En un duro revés para la Administración Trump y una victoria para el estado de derecho, un juez federal bloqueó este domingo el intento del gobierno federal de desplegar 300 soldados de la Guardia Nacional de California en Portland, Oregón, calificando la medida como ilegal y contraria a una orden judicial previa que ya había prohibido la federalización de la Guardia Nacional de ese estado.
El tribunal concedió la solicitud del estado de una orden de restricción temporal, que impide cualquier federalización, reubicación o despliegue de tropas estatales a Oregón, marcando un precedente histórico en la defensa de la autonomía estatal frente al poder presidencial.
“El estado de derecho ha prevalecido, y la Guardia Nacional de California pronto regresará a casa. Este fallo es más que una victoria legal: es una victoria para la democracia estadounidense”, declaró el gobernador Gavin Newsom tras conocerse la decisión.
“Donald Trump intentó convertir a nuestros soldados en instrumentos de su voluntad política. Mientras nuestra lucha continúa, esta noche el estado de derecho dijo: ¡Ni hablar!”, agregó.
La decisión se produce al día siguiente de que una corte federal bloqueara el intento de Trump de federalizar la Guardia Nacional de Oregón.
Pese a esa resolución, la Casa Blanca ordenó el envío de tropas californianas bajo control federal hacia Portland, en un movimiento que el juez describió como una violación directa a su fallo previo.
En su resolución, la jueza —nombrada por el propio Trump— señaló que “Esta tradición histórica se resume en una simple proposición: esta es una nación de derecho constitucional, no de ley marcial. Los acusados han presentado argumentos que, de ser aceptados, desdibujarían la línea entre el poder civil y el militar, en detrimento de esta nación”.
El tribunal concluyó además que las declaraciones del expresidente respecto al despliegue de la Guardia Nacional federalizada “no fueron concebidas de buena fe” y “simplemente no guardaban relación con los hechos”.
El fiscal general de California, Rob Bonta, respaldó la decisión judicial y condenó el proceder de la Administración Trump.
“El flagrante desprecio de la Administración Trump por los tribunales quedó en evidencia cuando intentó eludir la orden del juez Immergut que bloqueaba la federalización de la Guardia Nacional de Oregón mediante el redespliegue de tropas de Los Ángeles a Portland”, señaló.
A ello, sumó que la decisión del presidente de desplegar la Guardia Nacional de un estado —a pesar de las objeciones de su gobernador— hacia otro estado, también en contra de su gobernador, “está completamente fuera de las normas o prácticas de cualquier presidente en la historia reciente. Esta lucha no ha terminado, pero la reprimenda del tribunal a las acciones ilegales del presidente es un paso en la dirección correcta.”
Más temprano, el gobernador Newsom anunció que California se uniría a la demanda presentada por el estado de Oregón en un tribunal federal, luego de que la Casa Blanca intentara desplegar ilegalmente a 300 efectivos californianos en dicho territorio.
La demanda conjunta busca una orden judicial permanente que impida futuros intentos del gobierno federal de asumir el control de fuerzas estatales sin el consentimiento de los gobernadores.
El fallo representa una importante victoria legal para California y para los estados que han defendido su autonomía frente a las acciones federales del expresidente.
Las tropas, originalmente federalizadas durante los disturbios en Los Ángeles meses atrás, ya no tenían causa de despliegue, según determinó el tribunal.
Para el gobierno estatal, la resolución constituye un límite claro al uso del poder presidencial sobre las fuerzas estatales y una reafirmación del principio de equilibrio constitucional.
“Esto no se trata de seguridad pública, sino de poder”, insistió Newsom. “Nuestra obligación es proteger la Constitución y asegurar que ninguna autoridad —ni siquiera el presidente de Estados Unidos— esté por encima de la ley”.
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