El fiscal general de California, Rob Bonta, obtuvo una orden judicial permanente que bloquea la reasignación ilegal de cientos de millones de dólares en fondos federales de seguridad nacional administrados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).
La resolución impide que la administración del presidente Donald Trump castigue financieramente a estados como California por adoptar políticas públicas que no coinciden con su agenda, particularmente en materia migratoria.
“Una y otra vez, los tribunales han reprendido los intentos ilegales de la Administración Trump de castigar a los estados”, afirmó Bonta, al señalar que estos fondos son esenciales para la preparación y protección frente al terrorismo y otras amenazas.
Durante décadas, California ha utilizado las subvenciones del Programa de Seguridad Nacional para prevenir, responder y recuperarse de emergencias. La ley exige que estos recursos se asignen con base en riesgo y necesidad, no por afinidades políticas.
En septiembre, California y otros estados recibieron notificaciones de recortes injustificados en sus asignaciones. La demanda sostiene que los ajustes respondían a la negativa de los estados a usar a sus policías locales para hacer cumplir leyes federales de inmigración.
Ante ello, Bonta encabezó una coalición de estados que primero logró una orden temporal para frenar los recortes; posteriormente, ampliaron la demanda para impugnar un nuevo requisito de FEMA que exigía certificar datos poblacionales actuales, en lugar de cifras del censo.
El fallo definitivo ordena a FEMA reemitir las cartas de adjudicación con los montos originales y elimina esa condición considerada ilegal; así, la decisión garantiza el acceso a fondos clave para la gestión de emergencias, aunque puede ser apelada.
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