Eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento ha generado que fiscales de 18 estados de Estados Unidos y la ciudad de San Francisco demanden a la recién entrante Administración de Donald Trump.
Luego de que la mañana de este martes, fiscales de 18 estados de Estados Unidos y la ciudad de San Francisco informaran que han demandado a la recién entrante Administración de Donald Trump por querer eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, 4 estados más se han sumado, siendo ya 22 los gobiernos que buscan poner un alto a la orden ejecutiva.
A los 22 estados se suman la ciudad de San Francisco, el Distrito de Columbia y varias organizaciones de derechos civiles y legales en New Hampshire y Massachusetts.
Estas demandas pretenden impugnar la orden ejecutiva inconstitucional que afectaría a decenas de miles de bebés que nacen cada año en la unión americana.
La demanda, encabezada por California, Nueva Jersey y Massachusetts, argumentan que la orden ejecutiva sin precedentes del presidente Trump viola la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y la Sección 1401 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y se debe bloquear de inmediato su entrada en vigor mientras se lleva a cabo el litigio.
La orden ejecutiva firmada por Trump lleva por título “Protección del significado y el valor de la ciudadanía americana”, refiere que la Decimocuarta Enmienda nunca ha sido interpretada como una extensión universal de la ciudadanía a todas las personas nacidas en los Estados Unidos.
“La Decimocuarta Enmienda siempre ha excluido de la ciudadanía por derecho de nacimiento a las personas que nacieron en los Estados Unidos, pero no “están sujetas a su jurisdicción”, precisa.
Entre las categorías de personas nacidas en los Estados Unidos y no sujetas a su jurisdicción, detalla la orden ejecutiva, están: “cuando la madre de esa persona estaba presente ilegalmente en los Estados Unidos y el padre no era ciudadano de los Estados Unidos ni residente permanente legal en el momento del nacimiento de dicha persona”.
A su vez, dice: cuando la presencia de la madre de esa persona en los Estados Unidos en el momento del nacimiento de dicha persona era legal pero temporal (como, entre otros, visitar los Estados Unidos bajo los auspicios del Programa de Exención de Visas o visitar con una visa de estudiante, trabajo o turista) y el padre no era ciudadano de los Estados Unidos ni residente permanente legal en el momento del nacimiento de dicha persona.
Asimismo, precisa que “es política de los Estados Unidos que ningún departamento o agencia del gobierno de los Estados Unidos emitirá documentos que reconozcan la ciudadanía de los Estados Unidos, o aceptará documentos emitidos por gobiernos o autoridades estatales, locales u otros que pretendan reconocer la ciudadanía de los Estados Unidos, a personas: (1) cuando la madre de esa persona estaba presente ilegalmente en los Estados Unidos y el padre de la persona no era ciudadano de los Estados Unidos o residente permanente legal en el momento del nacimiento de dicha persona, o (2) cuando la presencia de la madre de esa persona en los Estados Unidos era legal pero temporal, y el padre de la persona no era ciudadano de los Estados Unidos o residente permanente legal en el momento del nacimiento de dicha persona”.
Esta orden ejecutiva explica, entrará en vigor 30 días después de haber sido firmada.
Bajo dichas características, la demanda de estos 22 estados, puntualiza que estos niños perderían sus derechos más básicos y se verían obligados a vivir bajo la amenaza de la deportación, perderían la elegibilidad para una amplia gama de programas de beneficios federales, así como su capacidad de obtener un número de Seguro Social y, a medida que envejezcan, de trabajar legalmente, igualmente perderían su derecho a votar, a formar parte de jurados y a presentarse como candidatos a determinados cargos.
En los documentos presentados este martes 21 de enero, un día después de firmado el decreto, los fiscales generales sostienen que la orden ejecutiva del presidente Trump es una flagrante violación de la Constitución y de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y causaría un daño irreparable a los estados y a sus residentes.
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