A tan solo 24 días de que se lleven a cabo las elecciones en Guatemala, organizaciones sin fines de lucro por los derechos humanos y la libertad de prensa, han denunciado la intensificación de ataques hacia medios de comunicación que critican al actual gobierno de Guatemala, lo cual, han subrayado, socava la democracia.
«Hacemos un llamado a las autoridades a respetar y proteger la libertad de expresión y de prensa como condición para garantizar la democracia y la legitimidad del proceso electoral», subrayaron en un comunicado una decena de organizaciones a los cuales preocupa y alerta la situación en el país centroamericano.
Y es que, en Guatemala se ha acrecentado un sistema de intimidación, silenciamiento y restricciones al libre ejercicio del periodismo, apuntaron.
De acuerdo con la reciente encuesta de Prensa Libre, en un contexto en el que solamente 16 por ciento de la población confía en el Tribunal Supremo Electoral como institución garante de un proceso electoral democrático, tales restricciones a la prensa pueden afectar aún más la credibilidad del resultado del escrutinio.
Esto no es nuevo, pues las amenazas que enfrenta la prensa son históricas, sobre todo la comunitaria en territorios donde empresas nacionales e internacionales se asocian con el crimen organizado y las autoridades locales para silenciar las investigaciones periodísticas, subrayaron las organizaciones.
Ante ello, un equipo de observadores se desplazó a diversas zonas del territorio nacional y sostuvo diálogos con periodistas y comunicadoras para conocer las circunstancias en las que desarrollan sus actividades y los desafíos que enfrentan, así como con directivos de medios de comunicación, representantes de organizaciones de sociedad civil y con autoridades del Estado para conocer sus iniciativas y esfuerzos para garantizar la libertad de prensa.
«La conclusión a la que llegamos es extremadamente preocupante no sólo para el derecho de personas periodistas y comunicadoras de informar, sino principalmente para el derecho de la ciudadanía a estar informada para tomar decisiones de manera libre y consciente», puntualizaron.
La misión dio cuenta de cómo existe un escenario en el que la prensa es vista como una amenaza a la alianza entre actores estatales y privados, creada para controlar instituciones, y sostener la corrupción y la impunidad en el país, haciendo del acoso y la criminalización una nueva forma de censura que, comenzó durante el gobierno de Jimmy Morales, se recrudeció con Alejandro Giammattei, y que podría consolidarse en estas elecciones.
Este martes, la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, pidió 40 años de cárcel para el presidente y fundador del medio El Periódico, el periodista José Rubén Zamora, acusado por lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje. El periodista se encuentra en prisión preventiva desde que fue detenido el 29 de julio de 2022.
El Periódico tuvo que cerrar a mediados de mayo tras denunciar persecuciones políticas por parte del presidente Alejandro Giammattei.
Eso, puntualizaron las organizaciones firmantes, «es un ejemplo de cómo este sistema represivo elige objetivos estratégicos para enviar un mensaje intimidatorio a la prensa en general. Atreverse a denunciar la corrupción y la impunidad incrustadas en el Estado guatemalteco bastó para desencadenar la persecución. Lamentablemente, el caso de El Periódico no es aislado».
Sumado a ello, la misión dijo haber constatado otros casos preocupantes para el periodismo en sus diferentes expresiones, por ejemplo, la criminalización de Carlos Choc y Robinson Ortega, el encarcelamiento arbitrario de Anastasia Mejía, la detención ilegal de Norma Sancir y la agresión sufrida por Sonny Figueroa.
El miedo llegó a las plumas, y diversos periodistas han tenido que dejar de firmar sus trabajos por miedo a represalias y a convertirse en «objetivos» de citaciones para que revelen sus fuentes.
En ese sentido, apuntaron que alrededor de 20 periodistas dejaron el país tras ser amenazados o acusados judicialmente por coberturas incómodas al poder, mientras que otras son vigiladas o han recibido amenazas de muerte, incluso de candidatos.
«El uso arbitrario de la pauta oficial y la presión gubernamental sobre los anunciantes refuerza los intentos de silenciamiento. La autocensura también es resultado de la actuación de net centers y otros dedicados al acoso e intimidación digital constante, como los que realiza la Fundación Contra el Terrorismo. El machismo, el racismo, la homofobia y el clasismo, entre otros ejes de opresión, son factores agravantes de la violencia que sufren las personas periodistas en razón de su labor».
Si bien es cierto que Guatemala cuenta con una fiscalía especializada en delitos contra periodistas, la mayoría de los casos de intimidación y agresión a la prensa no se investigan o quedan impunes, por lo que las acciones son insuficientes. A ello suman que la Procuraduría de los Derechos Humanos tampoco cumple activamente con su mandato en este contexto.
Además, se suma la restricción a fuentes estatales, lo que incrementa la falta de transparencia.
«Ante este grave escenario, concluimos que sin una prensa libre e independiente no puede haber elecciones libres y justas, y sin elecciones libres y justas no puede haber una democracia verdadera, por lo que el Estado de Guatemala debe tomar medidas urgentes para garantizar el derecho a informar y a ser informado», enfatizaron.
Finalmente, las organizaciones hicieron un llamado a las autoridades a respetar y proteger la libertad de expresión y de prensa como condición para garantizar la democracia y la legitimidad del proceso electoral, estableciendo condiciones seguras y propicias para el ejercicio de la labor periodística en todo el país.
Las organizaciones firmantes son: ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Comité por la Protección de Periodistas ‒CPJ‒, Free Press Unlimited, Freedom House, Fundación para la LIbertad de Prensa ‒FLIP‒, Fundamedios, IFEX- ALC, Protection International Mesoamérica, Reporteros Sin Fronteras ‒RSF‒, y Voces del Sur.
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