Las políticas sociales y económicas fallidas por parte del gobierno de Colombia, son algunas de las principales razones del paro y estallidos sociales en el país llevados a cabo en 2020 y 2021, así como del detrimento de las posibilidades y capacidades de la gente para tener una vida digna.
El defensor de derechos humanos en Colombia, Walter Agredo Muñoz, señaló en entrevista para Global Exchange y Península 360 Press que «tomó a la sociedad por sorpresa que la rabia acumulada frente a los temas sensibles como la desigualdad, la exclusión y la corrupción por parte de la derecha del país generaran paros por parte de la población».
Y es que durante 2020, sostuvo el activista, la desigualdad «costó muchas vidas», sobre todo entre los jóvenes de Santiago de Cali, en donde el estallido social llevó a que la gente fuera tomando conciencia, lo cual generó demostraciones de solidaridad entre los que protestaban por parte de la sociedad, apoyando la causa con acompañamiento humanitario.
Entrevistado por la reportera Alina Duarte, Agredo Muñoz mencionó que los jóvenes son los creadores de las primeras filas de protesta frente al estado pues representan a una juventud estigmatizada que busca continuamente pertenecer a un sistema económico y social que, constantemente, por razones de preparación y prejuicios, los rechaza.
Ello, continúa: «conlleva al cansancio de los jóvenes que decidieron organizarse y encontrarse en diferentes puntos de Cali, Puerto Resistencia y Siloé, y a quienes injustamente se les ligó al Ejército de Liberación Nacional como forma de estigmatizarlos, lo cual fue justificación por parte del gobierno para asesinarlos».
Ante las protestas, la respuesta del gobierno fue enviar al General Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, quien dijo pondría orden en menos de dos semanas. Sin embargo, la problemática tardó hasta tres meses en resolverse, no sin antes implementar políticas «terroristas» entre la población, como menciona el defensor de derechos humanos.
Uno de los sectores más afectados por las políticas de orden implementado por parte del gobierno a raíz de los paros de 2020 y 2021, además de las organizaciones, es el campo. Esto, debido a que el sector campesino ha vivido la mayor parte de las agresiones por parte de un estado terrorista disfrazado de democracia, afirmó.
Agredo Muñoz, quien además se considera parte del Pacto Histórico, menciona que teme que los resultados de los comicios a llevarse a cabo este 19 de junio no se vivan como una elección, sino como una imposición, ante lo cual, los distintos sectores que conforman el «Pacto», como lo son mujeres, afrocolombianos, indígenas y comunidad LGBTI, estarían dispuestos a emplear las vías y los canales legales para realizar protestas sociales pacíficas.
El proyecto de Pacto Histórico se ha querido ver deformado por la oposición
Agredo Muñoz habla sobre la distorsión que ha sufrido en Colombia el concepto de «Pacto Histórico» que encabeza el candidato Gustavo Petro y Francia Márquez, y afirma ha habido una distorsión ya que se expropiarán propiedades, cuando en realidad el pacto dice: va enfocado a que la gente de escasos recursos tenga garantizados los servicios básicos y ser atendidos con servicios de calidad.
«El vivir sabroso, como lo llaman en Colombia, se refiere a eso, a gozar de los derechos básicos de salud, educación y vivienda».
Esta nota se realizó con el apoyo de un grupo de periodistas que cubren las elecciones de primera vuelta en Colombia, patrocinadas por la organización Global Exchange, en colaboración con Península 360 Press.
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