Por Brandon Pho. San José Spotlight. Península 360 Press.
El ex concejal de San José, Omar Torres ha sido condenado a 18 años de prisión después de declararse “sin oposición” a los cargos de abuso infantil en abril, un giro final en la impactante saga que sacudió el Ayuntamiento y la escena política de Silicon Valley.
Torres escuchó, mientras su familia observaba, mientras la jueza de la Corte Superior Cynthia Sevely leía su sentencia, que estaba a unos pocos años del máximo posible de 24 años.
Esto ocurre apenas unas semanas después de la saga paralela para llenar el asiento del consejo del Distrito 3 de Torres -que quedó vacante después del sorprendente arresto y renuncia de Torres el año pasado- y sentó oficialmente al concejal Anthony Tordillos como el nuevo representante electo del centro.
La defensa de Torres solicitó a Sevely una generosa condena de cinco años, señalando que Torres era un delincuente sin antecedentes penales, había sufrido abuso sexual y había superado sus problemas de adicción al ganar un cargo electivo y servir a su comunidad en el centro de San José. Antes de la audiencia, Torres pagó $6,400 por una evaluación psicológica que argumentó que su conducta se debió a un trauma y no a la pedofilia, según un memorando de sentencia presentado ante el tribunal antes de la audiencia.
El fiscal adjunto Jason Malinsky, quien llevó el caso, afirmó que la evaluación carecía de credibilidad y de transcripciones, lo que pone en duda el arrepentimiento de Torres. Mencionó la investigación policial independiente sobre Torres por los mensajes de texto que envió solicitando relaciones sexuales con menores en 2022.
La decisión se tomó después de una mañana dramática en la que se escucharon declaraciones de la víctima de Torres, de su esposa, de su familia inmediata y de sus amigos, y finalmente del propio Torres.
“Me avergüenzo de mis actos y les pido perdón a mi primo y a su esposa. Traicioné su confianza y les destrocé el corazón”, dijo Torres entre lágrimas mientras su familia dejaba escapar un llanto ahogado. “Estoy listo para afrontar las consecuencias de mis horrendas acciones y para afrontar mi propio trauma”.
Torres tendrá que registrarse como delincuente sexual ante el estado. No aparecía en el sitio web de la Ley Megan de California hasta el viernes por la mañana. La policía de San José lo detuvo e interrogó por primera vez en octubre pasado, y confiscó sus dispositivos, en una investigación relacionada con mensajes de texto lascivos sobre menores entre él y un hombre en Chicago.
Torres mantenía una relación sexual con el hombre que posteriormente extorsionó al concejal por sus mensajes. Torres buscó ayuda policial. Pero su decisión resultó contraproducente cuando la policía revisó su teléfono y encontró casos en los que Torres presumía de relaciones sexuales con hombres menores de edad.
Torres mantuvo su inocencia tras la publicación de la investigación. Afirmó haber sido víctima de represalias políticas, y sus simpatizantes acudieron en su defensa. Sin embargo, ese apoyo se desmoronó cuando la policía publicó las transcripciones de los mensajes, que Torres inicialmente minimizó, calificándolos de “fantasía” y “juego de roles”.
Los titulares de prensa sobre sus mensajes de texto impulsaron posteriormente a un familiar a denunciar a la policía que Torres abusó de él en la década de 1990, cuando era menor de edad y Torres tenía 18 años. El abogado de Torres declaró previamente que su cliente intentó abordar el tema con la víctima y disculparse durante años. Pero no sucedió hasta una llamada telefónica entre ambos en noviembre, que la policía escuchó. Durante esa llamada, Torres admitió haber abusado del familiar. Torres compartió que él mismo fue víctima de abuso sexual infantil, según la transcripción de la llamada.
El escándalo desató una polémica política en la que Torres sostuvo su inocencia y logró conservar su escaño durante un tiempo, mientras evitaba aparecer en público y se negaba a abandonar el cargo. La saga alimentó semanas de malestar entre los empleados del Ayuntamiento y el escrutinio sobre la carta constitutiva de la ciudad, y desencadenó una iniciativa de destitución que culminó con el arresto de Torres.
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