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Residentes de East Palo Alto tendrán la tarea de decidir este próximo 5 de noviembre si dan luz verde o no a una iniciativa ciudadana para modificar la ordenanza al impuesto a las parcelas (Medida JJ), la cual limitaría el uso del dinero generado por un gravamen existente del 2.5 por ciento sobre ciertas unidades de alquiler y evitar que el dinero se utilice para fines gubernamentales generales.
De obtener un sí mayoritario, la medida exigiría que los fondos generados por el impuesto del 2.5 por ciento sobre los ingresos brutos provenientes del alquiler de ciertos tipos de unidades residenciales se utilicen únicamente para asistencia de alquiler para inquilinos, gastos administrativos y otros fines específicos de vivienda.
Esta medida de iniciativa que aparece en la boleta electoral fue elaborada por los ciudadanos mediante revisión y recolección de firmas.
Y es que, el código actual impone un impuesto del 2.5 por ciento sobre los ingresos brutos de las unidades residenciales de alquiler, con ciertas excepciones, entre ellas, los propietarios que demuestren dificultades económicas, los apartamentos alquilados a personas con vales de asistencia federal, las habitaciones alquiladas en viviendas unifamiliares, las nuevas construcciones de alquiler durante los primeros tres años y las unidades de vivienda auxiliares.
Si bien la enmienda no cambia la tasa impositiva, asegura que el dinero no se utilizará para fines gubernamentales generales.
Al menos 30 por ciento de los fondos deben utilizarse para la asistencia de alquiler para inquilinos, mientras que no más del 20 por ciento de los fondos puede utilizarse para gastos de personal y generales para administrar el impuesto.
Los ingresos restantes pueden utilizarse, a discreción de la ciudad, para apoyar la propiedad de viviendas asequibles, preservar la vivienda asequible, proporcionar asistencia de alquiler para inquilinos o proteger a los residentes del desplazamiento o la falta de vivienda.
A su vez, se ha agregado una nueva subsección, 5.08.125.H., para garantizar que el consejo revise periódicamente la política de vivienda, los programas de vivienda y las cuestiones relacionadas para determinar cómo y en qué medida la ciudad debe financiar dichos programas.
La pregunta que expresa que viene en la boleta electoral es:
Para financiar la asistencia para el alquiler de inquilinos y otros fines de vivienda específicos, como la propiedad de vivienda asequible, la preservación de vivienda asequible, la protección de los residentes contra el desplazamiento o la falta de vivienda y los gastos administrativos, ¿debería adoptarse la medida de iniciativa que exige fondos recaudados mediante el impuesto existente del 2,5 % sobre los ingresos brutos (que no se puede trasladar a los inquilinos) al alquilar ciertos tipos de unidades de alquiler, hasta que sea derogado por los votantes, que recauda aproximadamente $1,45 millones al año?
Votar “Sí” significaría que los fondos del Ayuntamiento generados por el impuesto sólo podrían utilizarse para los siguientes fines: ayuda al alquiler de los inquilinos, otros fines de vivienda que especifique el Ayuntamiento y gastos de administración del impuesto, sujetos a las limitaciones de gasto de la medida.
Mientras que votar “No” significaría que los fondos generados por el impuesto pueden ser utilizados por el Ayuntamiento para cualquier fin que se considere necesario y apropiado en beneficio de los residentes de la ciudad.
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