en Honduras exige una elecciones libres y transparentes en noviembre próximo, que de ser respetadas, pueden representar una oportunidad para cambiar la vida de una sociedad en crisis desde la raíz.
Los escombros tras el golpe de estado en Honduras
Rixi Moncada dijo que «garantizar que en 18 mil juntas receptoras de votos se vaya a administrar de forma pulcra y plena la voluntad popular, lo veremos el día de la elección», pues, explicó, este país está «derrumbado después del golpe de estado».
«Es un Estado que tiene autoridades formales, que tiene instituciones constitucionales, que tiene edificios y funcionarios nombrados, pero es un Estado sin justicia y es un Estado donde los derechos garantizados formalmente, en la práctica son una verdadera tragedia», subrayó.
El principal desafío, a poco más de un mes de que se lleven a cabo las elecciones generales, es que en las más de 18 mil juntas receptoras de votos haya, por lo menos, una maleta electoral, las papeletas de los tres niveles electivos, una junta receptora de votos integrada de la forma como establece la nueva ley electoral hondureña, y que, luego, «los miembros de dichas jutas asuman su responsabilidad histórica frente a sus comunidades, no solo frente un organismo central».
De acuerdo con el director del Centro de Estudios para la Democracia en Honduras ‒Cespad‒, Gustavo Irías, de diciembre de 2020 a la fecha ha habido 20 candidatos a diversos cargos asesinados, cifra que duplica los números registrados en las elecciones de 2017, lo que da cuenta de la violencia que se vive de cara a que poco más de cinco millones de personas emitan su sufragio.
Esta violencia política, dijo, si bien es cierto que tiene una larga trayectoria en el país, se ha profundizado desde el golpe de estado, el cual no dejó más que miseria y miedo constante de violaciones de derechos humanos, así como un país en la indefensión y sin estado de derecho.
Por lo tanto, estas elecciones, dijo Irías en entrevista, «son la gran oportunidad histórica de la sociedad hondureña de poder hacer efectivo un cambio de régimen autoritario, de poder recuperar los retrocesos democráticos, el estado de derecho, restaurar los derechos humanos y de que pueda tener una oportunidad de abrir el camino a empujar una serie de reformas significativas, que son más que necesarias para hacer frente a la múltiple crisis que vive el país».
Apenas el miércoles 14 de octubre, en aras de fortalecer la oposición al régimen del Partido Nacional, que para estas elecciones designó a Nasry Juan Asfura Zablah, mejor conocido como «Tito Asfura» o «Papi a la Orden», los candidatos a la presidencia del Partido Salvador de Honduras ‒PSH‒, Salvador Nasralla, y del Partido Libertad y Refundación ‒Libre‒, Xiomara Castro, resolvieron formar una alianza a poco más de un mes de que se lleven a cabo las elecciones generales.
Así, Nasralla abandonó su carrera en busca de la presidencia, y se ha adherido a la campaña de Castro, para «sacar a esta dictadura», «recuperar la paz, la justicia y la igualdad».
En las elecciones de noviembre, a las que están convocadas más de 5.1 millones de ciudadanos de Honduras, se elegirán además tres designados ‒vicepresidentes‒, 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano.
Cabe destacar que tras el paso de los huracanes Eta e Iota en noviembre de 2020, el país registró daños que comprometen el desarrollo social y el crecimiento económico, pues dejaron al menos a 3.5 millones de afectados y medio millón de desplazados internos; además de un impacto de alrededor del 40 por ciento del PIB, por lo que estas elecciones podrían constituir un reinicio en todos los sentidos para Honduras.
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