Las próximas elecciones en Guatemala están marcadas por muchas torceduras entre las que destacan la exclusión de la contienda por la presidencia del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, la fuerza organizada más grande de la historia contemporánea del país.
Su candidata Thelma Cabrera, alcanzó el cuarto lugar en los pasados comicios y para eliminarla electoralmente y garantizar la continuidad del pacto de corruptos, el Tribunal Supremo Electoral, sin importarle lo establecido en la Constitución, aprobó la candidatura de Zury Ríos Sosa, hija del general Efraín Ríos Montt condenado en 2013 a 80 años de cárcel por genocidio y delitos de lesa humanidad.
Ella es la favorita de oligarcas, empresarios, militares, políticos tránsfugas, pastores fundamentalistas y narcotraficantes afines a la Fundación contra el Terrorismo ‒FUNDATERROR‒, que controla el Ministerio Público y reclama para sí el crédito de haber expulsado a la Comisión contra la Impunidad y la Corrupción en Guatemala en 2019.
Gracias a FUNDATERROR y a la narcopolítica han sido encarcelados o salido al exilio varias decenas de jueces, periodistas, comunicadores, activistas y defensores de derechos humanos. Pretenden reelegir al 78 por ciento de los actuales diputados al Congreso e imponer a la hija del general genocida o en su defecto a Edmund Mulet, sindicado de traficar niños huérfanos durante el conflicto armado.
Se dice además que el presidente Alejandro Giammattei pactó con Ríos, Mulet y Sandra Torres garantías para evitar que le suceda lo que a su similar hondureño Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos apenas a dos semanas de entregar la presidencia.
Así las cosas, la única esperanza es que la izquierda gane alcaldías y curules en el Congreso, y pueda continuar por vía legal la lucha en contra del sistema desgastado por largas décadas de abusos y atrocidades.
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